La realidad de muchos ciudadanos en el mundo, que por diferentes motivos deciden recurrir a las aplicaciones de economía colaborativa como las de movilidad, debería ser un tema prioritario para el Gobierno colombiano, pues tiene a más de 3,8 millones de desocupados (según el Dane, con corte a mayo de 2021) y son más de 300.000 familias las que generan ingreso adicional por medio de estas ‘apps’, sin contar a los miles de usuarios que eligen diariamente esta opción para su movilización. Como bien dice nuestra Constitución, el interés general debe primar sobre el interés particular.
El país vecino Ecuador nos dio ejemplo con el gran paso que dio para garantizar los derechos a la libertad del ciudadano para escoger en qué movilizarse, y a realizar actividades colaborativas que impulsen la economía. Este país permitió la regulación normativa y autorizó el funcionamiento de plataformas de movilidad para que las personas tengan oportunidades de ingresos y sobrevivan al desempleo en tiempos de pandemia y crisis económica, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la ley.
Este logro ha sido posible gracias a que la Corte Constitucional de Ecuador modificó el artículo de “regulación y autorización de plataformas digitales” del “Proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” que objetó el presidente de la República para que fuera constitucional y razonable.
En tiempos de pandemia, las plataformas de movilidad lograron generar millones de oportunidades a nivel mundial. En Colombia, las plataformas son un hecho, existen, son legales, se utilizan y, sobre todo, promueven la competencia en beneficio del usuario. La regulación es necesaria para evitar los monopolios. Nuestro país debe mirar los grandes pasos que está dando Ecuador, pasos que guían a un futuro incluyente en el que las economías colaborativas son vistas como aliados del desarrollo y no como un problema menor que hay que ignorar o, lo que es peor, perseguir a honestos conductores a los que pretenden absurdamente equiparar con delincuentes, como en días pasados lo sugirió la Superintendencia de Transporte.
En Alianza IN seguimos convencidos de que Colombia es un país democrático, que debe garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a escoger en qué y cómo movilizarse. No perdemos la fe en que el Gobierno Nacional materialice la determinación que en campaña política y durante su mandato prometieron sobre la regularización transparente y equilibrada de las plataformas de movilidad para poder estar a la altura de países hermanos como Ecuador. Y como él, hay ejemplos de varios países en todo el mundo, pero lo que falta aquí, en Colombia, es la voluntad de algunos.
No nos dejaremos amedrentar por conductas de persecución, por amenazas de los que siempre han tenido el control ni por los que siguen defendiendo políticas obsoletas que solo benefician los intereses de algunos poderosos que se creen intocables. Debemos tener una regulación clara y transparente.
Si en Ecuador y en más de 80 países pudieron, ¿por qué volver a ser los últimos?
DAVID LUNA
Presidente de Alianza In y exministro de las TIC
