País ingobernable

País ingobernable

Son varios los que han impedido o dilatado injustificadamente la ejecución de obras e inversiones.

08 de septiembre 2018 , 11:46 p.m.

¿Por qué Epsa canceló la construcción de la línea de transmisión Calima-Buenaventura, que garantizaba que el puerto nunca más sufriría apagones? Porque numerosas comunidades, conociendo los trazados, invadieron los terrenos y exigieron tales demandas económicas que hicieron inviable el proyecto.

¿Por qué, transcurridos tres años desde la suscripción del contrato para construir la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, no se ha iniciado la obra? Porque la comunidad de Piendamó, extemporáneamente, pidió que se hiciera consulta previa para permitir la construcción de la carretera, que en nada modifica los trazados de la ya existente.

Igual situación se presenta en la vía Mulaló-Loboguerrero y en centenares de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, como lo era Porce 4, del cual ya desistió EPM. Es tal el abuso que para ampliar la capacidad de un acueducto o hacerle mantenimiento a una carretera, grupos ajenos a las comunidades están exigiendo adelantar consultas.

Para resolver esta problemática, la próxima semana presentaremos a consideración del Congreso un proyecto de ley estatutaria. Es este un tema de enorme importancia para garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas y hacer compatibles sus legítimas demandas con los proyectos de desarrollo en lo relativo a la minería, energía e infraestructura.

En esta materia, como en muchas otras, tengo claro que la regla de oro es la prevalencia del interés general sobre el particular.

La consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la OIT e incorporada a nuestra legislación mediante la Ley 21 de 1991, ha tenido múltiples desarrollos normativos y jurisprudenciales, que han conducido a que su exigencia se haya convertido en la regla general y no excepcional, como ocurre en muchos países que también la reconocen y aplican.

Baste decir que en Colombia, con una población indígena que no supera el 3,5 por ciento del total de habitantes, hemos ejecutado más de 4.500 procesos, mientras que en Chile, Perú y Bolivia, con poblaciones indígenas mucho mayores, han realizado 36,28 y 40, respectivamente. Incluso, se trata de naciones con recursos, tradición y actividad minera más importantes que los nuestros. ¿Qué puede explicar esta situación? En mi concepto, una interpretación excesivamente garantista de la Constitución y, hay que decirlo, el abuso de quienes intervienen en estas.

El proyecto regula integralmente la materia, comenzando por definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos y cómo pueden hacer uso de ella. Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación, pero también fija los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos para adelantarlas; evita las dilaciones y establece costos razonables, se garantizan las compensaciones legítimas a las comunidades y se pone fin a los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro.

De no llegarse a un acuerdo con las comunidades en el término establecido, las autoridades están obligadas a tomar una decisión final, aplicando el llamado test de proporcionalidad. De esta manera se eliminan el chantaje y la presión sobre los promotores y autoridades, pues el no acuerdo no será más sinónimo de no realización de los proyectos.

Son varios los cuellos de botella que han impedido o dilatado injustificadamente la ejecución de más de mil obras e inversiones estratégicas que reclama el país. La consulta previa es uno de estos, como lo es también la consulta popular. Otra figura que urge reglamentar. Por lo pronto, la consulta previa requiere, quién lo creyera, consulta previa. Mi llamado a la ministra del Interior para ocuparse de ella. Nos urgen reglas claras, seguridad jurídica y condiciones propicias que hagan atractiva la inversión y no la ahuyenten.

GERMÁN VARGAS LLERAS

Columnistas

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