TM7: el ‘fracking’ de la 7.ª

TM7: el ‘fracking’ de la 7.ª

Hablar de que la medida cautelar del juez 49 “es subjetiva” solo demuestra ignorancia.

30 de mayo 2019 , 08:09 p.m.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) terció, por medio de su vicepresidente jurídico, señor Juan Carlos Quiñones, para coadyuvar a la apelación del fallo afortunado (tanto en lo objetivo como en lo subjetivo) del juez 49, doctor Jorge Luis Lubo, que, en reiteración de fondo a lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, frenó la licitación disparatada de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª (TM7).

De acuerdo con información de la Redacción Bogotá de este diario (EL TIEMPO 29/5/2019, ‘Tres argumentos de CCI para respaldar TransMilenio por la carrera 7.ª’), la CCI decidió “intervenir a favor del Distrito, y como coadyuvante del IDU, en el proceso judicial de acción popular que tiene paralizada la adjudicación de la licitación de TM por la carrera 7.ª”.

En ningún caso cabe afirmar que la intervención de la CCI sea “a favor del Distrito”. El Distrito Capital está compuesto por la totalidad de los ciudadanos, y la apelación que coadyuva a la CCI va en favor de un proyecto de la administración del Distrito, que solo es parte del Distrito, pero no es el Distrito. No deja de sorprenderlo a uno el hecho de que ‘los jurídicos’ nunca tienen claridad jurídica cuando esta no les conviene a sus alegatos.

Así, el vicepresidente jurídico de la CCI supone que la medida cautelar adoptada por el juez 49 a favor de la acción popular interpuesta “por un grupo de vecinos” defiende “intereses particulares (de los habitantes del conjunto Altos de la Cabrera) (…) en contra del interés general de la comunidad”.

El intento de la CCI de desacreditar al juez 49 y de presentarlo como si con su providencia estuviera defendiendo intereses particulares es una falta de respeto con la justicia colombiana.

Si bien la acción popular fue presentada por los vecinos de Altos de la Cabera, en el curso de una larga batalla ciudadana contra un proyecto demencial se han interpuesto más de diez acciones populares con anterioridad a la de los vecinos de Altos de la Cabrera, por vecinos y ciudadanos habitantes del espacio que abarca la totalidad del proyecto y que han demostrado cómo el TM7 no es viable, tal cual lo advirtió un alto funcionario del IDU en documento del 8 de junio del 2018, que el jurídico de la CCI parece no conocer.

Hablar de que la medida cautelar del juez 49 “es subjetiva” solo demuestra ignorancia, tal vez deliberada, del señor Quiñones, en su afán de sacar de las manos de un juez imparcial la medida cautelar para trasladarla a las de otro juez “no subjetivo” que simpatice con la administración. Se le olvida al coadyuvante de la apelación del IDU que en toda apreciación humana, los factores subjetivos se soportan en factores objetivos, y así está estructurada adecuadamente, en lo jurídico, la medida cautelar del juez 49.

También dice el representante de la CCI que el frenazo al TM7 obedece a intereses particulares y que lesiona el mandato del voto programático que le impone a Enrique Peñalosa la obligación de cumplir sus promesas de campaña, una de las cuales sería la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª. Si el señor Quiñones ha revisado con cuidado y con calma el programa propuesto por Peñalosa a los ciudadanos, podrá comprobar tres cosas:

1. Que el noventa y cinco por ciento de lo que allí se promete se incumplió, hasta hoy, y obviamente ya no podrá cumplirse. 2. Que el TransMilenio por la avenida 7.ª no se presenta como una prioridad. Apenas se menciona al desgaire entre otras troncales más necesarias, y a ninguna de las cuales se les ha dado cumplimiento. 3. Que el plan de Peñalosa promete construir la primera línea del metro subterráneo (que ya tenía lista para licitar la administración Petro), como lo dice muy claramente el programa ‘Equipo por Bogotá’ del mismo Peñalosa: “Estamos comprometidos con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Buscaremos la solución técnica que permita hacerlo con la mayor celeridad, menor riesgo de costos y sobrecostos, combinando eventualmente tramos elevados, como lo sugiere la Financiera de Desarrollo Nacional”.

Si los tramos elevados son eventuales, es lógico deducir que la primera línea a la que se refiere el programa de Peñalosa es la del metro subterráneo, y quienes le dieron su voto para alcalde así lo creyeron. La volteada del alcalde hacia el metro elevado fue un engaño para los ciudadanos que le confiaron su voto; pero no hemos oído que la CCI se lamente por esto ni por el detrimento patrimonial, que ya suma billones, ocasionado al erario bogotano al cambiar un metro subterráneo, ya aprobado en todas sus instancias (incluida la Financiera de Desarrollo Nacional) y debidamente financiado, por un metro elevado que, al día de hoy, carece de estudios, de financiación, y está incurso en ilegalidades notorias, denunciadas reiteradamente por el concejal Hollman Morris en amplios debates públicos.

Véase el programa de Peñalosa en: PROGRAMA DE GOBIERNO COALICIÓN EQUIPO POR BOGOTÁ - CAMBIO RADICAL: RECUPEREMOS BOGOTÁ Enrique Peñalosa Londoño Alcalde de Bogotá 2016-2019.

El intento de la CCI de desacreditar al juez 49 y de presentarlo como si con su providencia estuviera defendiendo intereses particulares es sencillamente una falta de respeto con la justicia colombiana. Aseverar que decisiones judiciales afectan “el cabal cumplimiento” de los programas de gobierno es un sofisma burdo para encubrir la ineptitud de los gobernantes y el fracaso de las administraciones, como lamentablemente le está sucediendo a la de Enrique Peñalosa. No es un fallo judicial el que tiene al alcalde mayor de Bogotá con un ochenta por ciento de impopularidad, ni la oposición de un noventa por ciento de los ciudadanos al proyecto de la troncal TM7 obedece a decisiones judiciales.

Para terminar, la última perla del representante de la CCI: “Quiñones defiende que el IDU sí cuenta con los estudios de factibilidad para licitar y que, respecto a los estudios de detalle, estos se encuentran a cargo del futuro contratista (…)”. Pues ahí está el detalle, estimado vicepresidente jurídico. Licitar proyectos sin ingeniería de detalle se penaliza por la Ley 1483 de 2011, dado que la falta de ingeniería de detalle origina la corrupción, que se traduce en sobrecostos inmensos y en desastres financieros —y lo que es peor— sociales y ecológicos, como en los casos de Reficar e Hidroituango, para no citar sino dos ejemplos de lo que podría sobrevenir con la 7.ª en el supuesto de proceder una licitación en la que la ingeniería de detalle “queda a cargo del futuro contratista”. Inverosímil que un vicepresidente jurídico pueda hacer esas afirmaciones, pero ahí están publicadas. La doctora Yaneth Mantilla debería tener en cuenta las experiencias dolorosas sufridas por antecesores suyos como Andrés Camargo, María Isabel Patiño y Liliana Pardo.

El TM7 equivale a un ‘fracking’ urbano. Afectaría desastrosamente no solo a la avenida 7.ª sino a la ciudad entera.

Sal de la rutina

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