El asunto del fraude

El asunto del fraude

No está de más que nos colabore la Unión Europea con una veeduría que despeje cualquier posible duda

23 de agosto 2019 , 07:00 p.m.

Aquella expresión tan familiar que repetimos quejicosos en las jornadas electorales como quien se lamenta por rutina de una enfermedad incurable, con la cual se ha resignado a convivir: “el que escruta elige”, no sobra saberlo, es colombiana y fue acuñada a mediados del siglo diecinueve por el político liberal Ramón Gómez (apodado ‘el sapo’) cuando observó que al poder no se podía llegar por las urnas democráticas, sino por las armas fratricidas, y lo achacó acertado al hecho de que las elecciones las ganaba invariablemente el partido que controlara el escrutinio.

Sería muy largo contar el cuento del fraude electoral en Colombia, con las nueve guerras civiles (incluida la de los Mil Días) a que dio origen en el siglo XIX, y la hegemonía clerical-conservadora (1914-1930) que se sostuvo a punta de fraude y un magnicidio (Uribe Uribe). A despecho de brotes esporádicos de violencia, algunos de ellos muy sangrientos, con los que se trató de desestabilizar el gobierno de la República Liberal (1930-1946) no hubo en ese período ninguna queja por fraude electoral ni la menor sospecha al respecto. La derrota del liberalismo, dividido, por el conservatismo, unificado, en las elecciones de mayo de 1946, puso fin a la República Liberal y cedió el paso a un gobierno minoritario, presidido por Mariano Ospina Pérez, que hubo de apelar a la colaboración del partido opositor, mayoritario en Cámara, Senado, concejos y asambleas. No obstante, la cooperación liberal en el gobierno de unión nacional, desde ese gobierno, en connivencia con los sectores más retrógrados de la Iglesia católica, y al calor de la Guerra Fría, se desató una “guerra santa” que no era otra cosa que el exterminio físico del liberalismo ateo, comunista y diabólico, como proclamaban en los púlpitos los oradores sagrados.

Pero es obligatorio reconocer que en el gobierno de Ospina Pérez no hubo fraude electoral. El liberalismo ganó por amplias mayorías las elecciones sucesivas que se realizaron hasta 1947. Ocurrieron enseguida el magnicidio de Gaitán y el 9 de abril, se multiplicaron las masacres de campesinos liberales indefensos, reaccionaron ellos y se organizaron en guerrillas, y Ospina, amenazado de un juicio por el Congreso de mayoría liberal, respondió con el cierre del Legislativo, la censura de prensa, el estado de sitio y demás arandelas que caracterizan una dictadura. El último fraude de esa primera mitad del siglo XX, descrito en su renuncia por el registrador del Estado Civil, Eduardo Caballero Calderón, como “sangrienta farsa”, fue la elección del falangista Laureano Gómez en noviembre de 1949. Un fraude innecesario, porque Gómez era candidato solitario, ante el decreto de la abstención electoral por el liberalismo. Aun así, Gómez puso en las urnas un millón quinientos mil votos, el triple de los que había sacado, cuatro años antes, el conservador Ospina Pérez. Hubo votantes tan entusiasmados con la candidatura Gómez que, sin el mínimo control, sufragaron hasta cuatro y cinco veces.

Con esos antecedentes, y volviendo a nuestros días, podemos decir que el axioma ‘el que escruta elige’ no ha perdido vigencia. Incluso se ha consolidado gracias a los sistemas electrónicos de escrutinio, como el software. Hoy podríamos decir “el que maneja el software, elige”. Y no lo digo yo, lo afirma un experto, citado por el analista internacional Alfredo Jalife: “En su explosiva entrevista a Teheran Times, el confeso agente de la CIA Robert David Steele aseguró que gracias a la empresa Diebold que maneja(ba) el voto digital (screen touch) de las máquinas electrónicas para votación, ‘el vencedor puede ser elegido antes de que se emita el primer voto’ ¡Vaya democracia digitalizada (en el doble sentido)!”.

Aquí aún no tenemos el voto electrónico, aunque disfrutamos de un “escrutador electrónico”: el software de la Registraduría, que para los efectos del resultado electoral “programado” viene a ser lo mismo. No dudo de la probidad con que la Registraduría maneja el software ni cuestiono la seriedad del escrutinio electrónico, pero en aras de la tranquilidad de los ciudadanos que depositan su voto confiados en que los resultados oficiales reflejarán voto a voto la voluntad de los participantes en el derecho al sufragio, no estará demás que, de acuerdo con la sugerencia del senador Gustavo Petro, nos colabore la Unión Europea con una veeduría que despeje cualquier posible duda, emanada básicamente del factor de que los software son programables, como lo indica el experto mencionado.

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