Del equilibrio de poderes a la anarquía

Del equilibrio de poderes a la anarquía

El único poder cuyas decisiones carecen de control es el judicial.

14 de mayo 2019 , 07:00 p.m.

Uno de los principios sobre los que se ha edificado la estructura del Estado colombiano es el de la separación y equilibrio de poderes, de acuerdo con el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial operan de manera independiente.

Esa concepción, que tiene su origen en la Grecia de Aristóteles y Platón y luego en las teorías de Locke y Montesquieu, se justifica en la medida en que para garantizar el adecuado funcionamiento del Estado y la vigencia de los derechos de los administrados es imperativo evitar la concentración del poder en un solo órgano.

Desde hace 27 años, con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, Colombia ha venido transitando por el camino del neoconstitucionalismo, cuyo fundamento se encuentra en ubicar como centro a la persona y no a la administración, con el fin de hacer prevalecer los derechos individuales.

Con este mismo criterio, y considerando que el Ejecutivo gozaba de un poder exagerado en relación con el que ostentaban legislativo y judicial, el Constituyente de 1991 buscó restablecer el equilibrio y hacer efectivo el sistema de pesos y contrapesos para evitar que alguno de los poderes estuviera por encima. Así, por ejemplo, la Rama Judicial tiene la competencia de controlar los actos del Congreso (leyes) y del Ejecutivo (decretos con fuerza de ley o los reglamentarios), mientras que corresponde al Ejecutivo objetar por inconveniencia o inconstitucionalidad una ley expedida por el Congreso.

Bajo el argumento de que la solución adoptada debe serlo en clave de los derechos del sujeto –pro homine– , se invade la competencia de las otras ramas de poder público y de otros órganos.

Igualmente, el Poder Legislativo tiene la facultad de controlar políticamente al Gobierno y a la administración a través de mecanismos como la moción de censura.

El único poder cuyas decisiones carecen de control es el judicial. No es un error ni una equivocación del Constituyente, pues se trata de proteger la cosa juzgada y garantizar otro de los principios fundamentales de un Estado de derecho, cual es el de la seguridad jurídica.

Bajo este esquema, el papel del juez ha ido modificándose. De administrar justicia y dirimir conflictos a partir de la aplicación del derecho positivo, acudiendo a silogismos, se ha pasado muy rápidamente y de manera caótica a que la regla sea la del activismo judicial entendido como la toma de decisiones que, so pretexto de defender un derecho quebrantado y bajo el argumento de que la solución adoptada debe serlo en clave de los derechos del sujeto –pro homine– , se invade la competencia de las otras ramas de poder público y de otros órganos.

Con esta lógica, es común que las decisiones de los jueces no se limiten a interpretar la ley, sino que con ellas se crean reglas vinculantes con efectos erga omnes, arrebatando así la función al órgano legislativo y también del Ejecutivo en cuanto crea condiciones y exigencias no contempladas en las normas. Más aún, con las órdenes contenidas en las sentencias y aun en los autos provenientes de la Rama Judicial, hoy no es difícil encontrar políticas públicas o incluso que la base para la construcción de carreteras, y peor aún para detener obras de infraestructura para las que ya se han destinado millonarios recursos. Los órganos de la administración, como es el caso de la CAR, no operan si no es a partir de una decisión judicial.

Esta dinámica está produciendo que aquel principio fundante del Estado de derecho y de la democracia se esté desvaneciendo. La preeminencia indebida del poder judicial, en lugar de favorecer la garantía de los derechos lo que está generando es anarquía, inseguridad, disfuncionalidad e injusticia.

Urge una reforma de la justicia, que, entre varios asuntos, resuelva cuáles son los límites del juez y de su actividad para impedir que el juez quede expuesto a cometer arbitrariedades.

@cdangond

Columnistas

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