Qué va a pasar con Nicaragua

Qué va a pasar con Nicaragua

La consulta en asuntos de política internacional ya existe en la Constitución suiza.

02 de septiembre 2018 , 11:38 p.m.

Si algo importante pasó en Colombia el domingo pasado con la consulta contra la corrupción, así no se hubiera logrado el umbral para hacerlo aún más obligatorio, es que demostró que el ciudadano de a pie expresó, sin presión alguna y sin prebendas, el rechazo unánime contra la corrupción rampante de la clase política y la forma como se ha manejado el Estado en beneficio propio, o muchas veces en detrimento del ejercicio de la soberanía y defensa de nuestra integridad territorial.

Con el resultado de la votación en la consulta contra la corrupción se abrió un espacio nuevo para la democracia en Colombia. Es el constituyente primario el que aprueba o rechaza las actuaciones de Gobierno o del Congreso, y en mi concepto también el mal manejo de la relaciones internacionales cuando se afecta la integridad territorial del Estado, que es más grave que la corrupción, es permitir que por ignorancia o negligencia de los representantes o agentes del Estado se cercene el territorio nacional sin que haya responsables directos.

La consulta o el referendo en asuntos de política internacional, como yo lo sugeriría para Colombia, ya existe en la Constitución suiza que la autoriza, entre otras cosas, a decidir el ingreso a entidades de carácter supranacional. Así lo hizo en España con el ingreso en la Otán e Inglaterra para retirarse de Unión Europea (‘brexit’).

Qué bueno sería que el ciudadano común pudiera pronunciarse, por ejemplo, sobre la acción diplomática del Estado colombiano frente a las pretensiones de Nicaragua y la improvisada e innecesaria renuncia del Pacto de Bogotá de 1948; teniendo en cuenta que en el fallo del 19 de noviembre de 2012 Colombia perdió cerca de 75.000 kilómetros de costa y nos desintegraron el archipiélago de San Andrés, amén de que, como consecuencia de la renuncia al Pacto de Bogotá de 1948 y su mala interpretación, Nicaragua nos presentó dos demandas más: una sobre el incumplimiento del fallo de 2012 y otra sobre su pretensión de una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas.

No sobra recordar que el Pacto de Bogotá es uno de los tratados básicos del sistema interamericano, que fue inspirado por Colombia y que sugirió la Corte Internacional de Justicia como última instancia para garantizar la solución pacífica de todas las controversias entre los Estados americanos.

Sin embargo, el expresidente Santos presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá que motivó una sentencia sobre cuyo contenido tengo serias reservas. A su vez, la canciller saliente, María Ángela Holguín, sostuvo erróneamente al anunciar la denuncia de este instrumento que tenía efecto inmediato, cuando el mismo pacto establece (art. 61) que no entra en vigencia sino después de un año, como lo ratificó la Corte de La Haya. Fue en este interregno, como hemos dicho, que Nicaragua presentó las dos demandas mencionadas.

No creo necesario reiterar mi posición sobre la errática defensa de Colombia frente a Nicaragua, la cual en síntesis se resume en sugerir que se declare a San Andrés como archipiélago de Estado conforme a las normas y costumbre en el derecho del mar y la ley vigente número 10 de 1978). Colombia ha perdido en todos los fallos y excepciones preliminares. No más pérdidas territoriales.

Es a la administración del presidente Duque a la que le corresponde decidir si vamos a seguir con la misma estrategia en La Haya, o si habrá otro giro, sin componendas políticas, con un nuevo equipo y que obedezca exclusivamente a la defensa de nuestro archipiélago de San Andrés. Esta es la última oportunidad que tiene Colombia de enderezar los entuertos del pasado con una visión distinta y mirando hacia el futuro.

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO

Columnistas

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