¿Se necesitan policías de tránsito en Bogotá?

¿Se necesitan policías de tránsito en Bogotá?

Bien valdría que en el debate público se estudiara la posibilidad de eliminar la policía de tránsito

20 de agosto 2019 , 07:00 p.m.

Soy de los que piensa que achacar los problemas de la seguridad en Bogotá al insuficiente pie de fuerza es simplista. En diferentes oportunidades, esta misma columna ha sugerido que la ‘inseguridad ciudadana’ que padecemos los capitalinos se resuelve a través de una estrategia que involucre la implementación de un modelo inteligente de seguridad para la prevención, judicialización y sanción de la delincuencia. También he insistido en la necesidad de fortalecer el aparato judicial para reducir la reincidencia, que hoy por hoy probablemente representa el mayor reto del sistema.

Sin embargo, diferentes candidatos han puesto en evidencia que Bogotá carece del número óptimo de policías para hacer frente a los estragos de la delincuencia ciudadana. Y no se equivocan: la capital cuenta con 17.588 unidades, de las cuales 2.118 son bachilleres y más de 3.575 cumplen labores no operacionales, al menos en sentido estricto.

La situación se torna aún peor si se tiene en cuenta que el cálculo que han hecho los expertos en seguridad no es del todo acertado, me explico: los 15.085 policías profesionales que cuidan nuestras calles, estaciones de servicio y espacios públicos se dividen en 4 turnos, es decir que para los casi 8 millones de personas que viven en Bogotá, solo hay 3.771 unidades que cumplen labores de atención y patrullaje. Siendo así las cosas, hoy en día tan solo hay 47 policías efectivos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a los 350 que se necesitarían, como mínimo, para una ciudad de las características de nuestra capital.

¿Es necesario destinar recursos valiosos para una función que podría perfectamente cumplir (y que, de hecho, en parte ya lo hace) la Secretaría de Movilidad?

Aumentar el pie de fuerza toma tiempo y es muy costoso. De lo anterior resulta imperioso adelantar un análisis de efectividad de la fuerza disponible, y, por qué no, en una redistribución inteligente de nuestros policías. Tan solo para tomar un ejemplo, de las poco más de 17.000 unidades con las que cuenta Bogotá, 785 están destinadas a la protección de personalidades y edificios; 922, a funciones administrativas en las oficinas de la Policía Metropolitana, y más de 100, a labores secretariales y de asistencia.

El caso más preocupante, sin embargo, es el del número de policías adscritos a la dirección de tránsito y transporte. Más de 1.177 hombres y mujeres de la institución, es decir, aproximadamente un 8 % del total de las unidades profesionales, se dedican a poner multas de pico y placa, ‘aligerar’ el tráfico y levantar croquis en accidentes de tránsito. ¿Es necesario destinar recursos valiosos para una función que podría perfectamente cumplir (y que, de hecho, en parte ya lo hace) la Secretaría de Movilidad? ¿No sería mejor implementar sistemas de foto multas asociadas a las más de 5.000 cámaras ya existentes en la capital? ¿No sería preferible pensar que la función de nuestros policías es cuidar a los ciudadanos, en vez de multarlos? ¿No resolveríamos con esta medida posibles focos de corrupción?

Tal y como lo señalaba acertadamente José Manuel Acevedo en este mismo diario, la principal preocupación de los colombianos, y en particular de los bogotanos, es el tema de la seguridad. El próximo alcalde o alcaldesa deberá enfrentar este problema sabiendo que cuenta con suficientes recursos financieros, pero con muy pocos recursos humanos. Bien valdría que en el debate público se estudiara la posibilidad de eliminar la policía de tránsito y trasladar paulatinamente a los profesionales que allí laboran a otras funciones más prioritarias, como, por ejemplo, el patrullaje, la investigación criminal o la seguridad en las estaciones de TransMilenio y demás espacios públicos. La ‘recapacitación’ de estos policías es mucho más eficiente y menos costosa que la integración (que no deja de ser también necesaria) de más efectivos para incrementar el pie de fuerza.

No podemos negar que estamos viviendo una crisis de ‘inseguridad ciudadana’. El hurto está disparado; la percepción de inseguridad, en sus niveles más altos. Los ciudadanos exigimos de nuestras autoridades la satisfacción de nuestro derecho a vivir tranquilos en Bogotá. Los críticos de esta propuesta podrán rasgarse las vestiduras y decir que es una medida regresiva o que con ella no se resuelven los problemas sistémicos que afrontamos hoy en día. Y bien puede ser el caso, pero, por lo menos, ¡demos el debate! Los capitalinos lo pedimos a gritos.

*Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Master en Derecho, Universidad de los Andes.

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