La paz en el segundo plano

La paz en el segundo plano

Falta de priorización y retórica negacionista: algunos de los más notables golpes al acuerdo.

23 de septiembre 2019 , 07:00 p.m.

Aunque reconocerlo ahora resulte impopular para el nuevo gobierno —al menos ante la mirada vigilante de la comunidad internacional—, es un hecho que su llegada al poder en gran parte se debió al discurso fuertemente crítico que empleó en campaña frente al acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc.

Y a pesar de que los sectores más radicales del ahora partido de gobierno han pedido a gritos acabar con el acuerdo, la decisión del presidente Duque no ha cumplido con esa expectativa, lo cual le ha costado varias disputas con su propia plataforma política. (Cabe preguntarse hasta qué punto ese giro corresponde verdaderamente a la voluntad política del gobierno, teniendo en cuenta que al menos dos actores blindaron el futuro del acuerdo: la ya mencionada comunidad internacional, que ha aportado acompañamiento, conocimiento y recursos fundamentales para su implementación, y la Corte Constitucional).

Pero no por eso el acuerdo de paz, el conjunto de política pública más importante de los últimos cincuenta años en Colombia, tiene su futuro asegurado. De hecho, está lejos de ser así. Si bien el gobierno Duque no ha condenado al incumplimiento los compromisos ahí pactados, el acuerdo de paz sí ha sufrido fuertes golpes en el último año. La falta de priorización y la retórica negacionista de muchos de sus alcances por parte del gobierno y su partido político son algunos de los más notables.

Uno de los mayores cambios sobre el rol del acuerdo de paz en la agenda de gobierno puede ser visto en materia del orden de prioridades para el presidente Duque, pues con claridad puede trazarse cronológicamente la manera en que la paz con la guerrilla más antigua del continente y el desarme de cerca de trece mil excombatientes pasó de ser el más importante proyecto de Estado a uno escasamente de segundo nivel para el gobierno, opacado por discursos como el de la difícil de definir economía naranja.

Sí: el presidente Duque ha viajado en cuatro ocasiones a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, integró en su lenguaje el término ‘excombatientes’, algo que sin duda causa terror entre el ala más radical de su partido, y su alto consejero para la Estabilización y la Consolidación —en reemplazo del término ‘posconflicto’—, Emilio Archila, ha demostrado estar comprometido con sacar adelante lo pactado. Pero el acuerdo de paz está lejos de ser un asunto de primer nivel de importancia en la agenda de Duque, en gran parte porque reconocer sus logros sería también bajarse del poco generoso discurso del partido de gobierno, que hasta ahora sigue insistiendo en no celebrar un solo éxito de su antecesor.

Por eso, quedarse con el discurso de que el gobierno ha buscado “destruir los acuerdos de paz” es, cuando menos, simplista y alejado de los hechos. La realidad es mucho más compleja (y poco alentadora), porque no puede negarse que Duque ha demostrado un acompañamiento —aunque tímido— al proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes. Sin embargo, será muy difícil conseguir que una política tan ambiciosa e imprescindible como la del acuerdo de paz sea exitosa si los encargados de implementarla y su entorno político son al mismo tiempo los más escépticos sobre sus beneficios. Resulta inconcebible, por ejemplo, que tantos funcionarios del gobierno Duque que han sido claros en sus reparos frente al acuerdo de paz de manera pública y reiterada no hayan reconocido logros tan valiosos como la celebración de elecciones de manera pacífica en procesos anteriores.

La actual contienda electoral, con tres candidatos a alcaldías y cuatro a concejos asesinados, debe recordarle al gobierno que más allá del debate ideológico sobre el acuerdo de paz, muchos de sus logros históricos han construido progresos notables, pero que también esos alcances son extremadamente frágiles y deben ser sujeto de una atención especial que hasta ahora parecen no recibir.

Es también el caso de la JEP, uno de los capítulos más polémicos del acuerdo de paz, pero sin duda la columna vertebral de lo negociado: sin un esquema de justicia transicional y sin seguridad jurídica para las partes que suscribieron el pacto, la paz sería imposible de alcanzar. Sin embargo, varios funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente y la vicepresidenta, se han enfrentado en diversas ocasiones con las decisiones y los procedimientos de ese tribunal, conduciendo a un confuso e innecesario choque institucional que trae como consecuencia uno de los escenarios menos deseables para un acuerdo de paz: un camino de inestabilidad jurídica e incertidumbre para los excombatientes que lo firmaron y cuyo futuro depende enteramente del funcionamiento de la JEP y de la implementación de lo firmado.

No es exagerado pensar que esta inútil lucha de poderes entre el gobierno y las instituciones concebidas por el acuerdo puede traer como resultado la desestimulación a los excombatientes para permanecer del lado de la legalidad, y el entorpecimiento prolongado de la implementación de políticas cuyo objetivo no es otro que construir una paz estable. Presidente Duque, ¡anímese a apostarle de lleno a la paz!

@fernandoposada_

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