El aborto como un derecho

Corte Constitucional tendrá la decisión de garantizar un derecho que han venido luchado las mujeres.

Gabriel Cifuentes Ghidinioctubre 25 de 2020, 01:51 A.M.

Eva, nombre que usó para proteger su identidad, es una migrante venezolana de 14 años. Llegó a Colombia en estado de embarazo y contagiada de una enfermedad de transmisión sexual, producto de una violación. Acudió al Hospital Erasmo Meoz, en la ciudad de Cúcuta, solicitando que se le practicara un aborto. A pesar de estar cobijada por las excepciones de ley, le solicitaron una denuncia que no pudo aportar porque el delito se consumó en Venezuela. Eva se vio forzada a continuar con el embarazo. Por su estado de desnutrición se le practicó una cesárea. Su bebé fue extraído muerto

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Este es uno de los miles de casos que se presentan a diario en Colombia. Solo el 9 por ciento de los abortos en el país se practican dentro del sistema sanitario. Esta es una de las principales razones por las cuales cada 5 días muere una mujer en procedimientos clandestinos y más de 132.000 experimentan graves complicaciones. Según el Instituto Guttmacher, el 32 por ciento de los procesos de interrupción voluntaria del embarazo que no se adelantan en hospitales con las medidas sanitarias adecuadas presentan un alto riesgo para la vida de la madre.

El drama que viven las mujeres es indescriptible. Además de no contar con el derecho de disponer libremente de su cuerpo, la mayoría de embarazos no deseados son resultado de la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual. Eso sin contar que 8 de cada 10 abortos en el país son de niñas y jóvenes entre los 10 y 24 años.

Las cifras son escalofriantes. El 30 por ciento de las mujeres denunciadas por abortar han sido víctimas de vejámenes y todo tipo de abusos. A pesar de que la Corte Constitucional mediante sentencia C-355 de 2006 hubiera despenalizado esta conducta en 3 causales particulares, a saber, violencia, malformación del feto y riesgo en la vida de la madre, las denuncias en contra de mujeres ante la Fiscalía han venido aumentando.

Como si no bastara, muchos de los miembros del personal sanitario que realizan estos procedimientos son señalados y estigmatizados. Ello, por obvias razones, limita la cantidad de profesionales dispuestos a realizar abortos, incluso los que están legalmente permitidos. Lo más grave de todo es que esa supremacía moral y ética que pretenden abanderar quienes niegan el derecho de las mujeres a abortar, y que ha permitido la criminalización de esta conducta, no ha logrado bajar ni las tasas de embarazos no deseados ni las muertes de mujeres que se ven forzadas a realizar procedimientos clandestinos, alimentando así ecosistemas para-sanitarios no regulados que ponen en riesgo la vida y la integridad de miles de colombianas anualmente.

En los últimos meses, el movimiento Causa Justa, un agregado de más de 90 organizaciones y 134 activistas en varias regiones del país, ha venido trabajando en una demanda de constitucionalidad para despenalizar completamente el aborto. Pero, además, exigen que se regulen sanitaria, ética y disciplinariamente los procedimientos de interrupción del embarazo.

Esta semana, la Corte Constitucional admitió la demanda. Es decir que se abre la puerta para el estudio sobre la despenalización total del aborto, lo cual, a su vez, equivaldría al reconocimiento de la conducta ya no como un delito, sino como un derecho de todas las mujeres en nuestro país.

La experiencia en otras latitudes demostraría que la despenalización del aborto ha conducido a la reducción del mismo. Ejemplos como el de Holanda y España han sido reconocidos por lograr mejorar las condiciones y el acceso de las mujeres a los servicios sanitarios para interrumpir los embarazos sin que ello haya significado un aumento en los procedimientos. Tal y como ocurre en Canadá, donde pasaron de 108.844 a 100.104 entre el 2011 y el 2015.

Se debería superar la discusión sobre la legalidad o ilegalidad del aborto en Colombia. Lo que resulta ser una determinación íntima de la mujer puede ser objeto de valoraciones éticas, morales e incluso religiosas, pero estas en nada contribuyen a la solución de un problema que ha matado a miles de colombianas, ha generado estigmas y que tiene enormes costos fiscales en materia de salud pública. Bienvenidos los proyectos educativos y de prevención de los embarazos no deseados. Pero la penalización de una decisión, ya de por sí muy costosa para la mujer, es simplemente un acto de revictimización avalado por el mismo Estado.

La Corte Constitucional tendrá en sus manos la decisión de garantizarles un derecho que por décadas han luchado las mujeres, o seguir prolongando el padecimiento de miles de ellas que no por la ilegalidad de la conducta dejarán de abortar, solo que lo harán en condiciones de alto riesgo que no hacen sino minar su dignidad humana. El Congreso, irredimiblemente silente y, por consiguiente, complaciente con el vejamen que día a día erosiona la autonomía, la vida y la dignidad de las mujeres, permanecerá en su inacción como el gran ausente. Por eso la esperanza y el horizonte de legítima libertad de las colombianas lo decidirá la Corte Constitucional.

Ñapa: la minga dejó sin argumentos al Gobierno.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes