¿Sistema penitenciario en crisis? La respuesta es 3828

¿Sistema penitenciario en crisis? La respuesta es 3828

Que se les exija a las entidades el cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron.

12 de octubre 2019 , 11:14 p.m.

No hay duda de que nuestro modelo penitenciario está en crisis, y no precisamente por la cinematográfica fuga de Aida Merlano. La indignación que ha generado esta nueva historia macondiana ya cobró la cabeza de varios funcionarios e incluso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de liquidar el Inpec.

Por supuesto que hay que combatir sin tregua la corrupción del sistema carcelario. Sin embargo, los retos son más grandes y mucho más complejos. De esto dan cuenta las denuncias de la Defensoría del Pueblo y los diferentes pronunciamientos que ha proferido la Corte Constitucional desde 1998. Para entender la dimensión del problema es necesario traducirlo en algunas cifras.

En Colombia existen 137 centros penitenciarios del orden nacional. Su capacidad es para unos 78.000 internos; sin embargo, se tienen alrededor de 120.000 presos, es decir que hay un hacinamiento del 54 por ciento, cifra muy superior a cualquier estándar internacional. Para cuidar a dicha población, el Inpec cuenta con aproximadamente 13.000 funcionarios, de los cuales sólo unos 11.000 cumplen funciones de vigilancia en 3 turnos. Ante la incapacidad de controlar lo que sucede dentro de los penales, la desproporción entre reclusos y guardias genera las condiciones necesarias para que se disparen los niveles de corrupción y de criminalidad. Baste recordar que en las cárceles se mueve un negocio de drogas equivalente a lo que se consume en departamentos enteros como Bolívar; o que en cada redada se encuentran armas, celulares e incluso cuerpos descuartizados. No sobra mencionar que una de cada dos extorsiones del país se genera desde los centros de reclusión.

A lo anterior se suman otras dificultades, como, por ejemplo, la falta de infraestructura sanitaria digna. Decenas de reclusos mueren al año por falta de atención médica. Por otro lado, las cifras de dependencia a las drogas superan 10 veces el promedio nacional; y la tasa de reincidencia, aun con subregistros, es del 20 por ciento. Adicionalmente, casi una tercera parte de la población carcelaria es sindicada, es decir que no ha sido condenada aún por la justicia, lo cual le cuesta al Estado, en demandas acumuladas por detenciones ilegales, unos 20 billones de pesos, es decir, más de 3 reformas tributarias. Y estos son solo algunos de los innumerables retos que deben ser atendidos.

Ahora bien, en 2015 se aprobó el Conpes 3828, en el cual el Gobierno se comprometió a invertir 1.7 billones de pesos para atender la crisis carcelaria y adecuar el modelo penitenciario conforme a una política criminal coherente y eficaz. En este documento se dispuso la construcción de más de 11.000 nuevos cupos, la ampliación de la red sanitaria, el ahorro de 65.000 millones de pesos mediante la implementación de salas de audiencias virtuales, evitando así los costosos desplazamientos de internos a los juzgados; el mejoramiento de las tecnologías para bloquear las señales de celular, una estrategia para reducir sustancialmente la criminalidad y la extorsión que se produce desde las cárceles, la integración de un modelo de capacitación profesional para disminuir la reincidencia, la promoción de un modelo de APP para construir más cárceles de la mano con la inversión privada, entre muchas otras propuestas consignadas en más de 115 compromisos en los que participaron diferentes entidades del Gobierno.

Tenemos una política pública que está vigente hoy en día. Valdría la pena que al mismo tiempo que se estudia la posibilidad de darle un revolcón institucional al modelo penitenciario, se desempolve el Conpes 3828 y se les exija a las diferentes entidades el cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron. También resultaría útil indagar qué pasó con los proyectos de cárceles por APP de Urumita y Barrancabermeja, que ya contaban con los estudios financieros y que podrían aportarle al sistema 5.000 nuevos cupos penitenciarios de calidad. La respuesta a la actual crisis debe ser integral, y a mi juicio, contamos con un instrumento de política muy poderoso que hace una radiografía completa de los retos y que propone soluciones estructurales a los problemas carcelarios.

Mientras tanto. Esta semana, el exministro Alfonso Gómez Méndez hizo el lanzamiento de su libro Presidencialismo y sistema presidencial en Colombia. Lectura obligada para todo estudiante de derecho, ciencia política y, en general, para los que quieran entender la evolución constitucional del presidencialismo en Colombia.

GABRIEL CIFUENTES
Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes
En Twitter: @gabocifuentes

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