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Procuraduría no es obstáculo para JEP

La exclusión del Ministerio Público es un desafío a la Constitución, la justicia y las víctimas.

Colombia vive momentos de profundas transformaciones. Los acuerdos de paz deben abrir la esperanza de que la justicia se fortalezca y comience una nueva era de consolidación de la democracia.
Asumí el cargo de Procurador con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en el territorio. Y eso significa un profundo compromiso con ser garante de los acuerdos de paz, luchar contra la corrupción y construir una cultura de respeto a los derechos humanos.
Los acuerdos de paz han abierto una oportunidad para que, de una vez y para siempre, las víctimas encuentren verdad, justicia, reparación y no repetición. La Procuraduría ha sido garante de esos derechos en tiempos de guerra y lo será en tiempos de paz.
Por esa razón, no se entienden los motivos por los que el Ministerio Público fue excluido del proyecto de ley de Justicia Especial para la Paz (JEP), que se discute en la Cámara de Representantes, en cumplimiento de los acuerdos de paz. Entendemos que se trata de un sistema que, como su nombre lo dice, busca un camino expedito para hacer justicia en casos de violación de derechos humanos. Pero no habrá justicia si el Ministerio Público no forma parte de los procesos y defiende los derechos de las víctimas.
La Procuraduría ha iniciado un proceso de reingeniería y fortalecimiento institucional, para cumplir su objetivo de ser garante de lo pactado. Por ello nunca será obstáculo para la paz, sino un instrumento constitucional para su cumplimiento. Por esto, resulta vital la obligatoriedad de su intervención judicial ante la JEP.
Insistir en la exclusión del Ministerio Público es un desafío a la Constitución, la justicia y las víctimas. La JEP no puede invisibilizar a una entidad cuyo mandato constitucional es velar por los derechos humanos y el ordenamiento constitucional. Así lo hemos señalado de manera franca a la Cámara de Representantes, el Ejecutivo y a la opinión pública. Pero, sobre todo, hemos alertado a las víctimas sobre esta situación, que afectaría gravemente sus derechos.
La Procuraduría es una entidad vital para el país que está surgiendo en el llamado posconflicto. La Constitución le confirió y atribuyó la responsabilidad de representar a la sociedad ante la administración de justicia, garantizar el respeto de los derechos fundamentales en curso de actuaciones judiciales y hacer efectivos los derechos de las víctimas.
La participación de la Procuraduría en jurisdicciones especiales, tales como la de Justicia y Paz, ha sido fundamental para blindar constitucionalmente su operación y asegurar la vigencia del orden jurídico, lo mismo que para garantizar los derechos individuales. Compartimos la posición de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es imposible justificar la exclusión del Ministerio Público de la JEP. Es una decisión inconveniente que genera suspicacias, por decir lo menos, pues la consolidación de la paz demanda confianza ciudadana, adecuado blindaje jurídico y alta presencia institucional.
No se explica por qué la participación de la Procuraduría General de la Nación se dé en causas de la justicia ordinaria, en tanto en la JEP –de tanta trascendencia para el futuro de la sociedad– se la excluya, como si se tratase de un intruso.
La Procuraduría Delegada para la Paz y la Convivencia, que vamos a crear, es de alta necesidad en el contexto institucional colombiano y cumplirá una misión fundamental en la JEP. Justicia Especial para la Paz sin la Procuraduría no será justicia plena.
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
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