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Asesinato político II

Asesinato político II

Existe una banalidad y puerilidad técnica de las acusaciones de la Fiscalía a Sergio Fajardo.

Voy a referirme aquí a un escrito publicado en este espacio hace cerca de un año, no para argüir poderes de clarividencia sino para reiterar que los hechos de persecución política y de intervención electoral de la Fiscalía conocidos recientemente, en contra de Sergio Fajardo, hacen parte de una peligrosa conspiración que viene fraguándose meses atrás.

“En Colombia se viene observando con ascendente frecuencia la utilización de los organismos de control y las investigaciones penales con propósitos políticos, con fines bien distintos a la misión que les asigna taxativamente, a dichas instituciones, la Constitución…

Ahora, que se inaugura el periodo electoral, se percibe claramente que ha empezado, de nuevo, la temporada de caza. No sorprende que protagonistas primordiales de la vida pública, como Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, sean trofeos codiciados. Con unas ‘ías’ totalmente en manos de personas íntimamente afines al Gobierno, que además tienen ambiciones convergentes entre ellos, no puede uno sorprenderse de que las investigaciones que se abren y su presentación pública tengan a la luz de la ciudadanía un indeleble tinte político. El asesinato jurídico, a diferencia de la eliminación física, tiene la particularidad de que se puede camuflar de legitimidad y de un honorable empeño por hacer justicia y de un ánimo impoluto de lucha contra la corrupción”.

Múltiples columnistas, juristas y analistas económicos han confirmado la banalidad y puerilidad técnica de las acusaciones que el Fiscal General le ha endosado a Sergio Fajardo. La inmensa mayoría coinciden en que los señalamientos son un exabrupto injustificado. Como lo temíamos hace un año, esta imputación es la más reciente confirmación de que efectivamente la Fiscalía General tiene motivaciones políticas y de favorecimiento electoral en muchas de sus decisiones contra dirigentes políticos.

La irracionalidad y lo insustancial de la acusación de la Fiscalía indican que el objetivo es el asesinato jurídico de todo el que tenga probabilidades reales de ganar las próximas elecciones y no sea afecto al partido de gobierno. En medio de esa campaña no se dan cuenta de que a punta de esas arbitrariedades están confirmándoles a los colombianos el sesgo político, la ligereza y la maleabilidad jurídica que permea el trabajo de la principal institución de la justicia penal.

Ahora les tocará a la ciudadanía y a los defensores de la democracia enfrentar directamente con la protesta social, en las cortes y en las instancias internacionales esas aberraciones, dado que el control político de las acciones de la Fiscalía y la Procuraduría es inexistente. La intimidación a los miembros del Congreso es proverbial, ya que el poder de enlodamiento, imputación y destitución que tienen los entes de control impide que el Legislativo ejerza ese papel por físico miedo.

Además, ante el desespero de los colombianos de enfrentar el crimen y la corrupción, a la Fiscalía y las entidades de control se les han llenado los bolsillos presupuestales. No obstante los miles y miles de millones que han recibido, la inseguridad ciudadana y la efectividad de la justicia están en su peor momento. De hecho, ese presupuesto ha servido para que estas entidades controlen el resto del Poder Judicial y el Congreso apalancándose en su inmensa burocracia.

Estados Unidos entendió muy tarde el efecto corruptor que tiene un ente investigador sin control, cuando se descubrió el alcance de la tiranía y las arbitrariedades políticas de J. Edgar Hoover, director por décadas del FBI. Ojalá no nos demoremos tanto como ellos en entender el peligro que para la democracia representa un fiscal decidiendo quién puede y no puede ser presidente de Colombia.

Dictum. Vienen los pasaportes covid. Hay que participar en el debate para que no se convierta en discriminación.

GABRIEL SILVA LUJÁN

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