Reorientar los recursos de la guerra

Reorientar los recursos de la guerra

¡Que no paren las movilizaciones por la educación superior!

04 de noviembre 2018 , 11:30 p.m.

En Colombia no se ha entendido lo que implica haber finalizado el conflicto armado más largo del continente, pues cómo explicar que luego de dos años de firmado el acuerdo de paz, el sector de defensa y seguridad representa el 13 por ciento del gasto público (33,5 billones), que es superior a lo que se destina para salud y trabajo. Y es 8 billones inferior al de educación. Estas cifras dejan ver las prioridades de un país que decide aumentar su presupuesto de defensa como si continuara en conflicto armado, aun sabiendo que el número de enfrentamientos de las Fuerzas Armadas ha disminuido en un 98 por ciento, según el Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos).

La realidad de Colombia es que es uno de los países más desiguales del mundo, con un crecimiento económico moderado e inferior al potencial, donde cerca de la mitad de la población trabaja en la informalidad sin las condiciones básicas de seguridad social. Estas son heridas sociales que ha dejado un conflicto armado de más de 60 años, las cuales, en un país coherente, deberían subsanarse en el posconflicto redirigiendo los recursos que eran destinados para conflicto hacia la educación.

La necesidad de asignar mayores recursos a la educación va más allá de un argumento moral, pues la educación, en especial la educación superior, es un factor importante para generar movilidad social, un crecimiento económico sostenible y, con esto, oportunidades de empleo formal. De esta manera, se puede entender que los actuales debates sobre la financiación de la educación superior pública trascienden la coyuntura presupuestal. Estos deben responder a la necesidad de generar una transformación en la política pública educativa, de manera que sea el motor de cambio para construir un país más equitativo, productivo y con mejores oportunidades de empleo.

Partiendo de que el debate sobre la educación superior pública es de carácter estructural, no se pueden dar por terminadas las discusiones con los recientes y escasos recursos asignados, por el contrario, deben ampliarse a toda la sociedad. Esto implica reconocer al menos tres aspectos fundamentales para avanzar hacia una evolución de la política educativa.

Primero, reconocer una deuda histórica con la educación superior, la cual, por décadas, no ha sido una prioridad nacional. Fruto de ello son los más de 18 billones de pesos que el Estado les adeuda hoy a las universidades públicas. Este abandono se ve reflejado en la precaria infraestructura de las instituciones, en el debilitamiento de su planta docente, en la falta de recursos para investigación y, en general, en la crisis financiera que las asedia. Pero no basta con el reconocimiento, sino que es necesario un plan real de pagos a mediano plazo de la deuda para garantizar su correcto funcionamiento.

Segundo, es necesaria una reasignación del gasto público, de manera que se reflejen las nuevas prioridades del país. Es urgente una disminución del presupuesto de seguridad y defensa, que hoy no requiere el mismo pie de fuerza ni armamento que en las épocas más álgidas del conflicto armado. No puede ser posible que un país que se ha decidido por el fin del conflicto siga destinando la misma cantidad de recursos, porque estos necesariamente deberían estar siendo reasignados a sectores como educación, salud y gasto social para poder reparar definitivamente las secuelas de la violencia.

Finalmente, una problemática estructural requiere una solución del mismo carácter, que pase por una reforma de la Ley 30 de 1992 por la cual se orienta la política pública de educación superior, pues hoy, más de 25 años después de su implementación, es necesario renovarla. Sin embargo, esta reorientación de la política pública de educación superior debe realizarse con la participación de los diversos sectores, tanto políticos como sociales y educativos. Es necesario que se empiece a discutir sobre el tema sin darles la espalda a los estudiantes, docentes, universidades ni a la sociedad civil.

Colombia ha de entender la oportunidad única de generar un cambio en la dirección del país, donde las grandes movilizaciones estudiantiles no son un simple capricho de algunos ni se acaban dándoles unos cuantos pesos más a las universidades. Es el momento preciso para transformar las prioridades del país con el fin de afrontar la desigualdad y generar mayores oportunidades de desarrollo.

DIEGO DUQUE
Estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Líder de Todos por la Educación.

MÁS COLUMNAS

Columnistas

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.