El ‘chicharrón’ Santrich y la convergencia de trenes

El ‘chicharrón’ Santrich y la convergencia de trenes

El destino de Santrich parece no ser una decisión exclusiva de la JEP.

05 de junio 2019 , 07:00 p.m.

Se avecina en Colombia una convergencia de trenes pocas veces antes vista. Por primera vez, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Especial de Paz deben decidir sobre un mismo asunto: el destino político y jurídico de Santrich, así como resolver las dudas que existen sobre la extradición de exguerrilleros.

Todo comenzó con el llamado a extradición de Santrich por un juez de Estados Unidos. Según la información que se conoce, que además ha sido entregada a los jueces a cuentagotas y a veces parece que se filtrara de manera conveniente y oportuna a los medios de comunicación, Santrich habría participado en una reunión en la que se negociaba el envío de un cargamento de droga hacia Estados Unidos. De probarse que dicho encuentro se llevó a cabo después del primero de diciembre de 2016, la JEP perdería automáticamente la competencia sobre el supuesto ilícito y sería labor de la justicia ordinaria investigar, juzgar y sancionar al exguerrillero.

Muchos dirán que las pruebas son contundentes y que, con base en el famoso video filtrado el mismo día que el exfiscal Martínez Neira anunció su retiro del ente investigador, no cabe la menor duda de que la reunión criminal se llevó a cabo después del primero de diciembre de 2016. No obstante lo anterior, el tema no es tan sencillo desde un punto de vista jurídico. Lo primero es que dicho video no se constituye como prueba legítima en el marco de ningún proceso penal en Colombia, dado que no fue obtenido por las autoridades judiciales nacionales ni con el amparo de un juez de garantías. El proceso que actualmente cursa en la Fiscalía, y por el cual se solicitó la recaptura de Santrich, tiene fundamento en las declaraciones del oscuro Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y quien está actualmente colaborando con las autoridades gringas en la investigación por narcotráfico.

Es inminente que el ‘chicharrón’ Santrich lo debemos digerir acá en Colombia ante la improbabilidad de su extradición.

Ahora bien, las cosas se complican aún más, y vuelvo al punto de partida en donde advierto una inminente convergencia de trenes entre las altas cortes de nuestro país porque, en las últimas semanas, todas ellas se han pronunciado armónicamente en el marco de su competencia sobre el mismo asunto. Veamos: la JEP determinó que las pruebas allegadas por la Fiscalía sobre la presunta comisión del delito por el que se solicita a Santrich no fueron suficientes para determinar su fecha y, por ende, ordenó su libertad; luego, el Consejo de Estado reconoció y ordenó entregarle la curul al exguerrillero; la Corte Suprema de Justicia, por su lado, y con base en la decisión del Consejo de Estado, le reconoció al exguerrillero el fuero de congresista, ordenando su inmediata liberación y declarando que la competencia para investigarlo no recae en la Fiscalía sino en la misma Corte Suprema; y, finalmente, la Corte Constitucional, en decisión casi unánime, le ordenó al presidente Duque sancionar la ley estatutaria de la JEP, sepultando definitivamente las objeciones, entre las cuales estaba justamente la concerniente a la extradición por el delito de narcotráfico.

Todo este galimatías nos deja como resultado la siguiente situación: como aforado, Santrich –tras el reconocimiento de la investidura como congresista definida por el Consejo de Estado– no podrá ser investigado por la fiscalía (ni, mucho menos, extraditado); será la Corte Suprema de Justicia la encargada del caso. La sala de Apelaciones de la JEP, por su parte, tendrá que resolver la apelación de la decisión de primera instancia en relación con su competencia frente a los hechos denunciados, con base en la ley estatutaria que la Corte Constitucional ordenó sancionar. Ahora bien, el Tribunal de la JEP podría aducir la existencia de un hecho sobreviniente (las declaraciones de Marín) y reenviar el caso a primera instancia para que se determine si, con la nueva evidencia, dichos delitos son o no competencia de la JEP; o, entre otras alternativas, confirmar la decisión de primera instancia.

Para sorpresa de las barras bravas que constantemente buscan torpedear el proceso de paz, el destino de Santrich parece no ser una decisión exclusiva de la JEP. La convergencia de las altas cortes demuestra que lo que prima hoy no es la politización de la justicia, sino el respeto por el Estado de derecho.

Es inminente que el ‘chicharrón’ Santrich lo debemos digerir acá en Colombia ante la improbabilidad de su extradición. No faltarán los que acusen a nuestro sistema de justicia de castrochavista, pero los colombianos podemos tener la tranquilidad de que se están tomando las decisiones en derecho, estemos o no de acuerdo con ellas.

* Doctor en derecho penal de la Universitá degli Studi di Roma; MPA, Harvard University; LLM, New York University, y máster en Derecho de la Universidad de los Andes.

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