Una oportunidad para no perder

Una oportunidad para no perder

Es preocupante que un asunto como la lucha contra la corrupción ya no una a la sociedad colombiana.

17 de agosto 2018 , 12:00 a.m.

Por primera vez desde la creación de la Constitución del 91, la figura de la consulta popular será utilizada para poner a disposición de todos los colombianos una fórmula de siete medidas para enfrentar la corrupción, uno de los males que más ha frenado el progreso de la nación desde sus primeros días.

Convocada por cerca de cinco millones de firmas de ciudadanos, la consulta anticorrupción enfrenta un sinnúmero de dificultades, incluyendo el elevadísimo umbral de doce millones de electores y la guerra sucia en las redes sociales.

Entre los mitos, desmentidos por entidades como la Registraduría y el Partido Alianza Verde, promotor de la iniciativa, se encuentran afirmaciones que a través de cadenas malintencionadas de WhatsApp y Facebook llegan a los ojos de millones de usuarios en cuestión de pocas horas. Por ejemplo, que sus promotores recibirán una reposición de cinco mil pesos por cada voto, aun cuando se ha explicado hasta el cansancio que esa medida solo aplica en elecciones para cargos de representación popular.

Otro de los argumentos repetidos durante la campaña es la premisa de que muchos de los puntos planteados ya existen dentro de diferentes leyes. Sin embargo, ninguno de los postulados tiene vigencia en el marco legal con la dimensión concebida por la consulta.

Por ejemplo, si bien los contratos con personas sancionadas por corrupción pueden ser terminados en la actualidad, en muchos casos el Estado se ve obligado a indemnizar al contratista luego de alcanzar un acuerdo. ¡Indemnizar a un corrupto, faltaba más!

La consulta busca que las declaraciones de renta y de conflictos de interés que los congresistas presentan durante su gestión sean de acceso público.

Así mismo, la consulta busca que las declaraciones de renta y de conflictos de interés que los congresistas presentan durante su gestión sean de acceso público y también propone la estandarización y el acceso público a las rendiciones de cuentas, que permitan conocer el voto de cada congresista en los proyectos de ley debatidos, los funcionarios recomendados y los grupos de interés atendidos.

Pero también la consulta enfrenta otro difícil obstáculo: el reciente desinterés de algunos de sus aliados estratégicos, que luego de comprometerse durante la temporada de campaña con la lucha anticorrupción han decidido saltar del barco y faltar a los compromisos asumidos.

Es el caso del partido Centro Democrático, que había aceptado apoyar la consulta desde el Congreso y las urnas, a cambio de una sola condición: que la votación tuviera lugar después de la segunda vuelta presidencial para que no beneficiara a ningún candidato. Sus promotores aceptaron la condición, convencidos de la importancia de la participación de un sector tan representativo de la derecha colombiana, dándole carácter de unidad a pesar de todas las diferencias ideológicas. Sin embargo, en días recientes los colombianos conocieron que la palabra del partido del uribismo fue incumplida.

Las maquinarias políticas no participarán en una consulta que busca eliminar prácticas con las que se benefician. Harán todo lo posible para evitar que los votantes participen en ella.

A estas alturas queda claro que algunos partidos políticos evitarán hacer campaña para una consulta promovida por un partido con el cual competirán en las elecciones regionales del año próximo. Y también que por primera vez en las últimas décadas, en muchos territorios del país las maquinarias políticas no solo no participarán en una consulta que busca eliminar algunas prácticas con las cuales sus estructuras se benefician, sino que también harán todo lo posible para evitar que los votantes participen en ella.

Pero, por encima de todo, resulta insólito y preocupante que un asunto como la lucha contra la corrupción ya no consiga unir a la fragmentada sociedad colombiana. Es un escenario que recuerda el caso del proceso de paz con las Farc, al cual miles de colombianos se opusieron por el hecho de ser promovido por el gobierno Santos.

Así como tantos se enfrentaron a ‘la paz de Santos’, hoy son muchos los que se enfrentan a ‘la consulta de Claudia López’. Es así como proyectos de inmenso calibre que trascienden las fronteras de la política electoral, capaces de permitir nuevas y poderosas herramientas para avanzar hacia un futuro más esperanzador, son descartados por sectores de la ciudadanía por diferencias netamente partidistas.

Está claro que los cerca de 300.000 millones de pesos que costará la logística de la consulta representan un desembolso monumental. Pero, contrario a lo que tantos pregonan para rechazarla, su realización no significa “botar a la basura” ese costo extraordinario, dado que si logra alcanzar el umbral del 33 por ciento del censo electoral, la lucha contra la corrupción contaría con herramientas nuevas y poderosas con las que dejarían de perderse cantidades mucho mayores. Lo que sí condenaría a la pérdida irresponsable de esos recursos, que claramente a la nación no le sobran, sería sabotear una elección que ya ha sido convocada, sentenciándola a no alcanzar el mínimo de votación requerido.

FERNANDO POSADA

Columnistas

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