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Artículo 44: no invierta en Colombia. Las reglas no se respetan

Artículo 44: no invierta en Colombia. Las reglas no se respetan

Mal haría Colombia en enviar un mensaje tan negativo al mundo en estos momentos.

20 de junio 2021 , 11:44 p. m.

En los primeros meses de este año, un periodista de La Silla Vacía, Jerson Ortiz, comenzó a oler un gato encerrado en un proyecto del Código Electoral que apenas fue debatido en el Congreso.

Se le hacía raro un artículo que el registrador nacional Alexánder Vega defendió hasta la saciedad.

Con sumo cuidado estudió la situación y habló con diversas fuentes, para corroborar lo que sospechaba: que un artículo en el proyecto le abriría las puertas a la Registraduría para obtener el control total –y no solo electoral, como lo dicta la Constitución– de la autenticación de todos los datos biométricos de los colombianos.

Las fuentes le validaron a Ortiz que estaba en lo cierto. La Registraduría, a través del artículo 44 del Código, monopolizaría todos los datos e información diversa de nosotros. Según escribió Ortiz, la Cámara de Comercio Colombo Americana dijo que tal movimiento “es más propio de regímenes totalitarios”.

Pese a que pocos medios se han preocupado por esto, en las más de 40 intervenciones que se han realizado desde enero, un 33 por ciento ha pedido la anulación del polémico artículo. Gremios, empresas nacionales e internacionales, abogados constitucionalistas y organizaciones defensoras de la privacidad y los derechos humanos han puesto el grito en el cielo.

“Posicionar a la Registraduría como el proveedor exclusivo... para prestar el servicio de identificación biométrica resulta inviable”, señaló Colombia Fintech, la Asociación de empresas ‘fintech’ del país, en un documento que le envió al Ministerio de las TIC este mes.

En diciembre de 2020, el representante a la Cámara Mauricio Toro indicó que “esto va en contravía no solamente de todas las políticas y tratados internacionales, sino de la propia intimidad y autonomía de los ciudadanos, y va incluso en contra de la libertad de empresa. La Registraduría no tiene por qué estar estatizando estos datos y administrándolos de manera exclusiva”.

Senadores del Centro Democrático también opinaron parecido.

¿Qué significa todo esto? Que si el artículo, cuya constitucionalidad está siendo evaluada por el magistrado de la Corte Jorge Ibáñez, pasa, decenas de empresas de biometría tendrían que cerrar, puesto que el negocio quedaría en manos de la Registraduría, particularmente en cabeza de su aliado tecnológico, la todopoderosa empresa francesa Idemia, que tiene contratos con el ente desde 1998.

A las empresas de biometría israelíes, estadounidenses, indias, españolas, chilenas y argentinas, que tienen inversiones en Colombia, el país les estaría propinando una grosera bofetada y diciéndoles que aquí las reglas acordadas internacionalmente no se cumplen. Algunos embajadores se han mostrado muy preocupados por lo que está sucediendo. Mal haría Colombia en enviar un mensaje tan negativo al mundo en estos momentos.

El sector ‘fintech’, bancario, de seguros, empresas del sector real como los negocios al por mayor y otras compañías que tienen una fuerte operación en torno a la biometría y datos de los colombianos dependerían ahora de los caprichos y la burocracia de la entidad para poder operar todo lo relacionado con datos de la ciudadanía.

Por ejemplo, en todas las empresas donde ingresamos con huella, los aparatos instalados solo serían válidos si la Registraduría los aprueba.

Si no, esta les diría qué compañía podría suministrar dichos aparatos y su precio.

Migración Colombia, con su identificador de huellas y de iris, otro ejemplo, podría verse obligada a ceder su operación a la Registraduría.

Como señaló Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, nos encaminamos a un Gran Hermano donde la autoridad electoral sabrá todo acerca de nosotros. ¡Qué amenaza para las elecciones! En manos de la Corte está el impedir una certera estocada a la democracia.

DIEGO SANTOS
Analista digital
diegosantos1978@gmail.com

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