En opinión de la Secretaría de Ambiente (SDA), la política distrital de calidad del aire que se encontraba vigente hasta la llegada de la administración Peñalosa debe ser revaluada y modificada de manera significativa. Esto incluye derogar lo descrito en el decreto 098 de 2011, en particular lo referente al denominado “programa de filtros”, iniciativa que buscaba hacer obligatorio el uso de tecnología de control de emisiones (v. g., filtros de partículas) en la totalidad de la flota diésel que circula por la ciudad. Sin duda, esto es un paso en la dirección equivocada y el antecedente para que millones de bogotanos continúen expuestos por un período de tiempo indeterminado a una atmósfera nociva para su salud.
Lo primero por resaltar es que la SDA, desde hace varias administraciones e incluyendo la actual, ha optado por utilizar indicadores incorrectos para determinar el nivel de contaminación en la ciudad. Esto a pesar del insistente llamado de múltiples voces técnicas que claman por una valoración del problema que no se limite a un promedio anual estimado para todo el territorio urbano del Distrito.
Este es un tema que trataré en mayor detalle en una próxima columna, pero destaco que no hay que ser experto en esta materia para reconocer que no significa mucho una única cifra que representa el valor promedio de un año para mediciones realizadas cada 10 minutos en una docena de estaciones distribuidas en un área de centenares de kilómetros cuadrados.
Más aún, resulta indolente que, según tales estadísticas, en la actualidad se cumpla la norma anual para el material particulado. De acuerdo con dicho resultado, podríamos concluir que en Bogotá no hay problema de contaminación. ¿En serio? ¿Pretendemos tapar el sol con las manos? ¿En lugar de controlar las fuentes de polución nos dedicaremos a artimañas numéricas con los datos disponibles?
Volviendo al decreto 098, lo allí descrito es fruto de sendos esfuerzos que implicaron años de estudio y miles de millones de pesos de inversión. Esto no solo para diagnosticar que el material particulado es el contaminante de mayor interés en la ciudad, sino también para ratificar que Bogotá no es ajena al conocimiento mundial en estos temas, en donde toda política de calidad del aire se basa en tres premisas: 1) Eficiencia energética, 2) Promoción de combustibles limpios, 3) Uso de tecnología de control de emisiones. Para los primeros dos ítems, Bogotá (al igual que el resto del país) ha avanzado de forma importante por medio de los sistemas de transporte masivo e integrado, así como por la mejora en el ACPM lograda después de la promulgación de la Ley 1205 de 2008.
En la actualidad, dada la estrategia general de desmonte del transporte colectivo y en el contexto de un diésel cuyo contenido de azufre es inferior a 50 partes por millón, podemos decir que parte de la tarea se ha desarrollado con éxito. Sin embargo, estos triunfos contrastan con la deuda histórica, tanto a nivel nacional como distrital, en lo que se refiere a normas ambientales que hagan obligatorio el uso de dispositivos de control para vehículos alimentados con combustible diésel.
Que nos quede claro, no existe alternativa costo-efectiva al uso de tecnologías de control en la fuente (que, para el caso de filtros de partículas, alcanzan reducciones de emisiones en cuantías superiores al 95 %) ni hay ciudad del mundo que haya logrado mejorar su aire sin utilizar dichas tecnologías. Y que lo entienda el Distrito: la dificultad de implementar lo que tiene sentido técnico no es razón para abandonar las buenas prácticas internacionales, sino demostración del desafío y responsabilidad que enfrentan para mejorar el bienestar de sus gobernados. Y también resulta conveniente recordarles que, según el mismo plan que ahora derogan, el beneficio social y económico asociado con un buen aire es siete veces mayor al costo de las medidas que se requieren para lograrlo.
EDUARDO BEHRENTZ@behrentz
