¿Y de los deberes ciudadanos qué?

¿Y de los deberes ciudadanos qué?

Ser parte activa de la vida política y comunitaria implica usar los cauces institucionales.

15 de abril 2019 , 07:00 p.m.

La terminación de la Guerra Fría y las nuevas prioridades que se dibujaron a fines de los 80 trajeron para Colombia una nueva agenda, con temas novedosos, que coincidió con el proceso de elaboración de la Constitución de 1991. Ese contexto internacional facilitó la incorporación de una carta de derechos amplia y vanguardista cuya garantía de efectividad para los ciudadanos es finalidad del Estado. Se establecieron la tutela y otros mecanismos para la protección de derechos fundamentales, que con celo vienen siendo reivindicados por la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, entre otras.

En los últimos 28 años ha sido prolija la actividad ciudadana, institucional y de organizaciones de la sociedad civil para lograr que esos derechos sean efectivamente garantizados. Sin embargo, ese activismo social e institucional parece haber olvidado que todo derecho trae un deber correlativo.

La Constitución y la lógica indican que una sociedad funcional exige un mínimo comportamiento de sus integrantes. La lucha por el reconocimiento de derechos de una parte de la sociedad sin consideración al resto o la exigencia de prebendas injustificadas generan anarquía, parálisis del Estado, descontento social y la violación de derechos de gran parte de la ciudadanía.

Si hubiera conciencia acerca de las mínimas responsabilidades ciudadanas que resultan elementales y obvias para el funcionamiento de cualquier grupo humano, Colombia sería mejor.

Respetar derechos ajenos, no abusar de los propios y obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que arriesgan la vida o la salud de las personas son premisas fundamentales para el ejercicio de una convivencia pacífica. Esto implica, por ejemplo, que mientras se reclaman los derechos propios no se bloqueen carreteras, ni se impida a otros ejercer el derecho de locomoción ni se afecten derechos a la salud, educación o trabajo.

Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales resulta esencial para un Estado de derecho. Esto significa, entre otras, que es la Fuerza Pública (Ejército y Policía) —y nadie más— la responsable de guardar la seguridad en los territorios. Vivir en democracia implica admitir que quienes han sido legítimamente elegidos ostentan la autoridad.

En una democracia participativa como la colombiana, la participación es derecho, pero también, deber. Ser parte activa, consciente y responsable de la vida política y comunitaria implica usar los cauces institucionales. No se trata, como pretenden algunos, de imponer violentamente la fuerza de una minoría. Se trata de hacer realidad esa fuerza por el mecanismo institucional previsto, es decir, el voto. La protesta social no puede ser manipulada ni banalizada como lo hacen agentes inescrupulosos, irresponsables e ignorantes de los deberes ciudadanos.

El logro y mantenimiento de la paz no es tarea exclusiva del Comisionado de Paz o de autoridades judiciales, es un deber que corresponde a cada habitante: la manera como se resuelvan los conflictos personales, familiares o comunitarios puede hacer la diferencia en términos de convivencia pacífica.

La protección de recursos culturales y naturales y la preservación del ambiente sano no es solo potestad de autoridades ambientales. Si cada colombiano tuviera en cuenta este deber, habría menos contaminación y la minería ilegal sería fácil de combatir.

Para que el Estado funcione es necesario que la ciudadanía sea consciente de sus responsabilidades y no permita ser manoseada por agentes perversos.@cdangond

Columnistas

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