Chocó bajo fuego

Chocó bajo fuego

¿Cuántos muertos y desplazados tenemos que llorar para que se actúe con prontitud y eficiencia?

04 de enero 2020 , 11:31 p.m.

Despierta el 2020 con graves denuncias sobre el deterioro del orden público en el Chocó. Diferentes comunidades se están viendo amenazadas por el resurgimiento de la violencia entre grupos armados, esta vez, entre el Eln y las denominadas Autodefensas Gaitanistas. Resulta bochornoso, por decir lo menos, que después de la masacre de Bojayá en mayo del 2002, esa misma comunidad esté hoy nuevamente en peligro de ser diezmada.

Lo más sorprendente de estas denuncias es que no son nuevas. Son varias las organizaciones que han advertido sobre la reactivación de una ola de terror y sangre que pone en jaque la estabilidad política y social de dicho departamento. Basta solo leer el reportaje de Salud Hernández en diciembre del año pasado sobre los estragos de la guerra entre el Eln y las autodefensas, o sentir las denuncias de la Onic del 26 de abril del 2019, en las que se refiere el cruel asedio que sufren las comunidades de Bella Vista, Dos Bocas, Pichindé y La Catedral. Es aterrador pensar que miles de colombianos, entre ellos una gran cantidad de emberas, estén siendo desplazados y afectados por la demencial violencia. Las Naciones Unidas (Ocha) reportaba en su informe del 2019 más de 6.700 personas confinadas por el conflicto armado en Chocó.

Como si fuera poco, la Defensoría del Pueblo, a través de su sistema de alertas tempranas, no ha cesado de señalar esta situación. Solo frente al caso de Bojayá, desde el 25 de octubre del 2019, había alertado al Ministerio del Interior del riesgo que corría dicha comunidad por el enfrentamiento entre grupos armados. En su informe se hace un llamado a las autoridades para que atiendan los diversos oficios en donde consta el peligro que corren las poblaciones a lo largo de los ríos Napipí, Opogadó, Doguadó y Bojayá. Tras haberse registrado múltiples enfrentamientos, la Defensoría insistió en evidenciar la condición de vulnerabilidad de los colectivos indígenas que se encuentran, aún hoy en día, en medio de las disputas territoriales entre el Eln y las autodefensas.

En relación con estas denuncias, el despacho de la ministra Nancy Patricia había ya recibido información desde abril, es decir, meses antes del informe de alertas tempranas emitido y comunicado en octubre. En efecto, mediante la alerta 017-19, la Defensoría clasificó como inminente el peligro que corrían las comunidades de Villa Hermosa, Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, entre otros colectivos del municipio de Bojayá. Se manifiesta que el frente de Resistencia Cimarrón del Eln y los grupos armados compuestos por desmovilizados de las Auc han extendido su influencia sobre territorios cercanos a Bojayá, poniendo en riesgo la vida, libertad e integridad de las comunidades que allí habitan. En el informe se reiteran 11 denuncias que la Defensoría había realizado entre diciembre del 2018 y marzo del 2019 sobre delitos como homicidios, desplazamiento forzado, hostigamientos y confinamiento.

Además de los hechos registrados en Bojayá, la Defensoría ha emitido otra serie de alertas lamentablemente desoídas por parte del Gobierno. Se estima que también se encuentren en peligro las comunidades del Alto Baudó. A través de la alerta temprana 041-19 del 29 de septiembre del 2019, se le informó a la ministra sobre la inminencia de la violación de derechos humanos de los habitantes de los corregimientos de Urudó, Puerto Córdoba, Boca del León, Apartadó, Amparradó, Peña Azul, Cocalito y Las Delicias. Al igual que las denuncias sobre la violencia en Bojayá, en el Alto Baudó se vive una sangrienta confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas y el Eln por las rutas del narcotráfico y las diferentes economías ilegales.

En el Chocó estamos ante una bomba de tiempo. Falta poco antes de que regrese al horror humano de las masacres, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, el reclutamiento de menores y, en general, la violación masiva a los derechos más esenciales de comunidades ya de por sí vulnerables. No se explica cómo, no obstante que el Gobierno ha recibido durante meses la valiosa información de la Defensoría del Pueblo y de otras organizaciones, apenas en estos días el Presidente haya anunciado medidas extraordinarias para evitar una nueva catástrofe humanitaria. ¡Es que las medidas han debido tomarse hace tiempo! Máxime si se piensa que este es el gobierno de la seguridad democrática versión 2.0.

¿Cuántos muertos, desplazados, confinados, reclutados tenemos que llorar para que se actúe con prontitud y eficiencia? ¿Cuántas denuncias y alertas tempranas se le tienen que mandar a Nancy Patricia para que el Gobierno reaccione? ¿Existen acaso intereses económicos oscuros detrás de esta violencia sin nombre? ¿Quién en el Gobierno responde por su negligencia?

Saldrán muchos cínicos a decir que este es el resultado de la paz de Santos. A ellos es necesario recordarles que los que están matando a nuestros campesinos e indígenas en el Chocó son las bandas recicladas del paramilitarismo y de un grupo guerrillero con el que este gobierno se ha negado a conversar.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI
Doctor en Derecho Penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes
En Twitter: @gabocifuentes

Empodera tu conocimiento

Más de Gabriel Cifuentes Ghidini

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.