Impuestos, depresión, ética pública

Impuestos, depresión, ética pública

El POT de Peñalosa tiene con los nervios de punta a miles de propietarios de clase media.

03 de octubre 2019 , 07:00 p.m.

Un informe de este diario revela que ni con tasas de interés bajas se animan los ciudadanos a tomar créditos para la compra o la construcción de vivienda. (EL TIEMPO, 30/9/2019). Fenómeno extraño. Hasta hace poco “la casa propia” era el sueño de las familias, pero las circunstancias explican el desinterés creciente por ese sueño que, al realizarse, se convierte en pesadilla, y genera la depresión del mercado.

Conozco a bastantes propietarios del inmueble en que viven, desesperados por librarse de la propiedad raíz y pasar al modo arriendo. Aducen motivos suficientes. El primero de ellos, los impuestos casi confiscatorios que gravan la vivienda. Predial, patrimonial, valorización (que no valoriza nada). Con frecuencia les escucho decir a los propietarios afortunados: “los impuestos me están reventando”. Y en efecto muchos se revientan cuando, para pagar los gravámenes de su casa de habitación, tienen que endeudarse, o sobreendeudarse si aún no han cancelado el crédito que adquirieron para comprarla.

Otra razón por la que nadie quiere en estos días créditos de esa naturaleza es la amenaza de expropiación de sus predios, como está contemplada en los supuestos planes de renovación urbana acampados en el Plan de Ordenamiento Territorial de la administración Peñalosa (‘el alcalde expropiador’) que se encuentra en estudio por el Concejo, y que sería aprobado por decreto, si el Concejo se toma una semana de receso, tras de la cual se habrán vencido los términos que tiene para aprobar o negar el proyecto. Jugada astuta para servirle a la Administración la disculpa perfecta de que como el Concejo no cumplió la tarea de aprobar o rechazar el POT, el alcalde, atribulado, “se ve obligado” a aprobarlo por decreto.

El POT Peñalosa tiene con los nervios de punta a miles de propietarios de clase media que se verían obligados a vender su residencia a menos precio, o a ser expropiados si se niegan. Actitud que estaría considerada, según el POT, como obstrucción al desarrollo urbano. La inseguridad jurídica que el POT arroja sobre la propiedad raíz, y el temor de cada quien de que en cualquier momento le den la noticia feliz de que su barrio, su cuadra o su localidad han sido favorecidos con la inclusión en algún plan de renovación urbana, ayudan a que los créditos de vivienda no resulten tan atractivos y provechosos como una visita al dentista con plan de cambio de domicilio.

El común de los colombianos de ambos sexos está gravado con una carga tributaria que excede en mucho su capacidad adquisitiva. Tal exceso impositivo, que está frenando y paralizando la economía, podría reducirse de forma notable, sin perjudicar al fisco, si los recursos que se derivan de los impuestos no estuvieran mermados por frecuentes despilfarros escandalosos.

En el caso de Bogotá, por ejemplo, se han malgastado doscientos sesenta mil millones en autobombo de la Administración; ciento cincuenta mil millones en canchas sintéticas; más de trescientos mil millones en sobrecostos de obras pública por la demora inexplicable de su entrega dentro de los plazos estipulados; más de cincuenta mil millones en arreglo de parques que, verbigracia el del Japón, no requerían ningún arreglo, y quedarán desarreglados. Y está el pequeño contrato de once mil millones de pesos otorgado por la administración Peñalosa a la Escuela Luis Carlos Galán para el desarrollo de la Democracia (54 %) y a la Universidad Gran Colombia (46 %), según lo revela José Roberto Acosta (‘Transmilenio y la suerte de los Galán’, El Espectador, 28/9/2019). El objeto de dicho contrato es para someterlo a la admiración de la posteridad incrédula: “Mejorar la percepción ciudadana de la inseguridad en TransMilenio”. Los contratistas, la Escuela Galán y la U. Gran Colombia, “podrán contratar mínimo 411 personas en pleno período de Ley de garantías electorales”, dice Acosta.

Aquí no solo hay un posible delito de violación de la ley, sino una falta evidente contra la ética. Uno de los miembros más prestantes de la familia Galán, Carlos Fernando Galán Pachón, es candidato a la alcaldía de Bogotá, y debería conocer, mejor que nadie, las obligaciones que le impone la ética a cualquiera que aspire a un cargo público de elección popular.

Otro ejemplo elocuente de despilfarro de los dineros públicos es el proyecto Hidroituango, un desastre descomunal que le va costando al país más de tres billones de pesos extras, roto que con seguridad tendrán que coser los contribuyentes.

No podemos cansarnos de repicar sobre la importancia del voto correcto, del voto meditado, sopesado y estudiado para elegir a quienes van a representarnos en las entidades administrativas y legislativas. El ciudadano debe tomar conciencia de que cuando vota no lo hace a favor ni en contra de un candidato o candidata. El ciudadano vota es a favor de sí mismo, para garantizar que aquellos a quienes elige como servidores públicos lo sean efectivamente. Los elegidos no son nada más, ni nada menos, que servidores de la comunidad. Si los ciudadanos escogen buenos servidores públicos, estarán bien servidos. Si se equivocan y le dan su voto a un corrupto, a un inepto, no podrán esperar otra cosa que ineptitud y corrupción.

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