Bogotá sin futuro

Bogotá sin futuro

Ojalá esas alarmas suenen principalmente en el oído de los ciudadanos.

12 de septiembre 2019 , 07:00 p.m.

Alarma la lectura del documento (de gravedad escandalosa) ‘Informe final de auditoría de regularidad Empresa Metro de Bogotá S. A. (EMB)’, presentado el pasado mes de agosto por la Contraloría de Bogotá D. C. (PAD 2019, Código Auditoría n.° 67). El informe, elaborado por el equipo de auditores profesionales y especializados de la Contraloría Distrital, ocupa 190 páginas, presenta cincuenta y cinco hallazgos (irregularidades) ocurridos en la gestión de la EMB (elevado) en el año 2018, así: 29 hallazgos administrativos, 19 que ameritan sanción disciplinaria, 3 que ameritan investigación penal, y 4 fiscales por valor de 1.005’738.198 pesos.

A las 55 irregularidades halladas por los auditores, y expuestas ante la opinión pública por el candidato de Colombia Humana, UP y Mais a la alcaldía de Bogotá, concejal Hollman Morris, como un hecho de corrupción evidente, la EMB (elevado) ha respondido que en el documento de la Contraloría no se menciona la palabra corrupción, y trata de minimizar con esa salida por la tangente la gravedad del informe y de las denuncias del candidato Morris. Es lógico que el informe de la Contraloría sobre gestión del metro elevado de Bogotá en el 2018 no mencione el vocablo corrupción. Los auditores no están emitiendo conceptos sancionatorios ni calificativos, sino informando (por eso se llama ‘Informe’) de hallazgos (irregularidades) encontrados en el curso de su investigación auditora y plasmados en el ‘Informe final’.

Como no es posible en una columna resumir las 190 páginas del informe de la Contraloría Distrital, citaré, como ejemplo para ilustrar al lector y a los ciudadanos sobre la enormidad del asunto, el siguiente numeral:

“3.1.3.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor de $768.177.725, porque la entidad cometió probables irregularidades en las fases precontractual y contractual del proceso de contratación que derivó en la suscripción y ejecución del contrato n.° 137 de 2018, vulnerando la normatividad vigente” (pp. 17-46). En ese contrato 137 de 2018, la Contraloría encontró doce (12) irregularidades, que analiza a lo largo de treinta páginas, para concluir:

“Por lo analizado en los párrafos anteriores la respuesta (de la EMB) no desvirtúa la observación, por lo tanto, se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor de $768.177.725. Se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, a la Personería de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia y debe incluirse en el Plan de Mejoramiento que presente la entidad”.

Queda, pues, en manos de esas entidades la investigación penal y disciplinaria que defina si en el caso del metro elevado de Bogotá estamos ante el más grande escándalo administrativo y de detrimento patrimonial en la historia de Bogotá. Esas denuncias las hemos formulado desde hace más de tres años varios periodistas, y sobre las mismas el concejal Hollman Morris ha hecho debates documentados y serios en el Concejo; pero ahora salen del ámbito de la información y opinión mediáticas, y asumen un carácter oficial emanado de un ente de control.

También acaba de publicarse un libro, que he podido revisar a la carrera por haberme llegado hace apenas tres días, titulado sugestivamente ‘Metro elevado, ¿un nuevo Reficar u Odebrecht?’, del que son autores Juana Afanador y David García (Oveja Negra, 2019), investigadores con varios títulos profesionales y doctorados, según informan sus respectivos CV en las solapas del libro. La autora y el autor aportan una historia detallada de los intentos fracasados por dotar a Bogotá de metro subterráneo, desde 1942 hasta hoy, y analizan, con la frialdad indispensable, las implicaciones de corrupción en el proyecto metro elevado del alcalde Peñalosa, que por segunda vez le pone conejo a Bogotá y le embolata el metro subterráneo.

El libro de Juana Afanador y David García dice en la contratapa: “El BID pidió denunciar cualquier irregularidad sobre la construcción del metro de Bogotá (elevado). Esta publicación ahonda en una serie de inconsistencias y arbitrariedades que sirven de reflexión para la opinión pública, los diferentes organismos interdisciplinarios y de control, para informarse y actuar antes de que se repita de nuevo la historia. ¡Se prenden las alarmas!”.

Ojalá esas alarmas, que ya están prendidas en el informe de la Contraloría Distrital, y que este libro de Juana Afanador y David García multiplica, suenen principalmente en el oído de los ciudadanos para ayudarles a tomar la decisión correcta de por quién van a depositar su voto en las urnas el 27 de octubre, y si a ellos, como los reales afectados por el detrimento patrimonial y el fracaso total de esta administración, les conviene elegir candidatos continuistas, o deciden con entereza darle un vuelco a la situación aflictiva que hoy vivimos y poner al frente de la alcaldía a un candidato alternativo, como lo es Hollman Morris, que tiene claras las inmensas necesidades de la ciudad, y conoce que las soluciones no pueden ser tomadas a espaldas de la ciudadanía, como lo ha venido exponiendo ante los bogotanos en el curso de su campaña electoral.

Con las 55 irregularidades halladas por la Contraloría en esa telaraña de corrupción que parece ser la EMB (elevado), corroboradas en el libro ‘Metro elevado, ¿un nuevo Reficar u Odebrecht?’, no creo que la administración Peñalosa tenga la audacia non sancta de abrir y contratar la licitación del metro elevado ni que haya ningún contratista, por agalludo que sea, que se anime a inmiscuirse en esa trama contra una ciudad de diez millones de habitantes. De acometerse, la hazaña triste haría de Bogotá una ciudad sin futuro.

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