Una importante distinción

Una importante distinción

Autonomía es brindar a las universidades la libertad necesaria para desarrollar contenido académico.

20 de marzo 2018 , 02:12 a.m.

A raíz de los recientes desórdenes en la Universidad Pedagógica, el alcalde Peñalosa advirtió que no permitirá que se continúen afectando los bienes públicos y la ciudadanía, por lo que no descarta el ingreso de la Fuerza Pública a las instalaciones.

El rector respondió que “la Constitución y las leyes establecen la autonomía universitaria, y en esos términos, por convicción académica y por principios intelectuales, no autorizamos el ingreso de la Fuerza Pública. El campus debe ser escenario de saber, conocimiento y vida. Nos encantaría, eso sí, la intervención estatal en términos presupuestales”.

En ninguna parte de la Constitución y las leyes se dice que autonomía equivale a extraterritorialidad, como si se tratara de una sede diplomática. En esos casos, los pactos internacionales contemplan terrenos e inmuebles como parte del otro país, y el ingreso de la Fuerza Pública es prohibido. Desde luego, los recursos provienen de los países dueños de la embajada, base militar o instalación. El rector Atehortúa reivindica la extraterritorialidad, pero pide la financiación.

Sus declaraciones no ayudan a la comunidad universitaria, pues es sabido que muchos de los encapuchados que organizan los tropeles no son estudiantes de la institución. En caso de serlo, los estatutos tienen previstos procesos disciplinarios y sanciones que pueden ir hasta la expulsión, y lo que la ley sí dice es que las autoridades universitarias están obligadas a identificarlos y adelantar los procesos. Eso es parte de la formación de ciudadanos capaces de convivir bajo el amparo de la ley, especialmente si serán los maestros de miles de niños y jóvenes. No parece muy didáctico fomentar la impunidad como forma de vida universitaria.

Hay un contrasentido cuando se defiende la educación pública, pero se pretende que el espacio de las universidades del Estado se mantenga como si fuera una propiedad privada donde los ocupantes pueden levantar cercas, mallas y talanqueras y, además, ser un territorio que la ciudadanía perciba como peligroso, según manifiestan los vecinos que resultan afectados. No parecería la mejor estrategia para conseguir incremento en los presupuestos, si los bienes públicos son sometidos de forma permanente al vandalismo y la destrucción sin que nadie pueda hacer nada.

Dado que todas las entidades públicas, cualquiera que sea su naturaleza, están sometidas a los mandatos constitucionales, es claro que la autonomía de las universidades no puede contravenir en ningún caso los principios y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto incluye el hecho de que ninguna entidad pública o privada puede ser refugio de delincuentes ni impedir que las autoridades legítimas actúen en la protección de la ciudadanía cuando esté amenazada por actores violentos. Todos los campus universitarios del mundo están expuestos a que allí ocurran hechos delictivos (robos, violaciones, tráfico de sustancias, porte de armas, etc.) o que sufran graves amenazas de francotiradores o terroristas. Por esto, en muchas partes hay cuerpos de policía universitaria que hacen presencia permanente.

El sentido de la autonomía es brindar a las universidades la libertad necesaria para desarrollar el contenido académico y contribuir de manera creativa al desarrollo del conocimiento para bien de toda la sociedad. Los riesgos de la autonomía provienen de las instancias que pueden sobrepasarse en los controles con el argumento de asegurar la calidad. Bajo estas regulaciones, Vesalio o Fracastori no habrían aportado mucho a la ciencia universal.

Siempre he defendido la universidad pública, su financiamiento y la participación de todos los estamentos en su buen gobierno. Por eso no puedo compartir la idea de que, a nombre de la autonomía, se haga la vista gorda a la violación de la ley y la destrucción del patrimonio público.

FRANCISCO CAJIAO
fcajiao11@gmail.com

Columnistas

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