Sin verdad no hay paz

Sin verdad no hay paz

Negar lo evidente resulta políticamente torpe, jurídicamente riesgoso y es acto de revictimización.

13 de septiembre 2020 , 01:46 a. m.

Se equivocan los que piensan que los únicos con la capacidad de hacer trizas la paz en Colombia son los funcionarios de este gobierno. En un derroche de soberbia incomprensible, pero también de profunda cobardía, el jefe de las antiguas Farc volvió a atizar el debate público al negar el reclutamiento y abuso sexual de menores por parte de esa guerrilla. Anonadados quedaron incluso los más fervientes defensores de la negociación al oír las lamentables declaraciones de Timochenko y Pastor Alape.

Los procesos de justicia transicional conllevan un doloroso proceso de sanación social. Con el objetivo de alcanzar la cesación de las graves violaciones de derechos humanos, las partes asumen compromisos para la reconstrucción del tejido social. En nuestro caso, el Estado renunció al ejercicio del poder punitivo ordinario, mientras que la guerrilla depuso las armas y se sometió a un proceso de reincorporación. Pero ello, bajo la única condición de aportar a la verdad y a la reparación de las víctimas, así como también someterse a un juicio de responsabilidad y al compromiso de no incurrir en la repetición de ningún tipo de delito.

La paz, entonces, no puede ser sino el resultado de la reivindicación, respeto y garantía de los derechos de las víctimas, en particular, el de la verdad, que funge no solo como proceso expiatorio para quienes ocasionaron el daño, sino también como instrumento reparador para quien lo sufrió. Sin verdad no puede haber satisfacción al reclamo de las víctimas; y sin su satisfacción no se puede construir una paz estable y duradera.

Negar lo evidente no solo resulta políticamente torpe, fácticamente absurdo y jurídicamente riesgoso. Es también, quizás, el peor acto de revictimización y la más descarada burla a una sociedad entera que, con mayor o menor entusiasmo, ha terminado por depositar en el proceso su fe para cerrar el capítulo de la violencia en nuestro país.

Será la JEP quien se encargue de evaluar qué tanta verdad o qué tan poca han decidido aportar los máximos responsables de delitos tan atroces como el reclutamiento de menores y el abuso sexual entre sus filas. Pero desde esta tribuna ciudadana se pretende solo hacer mención de algunos de los múltiples informes y documentos que demostrarían la ocurrencia de dichos delitos en el desarrollo del conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo, ya desde marzo de 2014, había indicado que entre 2012 y 2013, en 153 municipios del país se tenían registros de reclutamiento forzado por parte de las Farc. El propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tan solo en 2012, reportó 58 casos atribuibles a dicha organización, señalando que se había presentado “reclutamiento y el uso generalizado y sistemático de niños”. Dicho reclutamiento ocurría, según el mismo informe, a través del uso de la fuerza, violencia, amenazas y el engaño. En ese mismo sentido, y muy a pesar del falso cuento de hadas que pretenden vender los líderes de la guerrilla de que los mismos jóvenes pedían engrosar sus filas, alegando que esa es “su” versión de la historia, la Corte Constitucional señaló que, tratándose de menores, incluso esa manifestación voluntaria está viciada. Es así que en sentencia C-240 de 2009 indicó cómo el consentimiento ni le resta gravedad al hecho ni tampoco permite negar la configuración del reclutamiento forzado. Finalmente, en un informe de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Menores (CIPRUNNA) del 2018 se comprobó, mediante el contraste de entrevistas y registros administrativos, que entre el 2010 y el 2012, el 72 % de los casos de reclutamiento, uso y abuso sexual de menores en el marco del conflicto le corresponde a las Farc.

Es incomprensible que ante la abultada evidencia y el riesgo de tener que purgar una pena de 20 años de cárcel para quienes no aporten a la verdad, tal y como lo dispone el artículo 5 del acto legislativo 01 del 2017, Timochencko, Pastor Alape y las demás cabezas de la antigua guerrilla sigan insistiendo en una versión de los hechos francamente insostenible. Los abusos cometidos durante la guerra no se pueden maquillar detrás de la subjetividad de las versiones que cada uno considere conveniente mantener. Colombia merece la verdad y las víctimas así lo exigen. No caben cálculos políticos; solo se impone el reconocimiento por parte de los actores de la guerra, de su responsabilidad por la sistemática y generalizada brutalidad de los actos cometidos durante las últimas décadas. Si esperan perdón, deben pedirlo por los hechos cometidos y no por lo que se imaginan o suponen gratuitamente que sucedió.

El futuro de Colombia se debe forjar sobre la verdad, por más dolorosa que sea. No solo es el precio que se está pagando por la paz, sino la condición irrenunciable que ellos mismos acordaron en el momento de la negociación. La paz sí, pero no así. La ciudadanía está vigilante, y bien harían en recordar que los que apoyamos el proceso no estamos del lado de los exintegrantes de la guerrilla, estamos y estaremos siempre del lado de las víctimas y de sus derechos. Sería torpe –por no decir suicida—que los ex-Farc quemen las naves de la verdad.

Ñapa: Escalofriantes las imágenes del abuso policial en el occidente de Bogotá. Inaceptable en un Estado de derecho. La Fuerza Pública está para garantizar la vida, no para segarla.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI
En Twitter: @gabocifuentes

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