Estamos conmocionados

Estamos conmocionados

Estado de conmoción propuesto se declararía para defender los derechos de los colectivos indígenas.

03 de noviembre 2019 , 11:11 p.m.

Quienes nacimos con el Frente Nacional nos criamos bajo la vigencia (prácticamente perpetua) del estado de sitio. Esta figura, supuestamente de uso excepcional, le permitía al Ejecutivo gobernar por decreto y de manera prácticamente autoritaria, como consecuencia de que el control político era débil y el constitucional no pasaba de ser un trámite. Los gobiernos que le siguieron a la coalición bipartidista trataron de apelar a su uso de manera excepcional, como corresponde a su concepción original, pero, a pesar de esfuerzos para abstenerse de su uso, los desafíos de orden público fueron de tal severidad que se hizo inevitable el recurrir a esta figura.

La excesiva concentración de poder en manos del Gobierno, que otorgaba el estado de sitio, feneció con el régimen de los poderes de excepción que está plasmado en la Constitución de 1991. Este régimen está severamente regulado y sometido a un control político, de legalidad y de constitucionalidad bastante estricto.

La Constituyente se encargó de rodear su uso de una serie de talanqueras que han llevado a que dichos instrumentos excepcionales solo puedan ser usados en momentos de extrema necesidad y de protuberante amenaza a la estabilidad del país o a la seguridad externa e interna. Pero más significativo aún, se pueden decretar también en circunstancias que impliquen un peligro inminente de la violación de los derechos fundamentales de la totalidad o parte de la población. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el Cauca.

Por la brillante factura institucional, que hizo la Asamblea Constituyente, hoy nuestra carta contiene suficientes garantías para que la aplicación de estados de excepcionalidad no desborde el objetivo preciso que genera su determinación. Es por eso que el Gobierno debe considerar invocar esas facultades para enfrentar la crisis que vive hoy el Cauca. A diferencia de las razones que ha utilizado la derecha en el pasado para considerar esa opción, como por ejemplo coartar la protesta social o más recientemente para tratar de darle un golpe de estado al Poder Judicial, el propuesto estado de conmoción se declararía para defender los derechos humanos y constitucionales de los colectivos indígenas.

Es decir, sería una declaratoria de emergencia no para reprimir la población, como en el pasado, sino para protegerla de una amenaza –representada por el narcotráfico internacional– de magnitudes superlativas. Es posible pensar en una serie de medidas de protección a la vida de los líderes y de los pobladores de los territorios indígenas, que introduzcan acciones de carácter social, de infraestructura y de defensa militar y policial. Esta aproximación, perfeccionada concertadamente con las autoridades de las comunidades, no viola para nada la autonomía de las etnias consagrada en la Constitución. Cada medida debe ser acordada con los líderes, por cuanto no se puede desconocer la historia de opresión, saqueo de tierras y persecución a la que han sometido a los indígenas de la región desde los tiempos de la Colonia.

La verdadera amenaza a las autoridades, los líderes y las comunidades es la invasión de su territorio por parte de las organizaciones delictivas. El gran enemigo de la autonomía de las tribus, familias y colectivos indígenas no es la ley ni el orden. Es ese nuevo invasor que quiere volver a todos sus miembros súbditos del crimen organizado. Y como los conquistadores en su momento y los terratenientes después, sus instrumentos para alcanzar el sometimiento son el terror y la muerte. Hoy, con una política como la que se propone, se tendría por primera vez una alianza entre los indígenas y el Estado.

Dictum. Los perdedores en las elecciones fueron los que se regodean cuestionando la vitalidad de la democracia colombiana y sembrando dudas catastróficas sobre su transparencia.

GABRIEL SILVA LUJÁN

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