Confieso que yo leí, como muchos colombianos, las 297 páginas de que consta el ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, suscrito el 24 de agosto entre los negociadores del Gobierno y las Farc y me aclaró muchas dudas, aunque no todas.
Sigo pensando que fue inconveniente asimilar el Acuerdo final a “los acuerdos especiales” a que se refiere el artículo 3 común de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 e incorporarlo al bloque de constitucionalidad. Y, peor aún, que se hubiera incorporado en el acto legislativo reformatorio de la Constitución.
Mis argumentos los consigné en un concepto remitido a la Corte Constitucional, que fue respaldado por el pleno de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y difundido en publicación especial. Pero con todo y eso votaré por el Sí en el plebiscito, el 2 de octubre. Me tranquiliza que la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito no incluyera este aspecto como parte de la consulta.
Pero, aparte de ello, destaco la presencia y la activa participación de las víctimas en el largo proceso de negociación de los acuerdos en La Habana. Todos han dado muestra y ejemplo a la sociedad colombiana de su valor, coraje y nobleza al perdonar a quienes fueron los victimarios de sus seres queridos.
He tenido la oportunidad de oírlos en conferencias y paneles sobre este tema y me ha sorprendido que, a pesar del dolor que han sufrido, son los primeros que abogan por la conciliación y la paz entre todos los colombianos. Ellas, como ninguno, quieren que no se repitan los horrores de la guerra, que ha dejado miles de muertos, discapacitados y desplazados a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Sobra decir que está condicionado a que se conozca la verdad. Muchos de ellos han manifestado que más que enviar a la cárcel a sus verdugos, lo que solicitan es que se sepa enteramente la verdad sobre lo que ocurrió con todas sus circunstancias. Incluida la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y derecho internacional humanitario por parte de los agentes del Estado o la Fuerza Pública.
Es que, en fin de cuentas, todo el acuerdo está orientado a proteger la vida humana y sancionar a quienes, según el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma, estén incursos en esta categoría de delitos. Ese es el objetivo, y no otro, del sistema de justicia transicional y de la Jurisdicción Especial para la Paz. De ahí la importancia que va a tener la designación y el cumplimiento de los requisitos de los magistrados que integran el Tribunal de Paz.
En últimas, de su actuación va a depender el éxito y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Esperamos que en su nombramiento no opere el clientelismo político o judicial. Sería un buen comienzo para desterrar todas las prácticas de corrupción que señala el Acuerdo final.
Serán muchas las verdades que se intuyen y no han sido plenamente comprobadas y que cuando se verifiquen van a ser los pilares que garanticen una verdadera paz “estable y definitiva”.
No podemos engañarnos: en este análisis debe incluirse la responsabilidad que le cabe a una clase dirigente que desatendió durante muchos años los reclamos sobre la desigualdad y la pobreza de los habitantes del campo y que se convirtieron en caldo de cultivo del conflicto armado.
Esta es la oportunidad de corregir todos estos errores y situaciones y darle paso a una sociedad más democrática e incluyente en que todos podamos participar tranquilos y seguros.
ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO
