Firmatón contra la democracia

Flaco favor hacen los populistas que manipulan para poner a los ciudadanos en contra de las cortes.

Gabriel Cifuentes Ghidinijunio 24 de 2019, 10:58 P.M.

En las últimas semanas se han venido acumulando una serie de propuestas orientadas a minar no solo la justicia colombiana sino el Estado de derecho en sí mismo. Tras la pírrica marcha contra las cortes después del fallo sobre dos artículos del Código de Policía que permitirían consumir alcohol y drogas en los parques, esta semana se comenzaron a recolectar firmas para acabar con la JEP y de paso descabezar a todos los magistrados de las altas cortes.

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Sin embargo, este no es un brote espontáneo de unos cuantos extremistas. Ya desde hace tiempo viene cogiendo fuerza la idea del Centro Democrático de eliminar las cortes y crear un único órgano judicial. Nadie pone en duda que Colombia hace años viene necesitando una reforma de la justicia; una reforma estructural concertada con la misma rama. Tampoco se puede desconocer que la rama ha sido protagonista de bochornosos escándalos de corrupción que merecen ser investigados y juzgados. Sin embargo, las ideas que vienen haciendo curso no están encaminadas a reformar las fallas de nuestra justicia: la quieren acabar por completo y transformarla en un apéndice sumiso y hecho a la medida de los intereses políticos de unos cuantos.

La propuesta atenta en sí misma contra el Estado de derecho y la democracia. Muy equivocados están los que equiparan la democracia con la suma nominal de votos (más aún en un país como Colombia, que tiene una de las tasas de abstinencia y corrupción electoral más altas de la región). La democracia es justamente el balance político, jurídico y social de los poderes públicos en aras de garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, tal y como lo establece la Constitución Política.

Pensar que a través del juego de las mayorías y del mal llamado ‘Estado de opinión’ se pueda poner en riesgo la independencia y autonomía de la rama Judicial es caer en la misma trampa en la que han caído Venezuela, Rusia, Filipinas y la larga lista de países que se encuentran bajo regímenes autoritarios. Acabar con las cortes es acabar con la justicia, y acabar con la justicia, acabar con la democracia.

Flaco favor le hacen al pueblo colombiano los populistas y demagogos que manipulan y desinforman para poner a los ciudadanos en contra de nuestras cortes. Olvidamos con facilidad que por obra de la justicia, en Colombia se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las minorías; en los derechos sociales, económicos y ambientales; en la garantía de los derechos a las pensiones, educación y salud; el reconocimiento de los derechos de las víctimas; e incluso fue la misma Corte Constitucional la que evitó que Colombia pudiera reelegir indefinidamente a un presidente (como pasa en Bolivia, Ecuador y Venezuela). Hoy, los colombianos gozan de derechos porque han sido las cortes, estemos o no de acuerdo con sus fallos, las que han sido instrumentales para su garantía. ¿Estaremos dispuestos a renunciar a la tutela, por ejemplo?

Olvidamos también con facilidad que fue la Corte Suprema la que de manera valiente condenó a decenas de ‘parapolíticos’, extraditó a miles de narcotraficantes y ha sentado importantes precedentes en materia civil, laboral y penal. Olvidamos también que gracias al Consejo de Estado, miles de colombianos han sido indemnizados por los daños cometidos por el Estado mismo. Olvidamos finalmente que la JEP nos dará por primera vez en nuestra historia republicana la posibilidad de conocer la verdad sobre más de medio siglo de guerra.

Y, tal vez por esas mismas razones, lo que está detrás de la lluvia de ataques contra la justicia no sea más que un proyecto político claro: encubrir grupos económicos y políticos muy poderosos que han estado en la sombra gozando de la impunidad. Esos mismos que se enriquecieron y obtuvieron poder a punta de la sangre y el dolor de millones de colombianos.

Esta cruzada no es para defender los derechos de los niños en los parques, ¡no seamos tan ingenuos!

GABRIEL CIFUENTES

Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes.