Más paz, menos impuestos

Más paz, menos impuestos

La paz puede, por sí sola, representar un crecimiento de hasta el 1 % del PIB anual.

05 de julio 2019 , 07:00 p.m.

El señor ministro de Hacienda, en vez de proponer la venta de valiosos activos del Estado colombiano para mitigar el déficit fiscal, debería recomendarle al Presidente que ejecute con juicio los acuerdos de paz.

Con cierta simpleza, la narrativa del Gobierno y de su partido en el Congreso ha reducido los acuerdos de La Habana a la implementación de la JEP y, más recientemente, al problema de los cultivos ilícitos. Lo que no dicen, porque no les conviene, es que el complejo acuerdo trae consigo el compromiso del Estado de reactivar las economías rurales, olvidadas por décadas, así como generar las condiciones de institucionalidad necesarias para favorecer el desarrollo político, económico y social; en otras palabras, garantizar el Estado de derecho en la mitad del país por siglos desatendida.

En un documento de finales de 2015, el Departamento Nacional de Planeación publicó un estudio sobre los dividendos económicos de la paz. Tras estudiar más de 117 procesos de paz en el mundo, y en particular 36 países con características similares al caso colombiano, se llegó a una interesante conclusión: la paz es rentable, genera dividendos y promueve el crecimiento económico. A pesar de las diferencias de criterios, y con una visión menos optimista, estudios de la Anif, del Bank of America y del Deutsche Bank llegaron en 2016 a una misma conclusión: la paz puede, por sí sola, representar un crecimiento de hasta el 1 % del PIB anual, algo equivalente a dos veces la venta de Isagén, como para que nos hagamos una idea.

Tras estudiar más de 117 procesos de paz en el mundo (...) se llegó a una interesante conclusión: la paz es rentable, genera dividendos y promueve el crecimiento económico.

Volviendo al estudio del DNP (aún hoy colgado en su página web para quienes lo quieran consultar), en él se determinó que el dividendo de la paz se puede entender de diferentes maneras: primero, a través de un aumento de la confianza, tanto interna como externa, con el consecuente aumento de la tasa de inversión (en el 79 % de los ejemplos) y en el consumo interno (en el 40 % de los casos); un incremento en la tasa de ahorro en el 74 % de la muestra, así como de la oferta exportadora en el 69 % de los países analizados. Esto, sin mencionar el crecimiento sostenido del PIB en un promedio del 1,9 % anual durante los primeros diez años del posconflicto (por debajo de los cálculos del Pnud-Cerac que lo ponían en 4 % anual), además del impacto en temas de inflación y aumento en la construcción.

Llama también la atención que el documento estimaba el crecimiento del PIB per cápita en un 54 % durante los primeros 10 años, así como un incremento en la tasa de inversión de 5,5 % anual, y un aumento de hasta tres veces de la inversión extranjera directa en ese mismo lapso. Hoy en día, cuando tanto se habla del aumento del desempleo –después de años de haber tenido una tendencia a la baja–, bien valdría la pena considerar que según el estudio del DNP, el desempleo disminuiría hasta en un 9 % en los primeros 10 años del posconflicto. Particularmente beneficiada se vería también la Colombia agrícola, que con una implementación adecuada de los acuerdos podría incrementar su producción en un 22 %.

Esta columna podría seguir trayendo a colación estudios y cifras sobre los beneficios económicos de la paz. Sin embargo, ninguno de ellos podría materializarse si la ejecución de los acuerdos no se logra de manera responsable y despolitizada. Ofrecer las garantías de seguridad a los líderes sociales, así como garantizar el acceso a tierras y fomentar la sustitución de cultivos ilícitos (como para poner tan solo algunos ejemplos) deben dejar de ser iniciativas satanizadas por los objetores de la paz, y en cambio ser entendidas como motores para la resolución de los problemas que están en la base de nuestra historia de violencia. El Estado debe dejar de ser reactivo y entender que la implementación de las políticas de largo plazo tiene, sobre todo, un efecto preventivo. Las drogas no se acaban ni con prohibiciones ni con glifosato; se combaten generando las condiciones sociales y económicas de subsistencia básica para las comunidades que no han tenido otra alternativa. precisamente ese es el espíritu de los seis puntos acordados en La Habana y olvidados por los que vociferan en contra de la paz.

Si se quiere un país que genere confianza para la inversión, que invite a los grandes capitales para que desarrollen nuestro campo y nuestra industria, el Gobierno debe demostrar el compromiso no solo de atacar a unos cuantos mafiosos, sino también el de avanzar en serio en la hoja de ruta pactada por el Estado que pretende equilibrar la balanza social, política y económica para, por fin, generar las condiciones necesarias que garanticen la sostenibilidad de cualquier inversión.

Por la vía de la implementación de los acuerdos, señor Carrasquilla, usted podrá dormir tranquilo en la noche, sin el afán de tener que gravar la canasta familiar con IVA, o vender los preciosos activos del Estado colombiano. Por eso le sugiero: más paz, menos impuestos.

* Doctor en Derecho Penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes.

Sal de la rutina

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