El tiempo y los derechos perdidos en la guerra contra las drogas

El 14 y 15 marzo se darán cita en Viena (Austria), en la Comisión de Narcóticos y Drogas, los 53 gobiernos que orientan las políticas de drogas en el mundo. El objetivo de este encuentro será la revisión de las metas que se pusieron en la sesión especial del 2009 y que buscaban “eliminar o reducir considerable o mensurablemente” el cultivo de coca, amapola y marihuana; el consumo de drogas y sus riesgos sanitarios; la producción y fabricación de drogas, incluidas nuevas sustancias; el desvío de precursores y el lavado de activos. Pero el fracaso no puede ser más evidente, y las afectaciones en derechos humanos saltan a la vista.

Los gobiernos del mundo reunidos en las Naciones Unidas no quisieron hacer un informe decenal, y es así que IDPC (Consorcio Internacional de Políticas de Drogas) les apoyó presentando un informe sombra sobre el cumplimiento de dichas metas. (Puede leerse en www.idpc.net). En Colombia, la coalición Acciones por el Cambio, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, se dio a la misma tarea antes de la evaluación global y los resultados no pueden ser más desalentadores. Aquí rescatamos algunos de los principales datos y reflexiones.

Según el Simci, en estos 10 años, el país pasó de 68.000 hectáreas de coca a 171.000, con un incremento de la productividad del 19 por ciento según el Gobierno norteamericano, aumentando en más de 100.000 hectáreas los cultivos. El consumo de sustancias psicoactivas por año aumentó de 2,3 por ciento en 2008 a 3,6 por ciento en 2013 (no hay datos oficiales para 2018). Según los estudios de los ministerios de Salud y de Justicia, el aumento del consumo en población escolar y universitaria es significativo, y el consumo de drogas inyectadas en Colombia es el segundo más preocupante en Suramérica, después de Brasil. Entre los años 2007 y 2018, el Observatorio de Drogas de Colombia ha detectado 32 NPS (nuevas sustancias psicoactivas). Estas cifras en aumento revelan que el Estado no se ha ocupado de resolver las causas estructurales de pobreza, marginalidad y exclusión que propician algunas de las problemáticas asociadas a las drogas.

Colombia jugó hasta hace poco un rol determinante y vanguardista en impulsar las reformas de las políticas de drogas: convocó una revisión de las políticas de drogas en la Cumbre de las Américas del año 2012; fue convocante de la sesión especial de drogas de la ONU de 2016; suspendió la fumigación aérea con el agrotóxico glifosato; puso en marcha el Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS), derivado del acuerdo de paz, y avanzó en la regulación del cannabis medicinal. Por su parte, las acciones de reducción de daños desde la sociedad

civil y algunos gobiernos locales situaron al país a la vanguardia del debate internacional sobre reformas de dichas políticas. No obstante, hay cambios que no se han materializado.

Según el Departamento Nacional de Planeación, este fracaso le costó al país, entre 1995 y 2010, cerca de 20 billones de pesos, de los cuales, tan solo en el año 2010, la reducción de la oferta se llevó el 64 por ciento del presupuesto, mientras que la reducción de la demanda, tan solo el 4,1 por ciento. Entre los años 2010 y 2015, la Policía Antinarcóticos recibió 764.600 millones de pesos, y la Armada Nacional destinó para la lucha contra el narcotráfico, entre 2011 y 2015, la suma de 1,3 billones de pesos, según la Contraloría General de la República. Esto sin contar los efectos humanitarios de la asociación entre tráfico de drogas y conflicto armado que no cesan.

Más allá del dinero, el desgaste institucional, las dificultades de seguridad, las violaciones a derechos humanos y la pérdida de legitimidad del Estado, hay costos sociales, ambientales y humanos que no podrán repararse, como los 1,9 millones de hectáreas envenenadas entre 1994 y 2015, el tiempo de vida de las 24.954 personas recluidas en cárceles por delitos de narcotráfico a julio de 2018 ni la vida de los 64 líderes asesinados que estaban relacionados con el PNIS. Esto sin contar los miles de vidas de colombianos consumidores de drogas, policías, políticos, soldados, campesinos y demás personas que se ha llevado esta década pérdida.

Frente a este fracaso, esperamos que la Ruta Futuro sea coherente y no siga haciendo más de lo mismo que se hizo en el pasado y que nos ha llevado a este punto y que ya está demostrado que no ha funcionado. Los derechos de las personas, la prevención, la educación, la reducción de riesgos y daños, y las acciones por el desarrollo sostenible son el camino que ya ensayan otros países. Colombia debe situar la reforma de sus políticas de drogas en el centro del debate. Ahora más que nunca.

* Julián Quintero y Pedro Arenas, Miembros de la coalición de Acciones por el Cambio.