Este domingo se definirá la suerte del acuerdo suscrito por el Gobierno y las Farc. Siguiendo a la Corte Constitucional, el resultado será de obligatorio cumplimiento para el presidente de la República en el siguiente sentido: de ganar el ‘Sí’, entra a operar el acto legislativo según el cual el Gobierno debe presentar los proyectos que permitirán implementar lo acordado en La Habana. Si por el contrario, la decisión del pueblo es que el acuerdo no debe implementarse, no podrá iniciarse el trámite previsto para el desarrollo normativo de lo pactado.
En cualquiera de las dos circunstancias, el Estado colombiano está obligado a cumplir con sus fines, que no son otros que servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de derechos y deberes, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Aunque la ciudadanía apruebe o desapruebe el Acuerdo Final, al Estado le corresponde ejercer su soberanía sobre el territorio nacional, y en ese sentido, hacer presencia en todos los rincones de Colombia. De ganar el ‘Sí’, aquellos lugares en los que durante décadas no ha llegado el Estado o en los que a los habitantes no se les ha garantizado plenamente el ejercicio de sus derechos deben ser colmados por el poder de la nación, y la administración pública deberá desplegar las acciones conducentes a que las personas gocen efectivamente de los servicios que ofrece el Estado.
Si gana el ‘No’, mal haría el Estado en excusar su inoperancia en ese hecho. Independiente de que las circunstancias sean adversas o favorables, el Gobierno no puede abstenerse de cumplir sus propósitos constitucionales.
Cambiar votos por desarrollo es perverso, injusto y falaz. Al Estado y a las autoridades elegidas para ocupar las posiciones de gobierno les compete cumplir su función constitucional y legal.
Por supuesto que es ideal desactivar los conflictos y las causas que comprometen la gobernabilidad de la nación; el Estado debe procurar logarlo para asegurar la convivencia pacífica que le exige el mandato superior.
Diseñar políticas y ejecutar acciones para recuperar los campos, atender a la población campesina e incentivar la productividad y competitividad de las tierras son asuntos que no deben depender de la aprobación de un acuerdo. Desarrollar la Constitución y expedir una ley estatutaria que reglamente el derecho que tienen los partidos y movimientos que quieran ejercer libremente una función crítica y plantear alternativas políticas no pueden estar sujetos a que un pacto entre el Gobierno y una de las guerrillas entre en vigor.
Tampoco puede el Estado esperar a que lo conversado con uno de los actores definitivos para la consolidación del narcotráfico sea avalado por la población para cumplir los compromisos internacionales ya adquiridos, sobre todo cuando ellos fueron propiciados por Colombia: la idea de diseñar políticas que traten el problema de las drogas desde una perspectiva integral ya ha sido anunciada ante la comunidad internacional y ello en nada depende de las Farc. Sobre la producción y comercialización de narcóticos, las autoridades no pueden dejar de perseguir a los responsables, independientemente de que las Farc decidan poner fin a su relación estrecha con el narcotráfico en sus distintas fases. La función de impartir justicia jamás puede supeditarse a lo que acuerde el Estado con cualquier actor legal o ilegal.
En definitiva, se apruebe o no el Acuerdo Final de La Habana, el Estado, sus instituciones y sus autoridades deben cumplir su función.
Claudia Dandong Gibsone@cdangond
