¿Debemos preocuparnos por los niveles de endeudamiento público?

¿Debemos preocuparnos por los niveles de endeudamiento público?

La pandemia ha resultado en una seria crisis de las finanzas públicas en todos los países del mundo.

23 de febrero 2021 , 09:25 p. m.

La pandemia de covid-19 ha resultado en una seria crisis de las finanzas públicas en todos los países, sin excepción –ya sea por una marcada reducción de los recaudos fiscales o una explosión del gasto público, en respuesta a la crisis sanitaria o la extensión de generosos apoyos de los gobiernos a ciudadanos y empresas–. Las respuestas internas a la crisis también han llevado al cuestionamiento de algunos de los que se consideraban los pilares más sólidos de las recomendaciones que ofrecen tradicionalmente los economistas y las entidades financieras internacionales.

En la prepandemia, el consenso entre los economistas ortodoxos y las entidades financieras internacionales era el de mantener déficits fiscales anuales pequeños (por debajo del 2 % del PIB), evitar aumentos de la deuda pública por encima de niveles prudentes (40-60 % del PIB) y mantener un perfil de dicha deuda sin una alta concentración en el corto plazo, privilegiando el endeudamiento de menor costo y mayores plazos de las agencias multilaterales. Con ello se buscaba limitar el efecto desestabilizador de elevados déficits fiscales y su impacto sobre la tasa de inflación, y no reducir los grados de libertad de la política económica interna con un elevado servicio de la deuda pública, sobre todo externa, mediante el pago de intereses y amortizaciones elevados, que pudieran poner en riesgo las reservas internacionales del país y la relativa estabilidad de la tasa de cambio de la moneda frente al dólar. Ubicarse dentro de estos parámetros era decisivo para mantener la confianza externa, la calificación de grado de inversión de la deuda de los países y garantizar el acceso a los mercados de capital internacionales y, en caso necesario, a los apoyos del FMI.

Parecería que durante la pandemia y la pospandemia todo lo anterior habría que echarlo por la borda, ya que bajo las condiciones de crisis existentes, con economías deprimidas o en franca recesión, y con tasas de interés de cero o aún negativas, no habría consecuencias negativas por generar déficits fiscales gigantescos, ya que su financiamiento se hace sin costo y lo que toca hacer es recuperar el crecimiento y reducir el desempleo a toda costa para evitar una repetición de la Gran Depresión de los años 1930.

El FMI, en su último Monitor Fiscal (FMI, Fiscal Monitor Update, January 2021) estima que la contracción de la economía, el aumento del gasto público y la caída del recaudo fiscal a nivel global (US$ 7,8 trillones) excede la magnitud de los apoyos ofrecidos (US$ 6 trillones) vía inyecciones de capital, préstamos y garantías, resultando en un aumento global de la deuda pública hasta alcanzar un 98 % del PIB, muy por encima de los límites prudentes de la precrisis. En las economías avanzadas, los crecientes déficits reflejan en partes iguales la caída de los recaudos y el aumento del gasto público, mientras que en los países de ingreso medio y bajo los mayores déficits resultan principalmente por la caída de la actividad económica y los recaudos.

En Estados Unidos, el debate sobre el tamaño del déficit del Gobierno se divide en dos campos entre los economistas ‘progresistas’, que son los únicos que cuentan ante la total falta de credibilidad, resultado de la mala fe y la hipocresía de los republicanos, para quienes los únicos déficits malignos son los de los gobiernos demócratas, mientras que ellos han defendido una falsa ortodoxia, para luego dar el mayor regalo fiscal de la historia a las grandes empresas y los individuos más ricos el país durante la desastrosa administración Trump.

Un grupo de economistas está liderado por Larry Summers (exsecretario del Tesoro y profesor de Economía de Harvard), de un lado, y por Paul Krugman (premio nobel de economía y columnista de The New York Times –NYT–), por el otro.

Los argumentos principales son: (i) el excesivo tamaño del programa fiscal propuesto por Biden (US$ 1,9 trillones), muy por encima de la expansión requerida para evitar el “estancamiento secular” de Summers. Más aún, el déficit que resultaría, en la opinión de este grupo, excede la brecha entre el PIB potencial o de pleno empleo y su nivel actual (estimada por la Oficina de Presupuesto del Congreso en solo $ 420 billones), con consecuencias preocupantes sobre la trayectoria de la tasa de inflación; (ii) el destino del gasto público y el ritmo del gasto, con la recomendación de privilegiar las inversiones de largo plazo, sobre todo en infraestructura y mitigación climática, gastar en forma gradual, y no solo dar apoyos a los ingresos de los trabajadores (ver Neil Irwin, ‘The Clash of Liberal Wonks That Could Shape the Economy, Explained’, NYT, 8 de febrero de 2021).

Krugman correctamente apunta que el plan de Biden no se trata de un programa de estímulo, sino de respuesta de alivio a una situación de desastre (“disaster relief”) y que el tamaño de la teórica “brecha del producto” casi siempre se ha subestimado, resultando en políticas tímidas que llevan a una tasa de crecimiento subóptima y sin asomos de aceleración de la inflación. El mensaje es que “cuando estamos en una economía depresiva, las reglas usuales de la política económica no se aplican, y las virtudes se vuelven vicios, la cautela es riesgosa, y la prudencia, locura” (ver P. Krugman, ‘Pandemic Economics: Stay Weird’, NYT, 16 de febrero de 2021).

Un elemento que influencia este debate son los errores que se cometieron con la insuficiente respuesta fiscal a la Gran Crisis Financiera del 2008, que demoró y limitó la recuperación de la economía, como resultado del sabotaje republicano en el Senado al presidente Obama. Hoy hay la voluntad de pecar por gastar mucho y no por poco.

La administración Biden está alineada con la opinión de Krugman y dispuesta a “hacer lo que sea necesario” para enfrentar las tres crisis: sanitaria, económica y ambiental. Pero también se necesita crear más conciencia y acuerdos políticos sobre la enorme acumulación de deuda pública resultante que habrá que pagar con mayores impuestos futuros. ¡No existe el proverbial “free lunch”!

Fernando Montes Negret
Economista Financiero

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