La historia se repite

La historia se repite

Entender y tratar de resolver el drama social de las comunidades que habitan en las zonas olvidadas.

24 de enero 2021 , 12:12 a. m.

Neivis Arrieta fue una de las 63 víctimas de El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar que en 2000 se convirtió en el escenario de una de las más sangrientas acciones paramilitares. Acusada de ser novia de un guerrillero, fue desnucada y, posteriormente, empalada ante la mirada impotente de los habitantes del pueblo, previamente reunidos en la plaza principal para ser testigos del macabro espectáculo.

Durante días, más de 450 hombres del bloque Norte de las autodenominadas Auc, comandadas por el ‘Tigre’, el ‘Gallo’, ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’, sembraron el terror en un corregimiento pacífico que por esos días estaba buscando elevar su categoría a municipio. Con aproximadamente 5.000 habitantes, contaba con escuela, puesto de salud y de policía e incluso dos concejales en El Carmen de Bolívar. Después de la masacre del 16 de febrero, además de los cuerpos mutilados con motosierras, se calcula que hubo numerosas violaciones, 23 desapariciones forzadas y un total de 4.000 saladeños desplazados. Lo que fuera una comunidad llena de esperanza, a pesar de su pobreza y del abandono del Estado, se convirtió en un pueblo fantasma.

En días pasados, los líderes sociales de una comunidad que tardó años en regresar a su tierra recibieron amenazas de las ‘Águilas Negras’. La violencia que han desplegado las bandas criminales en la zona, advertida además por la Defensoría del Pueblo, ha dejado más de 25 familias desplazadas y 3 de las 79 masacres registradas en 2020. En la zona se encuentran rutas del narcotráfico que conectan los laboratorios del sur de Córdoba y del Magdalena Medio con los puertos clandestinos del golfo de Morrosquillo. Pero el problema del narcotráfico, a diferencia de la simple y escueta narrativa oficial, no es la causa sino el síntoma de un problema mucho más profundo. Uno que da cuenta de una historia que se repite sin cesar y que encarna la lucha por unas reivindicaciones sociales exacerbadas ante el abandono estatal.

Este gobierno ha optado por culpar al narcotráfico de todos los males porque es más fácil y le permite cómodamente mirar a través del espejo retrovisor. El problema, entonces, no es que miles de colombianos no tengan acceso a los servicios más básicos, o que hayan sido despojados de sus tierras a manos de terratenientes que se han apoyado en ejércitos privados y aprovechado por mucho tiempo la connivencia y debilidad del Estado para consolidar su poder territorial. El problema, por consiguiente, se reduce al rentable negocio de la droga y a los carteles que están detrás. Si se acaba con ellos, se acaba con la violencia. Este es el relato oficial que no cambia.

Lo que pasa en El Salado, sin embargo, no solo es el reflejo de lo que acontece en muchos municipios del país, sino también de lo mismo que ha ocurrido en otros capítulos de la historia de Colombia. ¿O es que acaso se puede negar que esas idénticas reclamaciones sociales no estuvieron en la base de la violencia a mediados del siglo XX, o incluso antecedieron la creación de las guerrillas en los años 60? Y, peor aún, ¿no es igual de simple y precaria la respuesta que hoy ofrece el Gobierno Nacional al problema de la violencia a la que le dieron, por ejemplo, Rojas Pinilla o Guillermo León Valencia?

Mientras Alberto Lleras Camargo trataba de recomponer la idea de la fallida reforma agraria de López Pumarejo, radicales aupados por connotados políticos incitaban a una respuesta con fuerza bruta que arrojaría miles de muertos y permitiría mantener los privilegios políticos y económicos de la clase dominante. Hoy, porque como diría Gabriel García Márquez, parece que somos un pueblo condenado a repetir nuestra propia historia, ciertos sectores políticos se niegan a entender las causas de las amenazas, desplazamientos y masacres. Son las mismas causas que han motivado el derramamiento de sangre durante décadas. Prefieren reducir banalmente el problema al “negocio de la droga”, que, sin lugar a duda, es la gasolina para la guerra, pero no su fuego ni su llama.

La solución del Estado se traduce y reduce a ponerles precio a los cabecillas de las bandas criminales. Pero eso es como tratar de acabar con un monstruo de siete cabezas. Antes del ‘Tigre’ o de ‘Juancho Dique’, en Colombia existían ‘Cianuro’, ‘Sangrenegra’, ‘Pedro Brincos’. Seguiremos siendo un país de ‘alias’ si fallamos en entender que habrá siempre un cabecilla dispuesto a remplazar al que acaba de caer. Habrá siempre un ‘bandolero’ mientras afloren las condiciones adecuadas. Así como no sirvieron las políticas de terror adelantadas por los ‘chulavitas’ y los ‘pájaros’, o los bombardeos de Marquetalia, tampoco servirá “dar de baja” a los cabecillas de las bandas criminales o fumigar sus cultivos. La verdadera solución pasa por entender y tratar seriamente de resolver el drama social de las comunidades que habitan en las zonas olvidadas. Son las víctimas de siempre, y lo han sido durante décadas. Son también víctimas del abandono y la desidia del Estado.

Para no repetir la historia, no basta con conocerla. Mantener narrativas oficiales simplistas, ya sea por ingenuidad o por un cómplice interés, nos condenará a seguir viviendo con nuestros propios errores y, lo peor, la reactivación de masacres y desplazamientos seguirá siendo algo natural en nuestro atribulado paisaje social.

Ñapa: Según el Dane, el 67 por ciento de las muertes por covid-19 se concentran en los estratos 1 y 2.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI
En Twitter: @gabocifuentes

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