Sin ética no hay democracia. En tiempos de incertidumbre es imperativo reinventar la política, para que vuelva a ser una actividad honrosa. Cada día aumenta la desaprobación ciudadana a la política y hay sequía de confianza. El matrimonio entre contratistas y malos políticos ha corrompido el sistema, contaminado a los electores y convertido el erario en un botín de los inescrupulosos.
Se necesita una reforma política integral, que modernice la democracia y recupere la majestad de la política. Imponer la financiación estatal de las campañas, cárcel a quienes violen las leyes electorales y fuertes sanciones disciplinarias a quienes abusen de su poder en el Estado para presionar votos ayudarán a que los ciudadanos actúen y castiguen en las urnas las credenciales manchadas de sangre y corrupción.
Las elecciones de 2018 serán una prueba ácida para el sistema político. Sin las Farc como aparato armado, y ojalá con el Eln en tregua, se tendrá la gran oportunidad de romper el cerco de la polarización, derrotar la corrupción y propiciar una primavera de decencia en la política. Es tiempo de fortalecer la participación ciudadana y garantizar que se escuchen las voces de una sociedad civil fuerte y organizada.
La Procuraduría estará atenta para garantizar que el tarjetón electoral tenga el sello indeleble de la ética. Desde ahora advertimos que la recolección de firmas para la inscripción de candidatos a las elecciones de 2018 no puede convertirse en una puerta falsa que precipite la campaña política y burle el régimen electoral. El uso de material publicitario y la presencia proselitista no pueden darse en este momento, y toda actuación que pretenda esquivar las restricciones de ley, con el pretexto del derecho a la participación, debe ser investigada y sancionada por las autoridades electorales.
Los ciudadanos deben reaccionar para impedir que la euforia precipitada e indebida de figuración política vulnere los principios de equilibrio y transparencia que deben regir la contienda electoral. Tenemos que demostrar que sí es posible hacer una campaña política pulcra y apegada a la ley, que responda al momento de inflexión que vive el país. Sin el humo de la guerra nublando el panorama, la ciudadanía debe ser capaz de votar, con los ojos abiertos, contra el odio y el miedo.
La ausencia de ética en las elecciones se expresa de muchas formas. Pero la más dramática es la manipulación y el abuso clientelista de las nóminas y la contratación estatal, que convierte a contratistas que ejercen funciones públicas y servidores públicos en rehenes de los inescrupulosos. Ese tipo de comportamientos hay que acabarlos de una vez por todas. La suscripción o renovación de contratos a cambio de cuentas de cobro electorales, para respaldar a uno u otro candidato, testimonia la corrupción que mina los fundamentos de nuestra democracia.
Las nóminas paralelas en la función pública, que persisten pese a normas y decisiones de la Corte Constitucional, constituyen una vergüenza que pone en entredicho el trabajo digno y decente en Colombia, acrecientan la informalidad y representan una de las más grandes patologías de la función pública. Las nóminas paralelas se han convertido en el paraíso de la corrupción estatal. La Procuraduría investiga las denuncias ciudadanas de desbordadas contrataciones directas que violan la ley, en todas las entidades del orden territorial o nacional. Esta situación es inadmisible.
Las próximas elecciones son la oportunidad para elegir la ética y castigar con el voto la corrupción. Los candidatos deben dar muestras contundentes de su decisión de jugarle limpio a la democracia. En tiempos de redes sociales, es imposible pasar impunes ante los ojos de la opinión pública. Es tiempo de reinventar la buena política y, por supuesto, de demostrar que la justicia no será una observadora inútil de las elecciones.
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
