‘Bodeguita uribista’: el riesgo del monitoreo y coordinación oficial

‘Bodeguita uribista’: el riesgo del monitoreo y coordinación oficial

En este caso estamos hablando de cibertropas, no de simples bodegas y otras son las consecuencias.

20 de febrero 2020 , 07:48 p.m.

El fin de semana pasado la “bodeguita” se lanzó al contraataque. Bajo la etiqueta #Soybodegauribista volvieron a ser tendencia nacional y lanzaron una campaña para defenderse de las acusaciones que enfrentan. Su narrativa es que no son más que un ‘club de fans’ de Álvaro Uribe en Twitter y están siendo perseguidos injustamente por ejercer su libertad de expresión. Sin embargo, ese mismo ‘modus operandi’ ha sido documentado en 70 países del mundo. Se llama manipulación organizada de redes y está siendo utilizada por gobiernos y regímenes autoritarios, con diferentes riesgos para los ciudadanos. Empezando por Venezuela.

Según el informe 'El Orden Global de Desinformación 2019' del Centro de Internet de la Universidad de Oxford, las cibertropas son actores gubernamentales o partidistas a los que se “les ha encargado la tarea de manipular la opinión pública en línea”. Hay 44 democracias y 26 dictaduras donde las cibertropas se han vuelto una forma de acoso y de obtención de información sobre opositores, medios y minorías. Esta práctica resulta más económica que las interceptaciones ilegales –conocidas como ‘chuzadas’–, pero puede ser complementaria e igualmente nociva.

Aunque está pendiente la investigación disciplinaria sobre la ‘bodeguita’ uribista, sabemos por la Liga contra el Silencio que dos funcionarios del Gobierno, Claudia Bustamante y Víctor Muñoz, administraron un grupo de WhatsApp con 88 integrantes que además tenía participación activa de varios contratistas del Estado. Este espacio virtual tenía roles y tareas definidos para atacar a periodistas y ciudadanos en Twitter de forma organizada a través de etiquetas como #JuvinaoMePoneEnPeligro y #JulitoNosQuiereCallar.

El problema es que las víctimas de esta persecución digital eran ciudadanos que normalmente los servidores públicos deben proteger. Y esto, si se prueba, configuraría un abuso de poder, como lo mencionó la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, en entrevista con RCN Radio.

Una de las tareas de estas cibertropas, según el informe de Oxford, es “desplegar un grupo de ´troles´ que se encarga de hacerle bullying a disidentes o periodistas con el objetivo de ‘acallarlos’ ”. Por cuenta del ataque contra Camila Zuluaga –donde el grupo en cuestión impulsó #CamilitaEstasPillada–, la periodista recibió 287 menciones por hora de las 10 a. m. a las 10 p. m. de 23 de septiembre del año pasado, según reporte de Linterna Verde. Esto, sumado a los datos personales y a los memes que se hicieron virales, es una forma de ciberacoso y tiene efectos emocionales en sus víctimas comparables al ejercicio de violencia física y sicológica –como lo ha analizado la organización Online SOS–.

Hay tecnologías que están potenciando estas cibertropas en el mundo con distintos niveles de sofisticación. Está creciendo la tendencia de algunas agencias gubernamentales de adquirir softwares dedicados a monitoreo de cuentas, publicaciones y tendencias en redes sociales. Estas herramientas, además de ofrecer análisis generales, permiten hacer detallados ‘perfilamientos’ con base en las interacciones, contenidos y datos en línea de ciudadanos concretos.

Cualquier abuso de este tipo de monitoreos es problemático, pero en manos del Estado puede convertirse a la postre en un expediente secreto sobre cualquier persona. Así pasó recientemente en Chile en el caso de un informe compartido por funcionarios públicos que –a través de inteligencia a cuentas de Twitter– buscaba identificar el origen de las movilizaciones sociales.

Con ese riesgo en mente, la regulación de datos de la Unión Europea (GDPR) requiere a las entidades nacionales que declaren si usan esas herramientas y a tener mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer reclamaciones sobre el historial que a través de estos datos se construye sobre ellos. (Ver ejemplo del ECB)

En un país como Colombia, con un largo historial de vigilancia irregular y elaboración de ‘listas negras’ con consecuencias nefastas, no hay que pasar por alto esta alerta. Habrá entonces que entrar a investigar qué tipo de herramientas usan las cibertropas criollas y quién está pagando esta tecnología. Pues, como dice el informe de Oxford, cooptar las redes sociales se convirtió en una poderosa herramienta que les permite a los gobiernos “darle forma a la discusión pública y distribuir propaganda en línea, mientras –simultáneamente– vigilan, censuran y restringen el espacio digital”.

Nota: Linterna Verde es una entidad sin ánimo de lucro que usa herramientas de monitoreo de redes sociales en espacios abiertos, como Sysomos y Crowdtangle, con el propósito de explicar el debate público digital. Sin embargo, no elabora perfiles ciudadanos, ni ofrece ni apoya acciones coordinadas de desinformación, estigmatización o ataques contra particulares.

Cristina Vélez Vieira
@linterna
Politóloga e investigadora dedicada a estudiar el debate público digital a través del análisis de datos. Cofundadora de Linterna Verde.

Estos temas los monitoreamos en el marco de La Sala de Democracia Digital una alianza latinoamericana coordinada por FGV DAPP de Brasil. (http://observademocraciadigital.org/)

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