Una fiscalía de todos

Una fiscalía de todos

La partida de Néstor Humberto Martínez está lejos de constituirse en una crisis telúrica del Estado.

20 de mayo 2019 , 12:31 a.m.

Néstor Humberto Martínez no es el primero ni será el último Fiscal General de la Nación que no termina su periodo constitucional. Lamentamos mucho su partida, pero está lejos de constituirse en una crisis telúrica del Estado. El fiscal dimitente queda bien servido. Hizo una gestión eficaz en materia de investigación criminal, aunque evidentemente no exenta de controversias. Las convulsiones en torno al asunto Santrich le abrieron la puerta a una dejación bien justificada y decorosa de su cargo.

En todo este episodio no se puede desconocer que la ofensiva de la derecha contra la justicia transicional avanzó en ahondar la deliberada confusión creada por la propia Fiscalía y por el trastabillar generalizado en el tema de las objeciones. Pero, a pesar de las gruesas amenazas, la JEP no se dejó intimidar. Actuó en derecho en un adverso contexto de ocultamiento deliberado de evidencia; reafirmó su autonomía y preservó su fuero intacto. Los acuerdos de paz sufrieron algunos arañazos; sin embargo, el asunto Santrich está muy lejos de poseer la capacidad de desestabilizar lo alcanzado.

No se puede desconocer que, en medio de este revoltijo, hay oportunidades de hacer daño o de construir país. El presidente Duque ha mandado señales positivas de que tiene la intención sincera de liderar consensos que blinden la extradición y la lucha contra el narcotráfico. Eso está bien, pero, como señalaron varios editoriales, implica cesar el acoso ideológico e institucional a la JEP y que se logre la consolidación definitiva de los acuerdos de paz. No más intentos kamikaze para destruirlos.

El primer problema que tiene Duque para lograr un acuerdo es comprometer a Uribe y sus copartidarios. El uribismo está aprovechando el caos de los últimos días para ahondar en la tesis de que la crisis de la justicia es gravísima y estructural. Sin duda es así, pero eso no se resuelve con una asamblea constituyente, que se iniciaría bajo la sospecha de que lo único que desean las huestes del Centro Democrático es revivir el famoso articulito de antaño. Si vamos a creerle a la nueva actitud de Duque, él tiene que disipar, a la mayor brevedad y mucho más enfáticamente, dicho espectro que ronda todas las discusiones.

El poder relativo de la Fiscalía es inmenso. Es la personificación institucional de la autoridad soberana del Estado para investigar y sancionar las conductas criminales. Los ciudadanos le entregamos a la Fiscalía –ni más ni menos– el poder punitivo supremo de determinar al culpable y redimir al inocente. En las manos de la Fiscalía y su equipo humano reside el bálsamo de la justicia para las víctimas y el alivio para el falsamente incriminado. Dada la omnipotencia y creciente omnipresencia de dicha institución, porque en Colombia todas las controversias están volviéndose penales, es estratégico y decisivo garantizar su neutralidad política y procesal.

Diferentes y poderosas constelaciones de intereses políticos y privados están buscando un cupito en la terna. Desde algunos políticos que sueñan con un fiscal de bolsillo presto a desaparecer o enterrar procesalmente a sus opositores electorales e ideológicos hasta Alí Babá y sus cuarenta ladrones, que necesitan de la fiscalía para borrar sus atrocidades y refugiarse en la impunidad. Aquí se juega Duque su lugar en la historia. El primer mandatario debe proponer una fiscalía por encima de toda sospecha, una que les dé plena confianza a unas mayorías ciudadanas cada vez más escépticas. El país necesita un fiscal general que no tenga dueños. Sin eso, no es posible un acuerdo nacional.

'Dictum'. En medio de la feria de las vanidades y los fuegos fatuos de la semana pasada, se destaca la actitud serena, institucional y rigurosa del procurador Fernando Carrillo. Gracias a esa postura se evitaron circunstancias aún más aciagas.

GABRIEL SILVA LUJÁN

Sal de la rutina

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