Democracia de juguete

Democracia de juguete

No hay nada más peligroso para la democracia que un ejecutivo dotado de poderes extraordinarios.

28 de junio 2020 , 01:11 a.m.

En lo que va corrido de la pandemia, el presidente Iván Duque ha expedido más de 170 decretos. Algunos de ellos han sido dictados en el marco de la emergencia económica, otros, en cambio, se derivan de sus facultades presidenciales ordinarias. Pocos se han percatado de que lo que ocurre se aleja de los más básicos principios democráticos, cuando se traspasa su esfera de competencia. Probos juristas y algunos senadores han incluso llegado a señalar que las medidas de aislamiento impuestas por el Ejecutivo son ilegales, por haber omitido su trámite legislativo y escapar al control de la Corte Constitucional.

Se sabe de sobra que las democracias modernas se inscriben en un paradigma que se caracteriza por reunir tres factores: una institucionalidad fuerte, la aplicación del principio democrático de la legalidad y la necesaria rendición de cuentas o responsabilidad institucional. En estos momentos de crisis, ninguno de dichos elementos hace presencia en nuestro país. Estamos padeciendo lo que se podría denominar una democracia de juguete, diseñada a la medida de no siempre diáfanos intereses e improvisados criterios técnicos.

En Colombia, la debilidad de la institucionalidad es latente. El excesivo centralismo ha contribuido, en parte, a las vulnerabilidades administrativas y presupuestales en las diferentes regiones. Desde Bogotá se maneja el presupuesto, pero también el destino de territorios que guardan entre sí enormes diferencias. Esa soberbia del Ejecutivo, además anclada en un poder efectivo exiguo, también se ve reflejada en su maltrecha relación con las otras ramas del poder público. Las relaciones clientelistas entre el Ejecutivo y el Legislativo han convertido a este último en un aparato de validación condicionado por prebendas, favores y silencios. Y la Rama Judicial, envuelta en sus propias fallas, ha sido objeto de persecuciones e intimidaciones por distintas agencias de inteligencia del Gobierno central. Finalmente, es poco o nada el peso que se le concede a la sociedad civil organizada. El exacerbado presidencialismo, puesto en evidencia durante la pandemia, en suma, da cuenta de las flaquezas e incoherencias institucionales que nos agobian.

Un segundo elemento que sirve de parámetro a cualquier análisis es el ‘imperio del derecho’. En otras palabras, la existencia de un marco legal que se cumpla. Es la máxima expresión del principio de legalidad, el cual brinda seguridad jurídica y hace predecibles y controlables los poderes del Estado, así como exigibles las obligaciones y derechos de los ciudadanos. La ‘decretitis’ de Duque le rompe el espinazo al principio de legalidad. Los poderes de emergencia ciertamente le brindan al presidente una competencia que bien puede usar para conjurar la situación de crisis; sin embargo, exceder su marco desconoce la separación de poderes. No hay nada más peligroso para la democracia que un ejecutivo dotado de poderes extraordinarios. Pero el miedo a la muerte y al contagio por la enfermedad ha permitido que se cuelen muchas reformas e iniciativas que nada tienen que ver con el manejo de la crisis y que, en circunstancias distintas, nunca habrían sido aprobadas por el Legislativo. Bajo el aval de la catástrofe sanitaria pueden comenzar a erosionarse invaluables garantías constitucionales y ceder barreras de contención propias de un Estado de derecho.

Finalmente, pero no menos importante, está el tema de la responsabilidad política. El presidente debe rendir cuentas. La crisis no ha remitido a cuarentena la obligación de responder por sus actos, por las finanzas públicas y por sus errores políticos. Protagonizar diariamente un programa televisado de lánguido ‘rating’ donde los funcionarios asienten todo lo que dice Duque desde el Palacio de Nariño (el cual no ha abandonado durante toda la crisis) no es rendir cuentas. Se estima que se han destinado unos 117 billones de pesos en alivios financieros, contratos sanitarios, mercados y demás gastos asociados con la pandemia. Quién responde por esos recursos es aún un misterio. La opacidad ha sido absoluta y la falta de transparencia, preocupante. La virtualidad del Congreso y la incapacidad de sus miembros han convertido el ejercicio de control político en algo fútil y accesorio. Los técnicos de Palacio, acierten o no, tienen en la práctica carta blanca para conducir esta tormenta sin muchos controles y con una amplia discrecionalidad presupuestal. Una combinación peligrosa donde la concentración de poder se hace de espaldas a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Atender la emergencia sanitaria requiere medidas audaces, muchas de ellas deben ser adoptadas en tiempo real; algunas, por practicidad y urgencia no pueden esperar los trámites ordinarios. Sin embargo, solo pueden obviarse dichos controles frente a las acciones verdaderamente necesarias e inaplazables. ¿De eso tratan los más de 170 decretos?

Viene haciendo carrera la idea de que ahora el presidente puede legislar por decreto. Lo que su débil gobierno no ha logrado en el debate democrático lo está suscribiendo con su bolígrafo. La pobre gestión normativa, reflejada en la inexistencia de reformas estructurales que le ayuden para avanzar en su plan de gobierno, se ve ahora compensada con unas competencias extraordinarias, en algunos aspectos, de dudosa constitucionalidad. Tarde llegarán los controles de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. El daño al sistema democrático ya está hecho.

Ñapa: Extensión del aislamiento, pero se mantiene el día sin IVA. ¿Quién entiende?

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI
En Twitter: @gabocifuentes

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