El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, ha dicho con mucha lucidez que la reforma de la justicia es una obligación moral de la Rama Judicial. Por ello, Misión Justicia, la iniciativa de trabajo conjunto de los presidentes de las altas cortes, el presidente del Congreso y el Ministro de Justicia, no solo es una buena noticia, sino el punto de partida de un gran esfuerzo para avanzar en una reforma sin aspavientos y con propuestas realistas y concretas.
El país está cansado de anuncios que no se cumplen. De promesas que se quedan en el papel y son titulares de un día, que aumentan la frustración y el porcentaje de incrédulos sobre el poder autorreformador de sus jueces. Después de tantas frustraciones e intentos fallidos de reforma, los colombianos esperan que esta vez sí les suene la flauta a quienes están embarcados en esta iniciativa.
La primera reflexión de este equipo es lo innecesario que resulta emprender grandes aventuras constituyentes o macrocirugías de la Rama Judicial, cuando la clave es el mejoramiento de la gestión y la eficiencia y probidad en la prestación de este servicio público. Eso es lo que pide a gritos la opinión pública. No escuchar ese clamor es abrir la puerta a salidas desesperadas, como constituyentes imprevisibles y fanatizadas por comenzar de cero.
Hoy es reconocido que un sistema de justicia independiente, ágil, accesible y eficaz es factor de legitimidad del Estado y condición para el crecimiento y el desarrollo. Hay múltiples diagnósticos y recomendaciones al respecto. Se destacan los de actores muy relevantes, como la Corporación Excelencia en la Justicia. Es larga la batería de instrumentos de reforma que se han quedado a la vera del camino, por simple falta de voluntad política en el interior de la Rama para ponerlos en marcha.
Hay que mirar, además, los espejos del vecindario. Son muchas las lecciones aprendidas de reformas de la justicia en más de una docena de países latinoamericanos, que están también a disposición en los proyectos del BID, el Banco Mundial, la AID y la Unión Europea. Hay que pagar ya la deuda pendiente con la justicia. Para ello hay que pasar de la teoría a la acción transformadora que muestre resultados en el corto plazo. Por ejemplo, una línea clara de actuación inmediata tiene relación directa con el acceso a la justicia y la descentralización, y con la contracultura de prácticas informales que soslayan el lenguaje y la fuerza de la cultura de los derechos que impulsamos en la Constituyente de 1991.
No me cansaré de repetir que la primera tarea del país, en este momento, es la recuperación de la dignidad de la justicia y una respuesta clara a la cultura de ilegalidad que sigue campante. Una cultura alimentada por la fragilidad del Estado de derecho, la tolerancia a la delincuencia y la falta de confianza en las instituciones de justicia, que alimenta una visión fatalista de nuestro futuro como nación.
Bien afirmaba Joan Prats que cuando las constituciones proclaman los derechos de ciudadanía como derechos universales, pero son incapaces de garantizarlos para todos, lo que en realidad están diciendo es que quienes no pueden disponer de esos derechos están legitimados moral y políticamente para luchar por su cumplimiento y realización. El primero de esos derechos es la justicia, y por eso el presidente del Consejo de Estado ha dicho una verdad de a puño.
No hay derecho. ¿Será muy ingenuo pedir que se comiencen a buscar ya los puntos de convergencia de los Acuerdos de La Habana –como el gran consenso sobre los derechos de las víctimas–, para ir solidificando el camino de concordia que debe construirse a partir del resultado del 2 de octubre?
Fernando Carrillo@fcarrilloflorez
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