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Colombia se desangra

Colombia se desangra

Al Gobierno le quedó grande la paz. Le quedó incluso grande su promesa de seguridad democrática.

25 de abril 2021 , 10:47 p. m.

Asesinaron en el Cauca a la gobernadora indígena Sandra Peña Chocué. Su muerte, precedida de múltiples amenazas reportadas ante las autoridades durante semanas, se suma al homicidio de otros seis líderes indígenas y cuatro firmantes de paz en dicha región. Este departamento ha sido uno de los más golpeados por la acción de grupos armados ilegales, las disidencias de ‘Gentil Duarte’ y por la incapacidad del Estado de garantizar la vida e integridad de los pueblos que allí habitan.

La tragedia del Cauca se puede medir en escandalosas estadísticas. Según Indepaz, solo en 2020 se reportaron cinco masacres, que a su vez se suman a las 14 ocurridas el año anterior, siendo el departamento con mayor número de sucesos letales. Un saldo total de 71 fatalidades, sin contar las decenas de homicidios selectivos. La mayor parte de las víctimas son líderes comunitarios, indígenas y defensores de derechos humanos. Muchos de ellos, férreos opositores a la presencia de grupos armados en sus territorios ancestrales y a los cultivos ilícitos. Reclamaban también una mayor presencia social del Estado.

Los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los diferentes grupos irregulares que operan en la zona dejan a diario una secuela de muerte y desarraigo. El último combate en Argelia produjo el desplazamiento de más de 250 campesinos e indígenas.

Lo que pasa en el Cauca se multiplica en otras regiones del país. Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Caquetá se han convertido en campos de guerra y cementerio de líderes sociales. Es verdaderamente sobrecogedor lo que sucede en el país. Pero más preocupante aún es la indiferencia de algunos sectores políticos que de manera simplista reducen lo que está pasando al problema de las drogas. Claro que las economías ilegales y los grupos que están detrás tienen la mayor cuota de responsabilidad frente a estas muertes. Eso nadie lo pone en duda. Pero desconocer que la ausencia histórica del Estado y la falta de políticas sociales integrales no son ingredientes determinantes en esta ecuación es simplemente equivocado.

Un día antes del asesinato de Sandra Liliana, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas revelaron una escalofriante cifra. Desde la firma de los acuerdos de paz, han sido asesinados 904 líderes sociales. Es decir, uno cada 36 horas. Cada día de por medio acallan a un colombiano que vela por los intereses de su comunidad. Alzar la voz, aportar a la verdad u oponerse a la violencia de los diferentes actores armados que aún persisten en nuestro país es una sentencia anticipada de muerte. En tono premonitorio, no solo advirtieron el riesgo que corre la implementación de los acuerdos, la justicia y la reconciliación en Colombia si no se protege a los líderes sociales y se garantiza su seguridad. También hicieron un enfático llamado a la Defensoría del Pueblo para que asuma ese liderazgo que la Constitución le asigna en la defensa y garantía de los derechos humanos.

Alertas tempranas como la 040 del 2020 que evidenciaba el riesgo de las comunidades del Cauca se suman a las muchas otras desatendidas y a la indolencia de las autoridades, resignadas a ser simples huellas burocráticas ineficaces. Como secretario ejecutivo de la Ciprat, por ejemplo, el ministro del Interior parece aún incapaz de poner en marcha los planes necesarios para la salvaguarda de la integridad de comunidades enteras. En Colombia se vive una secuencia de tragedias anunciadas tras la impávida mirada del Gobierno, que aún no acepta que su política de seguridad fracasó. Su reticencia a la implementación integral, y no parcial, de los acuerdos, el desdén por su componente social y el regreso a una solución netamente militarista son una parte importante del problema.

La respuesta del Gobierno es predecible. Lo que ocurre en esos territorios es culpa del proceso de paz que incentivó el incremento de los cultivos. Y el narcotráfico es la mata de la violencia. La única solución entonces radica en el uso de la fuerza para combatir a los grupos ilegales y erradicar o fumigar los cultivos ilícitos. Pero ¿dónde están las inversiones sociales que se necesitan? ¿Dónde está esa mínima muestra de solidaridad con las víctimas? ¿Dónde está la atención básica y sostenida del Estado que reclaman los líderes sociales? Nuestras Fuerzas Militares no pueden cargar con todo el peso de la seguridad. Mientras más el Gobierno se empecine en culpar al narcotráfico y sus agentes de toda la violencia en Colombia, más omitirá ver y asumir su responsabilidad como garante de la vida, integridad y dignidad de todos los ciudadanos.

Al Gobierno le quedó grande la paz. Le quedó incluso grande su promesa de seguridad democrática, pese a la entrega de las armas y a la desmovilización de las antiguas Farc-EP. Mientras la Colombia profunda sigue sumergida en una violencia que implacablemente cercena la vida de líderes y defensores de derechos humanos, el Gobierno, desprovisto de una política de Estado y de seguridad humana, parece haberse resignado a dejar librada la suerte de las personas en el dominio de los poderes criminales, que allá son la ley, como lo demuestra la sentencia de muerte que ejecutaron contra Sandra Liliana Peña Chocué.

Ñapa: A los incumplimientos en el plan de vacunación se les denomina reagendamiento. Este tercer pico está desnudando las debilidades de la estrategia sanitaria.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI
En Twitter: ​@gabocifuentes

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