Un pacto nacional requiere grandeza

Un pacto nacional requiere grandeza

Ese diálogo debe conducir a la renovación del orden jurídico y de la conducta de los colombianos.

30 de mayo 2019 , 07:00 p.m.

La historia ha demostrado que la adopción de cambios en el régimen político o en los postulados que rigen la vida de los estados trae una etapa de ajustes en el orden social, institucional o económico.

Cabe mencionar los casos de la I Guerra Mundial, que culminó con la firma, por las partes en conflicto, de los tratados de paz. Los aliados como vencedores y la coalición de potencias centrales que fueron derrotadas superaron la crisis y se ajustaron internamente. El fin de la II Guerra Mundial y el de la Guerra Fría son ejemplos emblemáticos. En este último caso, la reunificación alemana, la desmembración de la Unión Soviética y la reorganización de Polonia exigieron la adopción de nuevas constituciones, la revisión del modelo económico y la adopción de políticas sociales distintas a las hasta entonces implementadas. En cada caso hubo pactos políticos entre naciones y también diálogos entre distintos sectores.

La historia convulsionada de Colombia demuestra que, desde 1810, han sido muchos y profundos los cambios adoptados: desde la forma de organización del Estado (federal, confederado o unitario) hasta la manera de concebir los poderes bajo el principio de separación de estos. Cada modelo y sistema adoptado ha estado precedido de acuerdos, unas veces, entre facciones del mismo partido; otras, concitando la voluntad de más sectores.

La Carta Política de 1991 es muy joven. Para una república de 200 años, contar desde hace 27 años con un modelo de democracia diferente, con una idea de ciudadanía novedosa, resulta poco tiempo, máxime si además se han puesto a prueba las nuevas instituciones y la vigencia de los derechos. Es natural entonces pensar que los ajustes que ello implica produzcan dificultades.

No obstante, las instituciones y los mecanismos diseñados en la Carta de 1991 y sus reformas han sido suficientes para superar los retos; el Presidente, con la legitimidad que le otorga haber sido elegido popularmente, debe convocar un diálogo con los factores reales de poder. Estos deben estar a la altura de las circunstancias y, como en los casos citados, poner el bien público sobre los intereses menores y sectarios. Es en estas circunstancias, cuando el jefe de Estado convoca a cumplir con el noble propósito de fortalecer la unidad nacional y garantizar los derechos a la vida, el trabajo, la justicia y la igualdad, que la grandeza de los líderes de cada fuerza política se pone a prueba.

Ya afirmaba Alberto Dangond Uribe en 1984 que “el diálogo nacional supone la reunión de representantes civilizados, capaces de utilizar la inteligencia y la expresión de las ideas, y no otros sistemas, para analizar la magnitud de los problemas públicos, de tal manera que el debate de las distintas posiciones, procedimientos y propuestas se vaya concretando en conclusiones adoptadas mediante consenso. Decía Dangond Uribe que se han logrado consensos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los comunistas y los fascistas; entre la Unión Soviética y la Alemania nacionalsocialista; se logró entendimiento entre el Imperio japonés y los Estados Unidos que lo había derrotado. De modo que, si los seres humanos ejercitan su sabiduría y sus ideas, obtienen soluciones magníficas. Ese diálogo nacional debe conducir a la renovación del orden jurídico y de la conducta de los colombianos: de sus partidos, ¡sus gremios, sus sindicatos, sus universidades, sus instituciones, su Parlamento y de su prensa! Es eso lo que han de buscar todos cuantos quieran el imperio de la libertad, del orden y de la justicia y finalmente de la moral, para conseguir la felicidad pública en el grado en que es posible”.@cdangond

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