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El abandono de la infancia

El abandono de la infancia

Lejos estamos del precepto que pretende que los derechos de los niños prevalezcan sobre los demás.

19 de julio 2021 , 08:23 p. m.

Tres décadas después de promulgada la Constitución de 1991, queda en evidencia que no basta legislar para conseguir cambios profundos en las graves inequidades de nuestra sociedad.

Años de insistir sobre el cuidado de la infancia y cifras escandalosas de desnutrición, maltrato, rezago escolar, trabajo infantil y abandono llevaron a los constituyentes a establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Pero la pandemia ha demostrado que eso está lejos de ser una realidad, pues todos los demás derechos han prevalecido sobre la situación de la infancia.

El cierre de año y medio de todos los colegios del país y la renuencia de los sindicatos de maestros, algunas asociaciones de padres de familia y unos cuantos gobernantes locales para retornar de manera pronta a la actividad escolar presencial muestran que el derecho a la educación sigue en entredicho, a pesar de que algunas de estas organizaciones y personajes se presenten como los grandes defensores de los pobres y los líderes de izquierda que necesita el pueblo.

Es una vergüenza para el país y para los miles de maestros que han dedicado su vida a trabajar con esmero por el desarrollo de los niños y jóvenes que en el prestigioso semanario inglés The Economist (del 8 de julio) se haya publicado un extenso artículo titulado ‘Un sindicato de maestros intenta mantener cerradas las escuelas de Colombia’. También señala que hay muchas limitaciones en infraestructura y acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas más pobres y aisladas. Pero lo grave es que afirmar que hasta tanto no se resuelvan todos esos problemas no se puede regresar a clases significa que las poblaciones más frágiles están condenadas a la ignorancia por tiempo indefinido.

En todo este tiempo, el silencio de los órganos de control sobre la negación prolongada del derecho a la educación, no obstante toda la información científica y de todas las advertencias de las asociaciones médicas nacionales e internacionales sobre los riesgos derivados del confinamiento, se ha hecho muy notorio. Ni qué hablar de la indiferencia de las decenas de aspirantes a gobernar el país, que así muestran su incapacidad de entender los problemas graves que nos amenazan. ¿Y quién ha representado a niños y jóvenes en los órganos legislativos y judiciales?
Podría compararse el interés nacional por discutir en todos los foros posibles el derecho a la protesta, con la apatía relacionada con el derecho fundamental a la educación, condicionado con persistencia por quienes representan precisamente a los educadores. Apenas el Ministerio de Educación ordenó el regreso a clases a partir de la semana pasada, surgieron las tutelas pidiendo la revocatoria de esa decisión. Falta que los jueces las concedan.

Algunos mandatarios locales han dicho que no acatarán la orden, mientras en muchas partes las escuelas se han hecho inhabitables por la desidia de alcaldes y gobernadores en el mantenimiento de las instalaciones. Entre tanto, no se han terminado de apropiar los recursos que asignó el Ministerio desde el año pasado y a nadie parece importarle mayor cosa.

Muy lejos estamos del precepto constitucional que pretende que los derechos de los niños prevalezcan sobre los demás. Y más triste aún es constatar la ignorancia generalizada sobre el impacto que este abandono tendrá en sus oportunidades futuras. Quienes desde muy diversos roles sociales siguen difundiendo el miedo y la amenaza de que el regreso al colegio es un camino a la muerte están conspirando contra la educación pública y la oportunidad de reducir desigualdades. Allá donde están los más pobres es donde deberíamos desarrollar mayor creatividad para poder atenderlos, a pesar de todas las limitaciones. No parece razonable que quienes posan de ser muy progresistas sean los que cultivan la reproducción de la pobreza.

FRANCISCO CAJIAO

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