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Los peajes

Los peajes

Un pequeño grupo de transportadores no pueden paralizar a Colombia.

10 de abril 2021 , 11:16 p. m.

A mediados de la década del 90 se dio inicio al modelo de concesiones viales en Colombia, replicando los proyectos desarrollados en Inglaterra en el siglo XVIII llamados fideicomisos de peaje, que nacieron como una alternativa para generar nuevos recursos y tercerizar en privados la ejecución de obras viales. El modelo de concesión ha alcanzado su punto más alto con las carreteras de cuarta generación 4G, el programa más grande de alianzas público-privadas o APP en la actualidad en América Latina, que recoge las mejores prácticas a nivel mundial en diseño contractual.

Este programa dio vida a la normativa de asociaciones público-privadas o Ley 1508 de 2012, que nació como una iniciativa para corregir las lecciones aprendidas del pasado y tomar las fórmulas exitosas de otros países. Con el apoyo de la banca multilateral, tomamos como referencia los marcos normativos del Reino Unido, Chile y Perú, entre otros, y evaluamos los avances y errores de las concesiones que venían siendo ejecutadas hasta el momento.

Encontramos, por ejemplo, problemas de diseño, sobrecostos y aplazamiento de las obras. Según un informe de la Ocde, las concesiones de 1, 2 y 3G fueron renegociadas más de 400 veces (casi 20 por contrato), con inversiones adicionales superiores a más del 280 % de su valor inicial, debido a que las licitaciones se hicieron sin estudios y diseños previos. Por eso se acabó el Inco, nació la ANI y se reestructuró completamente el Invías, entre otras entidades del sector.

Las concesiones de 4G lograron evolucionar y avanzar en el proceso de aprendizaje y madurez institucional que hoy muestra Colombia y crearon una visión de Estado y de transformación de largo plazo, pues los plazos constructivos superaban de entrada cualquier periodo de gobierno.

Conscientes de ello, iniciamos los proyectos que por tanto tiempo el país había anhelado y que hoy ha venido inaugurando el actual gobierno como se habían diseñado desde un principio.

Una vez adjudicadas las de 4G, el único responsable de que se ejecuten debidamente es el concesionario con sus propios recursos adquiridos con la banca nacional e internacional que se le reintegran luego vía vigencias futuras (para las actuales, a partir del año 2028) y mediante los peajes que autoriza instalar el Gobierno para atender temporalmente parte de sus inversiones. Lastimosamente, en esta etapa preelectoral algunos sectores políticos y un grupo de transportadores con visión de corto plazo vienen promoviendo un rechazo al sistema de cobro de peajes en nuestro país.

En Colombia hay 16 millones de vehículos, 9 millones son motocicletas y aproximadamente 280.000 son de carga (tractomulas, camiones y volquetas entre ellos). Una pequeña minoría de esos 280.000 son los que quieren acabar con los peajes y, por consiguiente, llevar al fracaso el buen desarrollo actual del mapa vial, el cual es imposible que siga mejorando si estos no existieran. Según Fedesarrollo, en el gobierno Santos se invirtió casi el 3 % del producto interno bruto en construcción y mejoramiento de vías en todo el país. Por eso, hoy somos un modelo en el continente y esa política hay que continuarla.

Un pequeño grupo de transportadores no pueden paralizar a Colombia. Algo que sí podría hacer el actual gobierno es implementar el cobro de valorización y plusvalía a todos aquellos predios que están alcanzando importantes incrementos gracias, precisamente, al mejoramiento del mapa vial nacional. Los mecanismos se dejaron establecidos.

Otra cosa que deben hacer es poner en operación las concesiones de quinta generación para que el gobierno que se inicia en 2022 pueda ejecutarlas e inaugurarlas.

GERMÁN CARDONA G.

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