Enredados

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El acceso digital igualitario le abre a la gente la oportunidad de una información más abierta.

18 de diciembre 2017 , 12:37 a.m.

Durante el gobierno de Virgilio Barco se desató una discusión sobre si un decreto de Estado de sitio, enviado por el primer mandatario vía fax, era válido dado el carácter no material de su firma. En su momento, las cortes se comportaron de manera muy moderna y decidieron sostener la tesis gubernamental de que lo expedido era válido y ejecutable. Hoy, el fax es una reliquia de museo, pero ese dilema de entonces parece ahora una niñería ante la omnipresencia que ha adquirido internet, con los consecuentes desafíos para la democracia, los gobiernos, los reguladores, las cortes, la ley y las tensiones en torno al balance entre diferentes –y a veces opuestos– derechos fundamentales.

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) tomó la semana pasada una de las decisiones más peligrosas para el flujo libre de las ideas y de la información, como lo señalara este diario. La inmensa mayoría de los expertos, entre ellos Guillermo Santos, coinciden en que si llegase a implementarse dicha monstruosidad degeneraría en que la web tendría ciberciudadanos de primera y otros –la mayoría y los más pobres– de segunda.

El acceso digital igualitario ha tenido un profundo efecto al abrirle a la gente la oportunidad de una información más abierta y permitir nuevas oportunidades de emprendimiento, en el que el ingenio y la motivación valen más que el capital. El ministro de las TIC, David Luna, y el presidente Santos salieron inmediatamente a rechazar la decisión.

La otra gran incertidumbre sobre el futuro abierto de la red es una legislación y una doctrina que van muy rezagadas de las realidades que, de manera imparable, crea todos los días el desarrollo de ese medio. En Colombia, las respuestas doctrinales de los jueces, y sobre todo de la Corte Constitucional, son, en su mayoría, avances progresistas y en la dirección correcta.

Para ilustrar el punto, solo vale la pena citar la sentencia T-015-2015, una de muchas, que sobre la difusión de mensajes en internet dice: “El derecho al buen nombre debe ser objeto de protección constitucional cuando se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona con lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen...”.

La asimetría de poder que generan las redes sociales, un medio instantáneo y global enfrentado a una persona generalmente indefensa, afortunadamente ha generado una tendencia jurisprudencial que inclina, cada vez más, la balanza a favor de la protección de los derechos individuales. Los agresores usualmente arguyen en su favor la libertad de expresión, pero es evidente que termina no siendo más que una excusa.

Ante el desdén de los panfletarios digitales –hacia los derechos al buen nombre, la privacidad y la honra de los individuos–, es muy saludable darles a los agredidos las herramientas judiciales para defenderse de los transgresores. Este camino se vuelve fundamental luego de que Trump decidió entregarles a los más ricos la soberanía sobre internet.

La impunidad del anonimato que provee internet es el principal riesgo para su confiabilidad. La excusa de que es la cueva de Alí Baba y sus cuarenta ladrones –algo bastante cierto– se ha usado para que los Estados transgredan la independencia de internet. Es indispensable que legalmente se prohíban el anonimato y la impostura para que no se compren adherentes falsos, para que no se produzcan injurias sin responsable, para que todos tengamos que responder por nuestros actos y nuestras palabras, como ocurre en el mundo real.

Dictum. Es la primera vez que se cumple el propósito de un año nuevo lleno de paz y prosperidad en cinco décadas. Gracias a Dios.

GABRIEL SILVA LUJÁN

Columnistas

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