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Invisibles

Invisibles

Urge un verdadero compromiso con la población que clama la igualdad en el ejercicio de sus derechos.

10 de abril 2021 , 11:38 p. m.

“Las heridas se pueden llevar en el cuerpo, pero el coraje está en el corazón”. Así terminó su intervención José Hofmann en una audiencia ante el Concejo de Bogotá. José, abogado y ciudadano en condición de discapacidad y corredactor de la ley antidiscriminación para esta población, fue objeto de un ataque de odio en febrero. Su caso refleja la intolerancia sin nombre que padecen a diario cientos de colombianos. Ciudadanos que han sido invisibilizados tanto por la sociedad como por el Estado.

Según el Dane, en nuestro país hay más de 3 millones de personas con discapacidad. Eso equivale al 7,1 por ciento de la población total. Sin embargo, otros estudios indican que ese número se acerca más al 9,8 por ciento, es decir, unos 4,5 millones de ciudadanos, siendo la cifra más alta de Latinoamérica. Una sexta parte nació con alguna clase de limitación, mientras que 1 de cada 2, aproximadamente, la adquirió a causa de una enfermedad o como resultado del conflicto armado. En ambos casos, la posibilidad de trabajar o vivir de forma independiente se ha visto severamente afectada.

Resulta preocupante que más de una tercera parte de los hogares en los estratos 1 y 2 tiene a su cargo por lo menos una persona con discapacidad. Pero más alarmante aún es que el 64 por ciento no tiene quien los cuide y solo el 45 por ciento recibe algún tipo de medicamento o tratamiento. Eso sin contar que en los lugares donde reside una persona con discapacidad el promedio de conectividad a internet es inferior al promedio nacional. Es precisamente esta población la que más acceso a los medios virtuales debería tener para romper las barreras del trabajo y la educación presencial. Justamente frente a las brechas educativas, menos del 1 por ciento de ellos acceden a un posgrado, mientras el analfabetismo llega al 25 por ciento.

A pesar de que Colombia integró al ordenamiento legal la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que en 2013 se expidió la ley estatutaria 1618 por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, son mínimos los avances en la materia. Parece que se hubieran quedado en papel la mayoría de compromisos del Estado de cara a la inclusión, accesibilidad, participación, salud, alfabetización diferencial, entre muchos otros asuntos que afectan la vida de esta población.

A menos de un año de que se venza el plazo para que se materialicen las obligaciones contenidas en la ley estatutaria 1618 de 2013, el Estado sigue manteniendo una enorme deuda. A través de algunas y escasas repuestas a los múltiples derechos de petición que desde acá se elevaron a diferentes entidades, se pudo constatar que es poca la coordinación entre las agencias gubernamentales –a pesar de la creación de una alta consejería para tales efectos– y que difícilmente se cumplirá no solo con las metas que el mismo Gobierno se fijó en el Plan Nacional de Desarrollo, sino con las exigidas en la precitada ley.

Solo por poner algunos ejemplos, a la fecha, el Ministerio de Transporte no tiene un reporte consolidado frente a los avances de los planes de accesibilidad en todos los modos, medios y sistemas de transporte, tal y como lo exige el artículo 14 de la ley 1618. Tampoco se cuenta con la proyección del cumplimiento integral de dicha norma a 2023. A lo anterior se suma otro tema preocupante. Los repositorios de información de la rama judicial, como en general los de todas las entidades del orden local y nacional, no tienen discriminadas las demandas para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, haciendo imposible diagnosticar qué obstáculos están enfrentando hoy en día.

Pero, quizás, lo que demuestra más claramente el ínfimo nivel de compromiso del Estado colombiano con esta población es el incumplimiento en la garantía de su derecho al trabajo digno. En efecto, mediante circular 100-05 de 2018 del Departamento de la Función Pública y del Ministerio del Trabajo, se previó una progresiva contratación de ciudadanos con habilidades diversas que permitiera que entre el 1 y el 2 por ciento de las plazas públicas les fueran asignadas. Hoy en día se calcula que el Estado, en todos sus niveles, ha contratado a 6.374 personas en esta condición de un total de 1,2 millones de cargos existentes. Dicho de otro modo, actualmente, menos del 50 por ciento de los puestos que deberían ser asignados a personas con discapacidad cumplen con este requisito.

Hay diversas formas de discriminación. La violencia de la cual fue objeto José Hofmann es un tipo. La omisión del Estado es otro. Una que quizás duele más porque convierte a las personas con discapacidad en ciudadanos olvidados e invisibles. El Estado de derecho debe ser para todos y con mayor razón para quienes más lo necesitan. Urge un verdadero compromiso con una población que clama algo tan básico como la igualdad en el ejercicio de sus derechos a través del cumplimiento efectivo de una política de diferenciación positiva. El Estado no les puede prometer y no cumplir lo prometido; hacerlo significa lesionar su dignidad.

Ñapa: Tomás y Jerónimo Uribe conocieron de primera mano la propuesta de reforma tributaria. Antes que los mismos congresistas y la ciudadanía en general. Bochornoso.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI
En Twitter: @gabocifuentes

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