Constitucionalidad y convivencia

Constitucionalidad y convivencia

Acusarlo de desconocer la autoridad de la Corte es ignorar las previsiones que la Carta consagra.

20 de marzo 2019 , 07:00 p.m.

El debate sobre las objeciones por inconveniencia que ha presentado el Presidente de la República a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP es bizantino y fruto de la irracionalidad y de la mala fe de algunos.

Es necesario recordar que lo conveniente no siempre se ajusta a la Constitución ni todo lo que se ajusta a la Constitución resulta conveniente.

Nadie duda de que la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes compete a la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad de la Constitución. No decide si una ley es conveniente o no. Su juicio se da al comparar la norma legal con la propia Constitución para determinar si hay correspondencia.

Que la Corte se haya pronunciado en juicio de constitucionalidad no impide que el jefe de Gobierno pueda objetar el proyecto de ley por razones de conveniencia.

Por el contrario, considerar la conveniencia de una disposición legal –de ley ordinaria, estatutaria o de otra clase– implica considerar asuntos extrajurídicos; tiene que ver con hacer un juicio de valor sobre el contexto político, social y económico. Debe considerarse la madurez de una sociedad, su proceso histórico, sus instituciones y en general los efectos que la aplicación de la norma pueda traer. Una norma es conveniente porque es oportuna, provechosa y positiva, independientemente de si se ajusta o no a la Constitución.

Acusar al presidente Duque de desconocer la autoridad de la Corte y el principio de separación de poderes por ejercer su atribución constitucional, y derivar de ello que atenta contra la construcción de la paz y reta a la Corte es ignorar e irrespetar las previsiones que la Carta consagra. Es la norma superior la que señala que el Gobierno dispone de un término para devolver cualquier proyecto de ley con objeciones a la Cámara en que tuvo origen y que, en relación con el Congreso, puede concurrir a la formación de las leyes ejerciendo el derecho de objetarlos. Este procedimiento es claro ejemplo de la colaboración armónica entre los poderes.

Es lógico pensar que un proyecto de ley que ha sido previamente revisado por la Corte Constitucional no puede ser objetado por razones de constitucionalidad, pues ya hubo pronunciamiento.

No obstante, que la Corte se haya pronunciado en juicio de constitucionalidad no impide que el jefe de Gobierno pueda objetar el proyecto de ley por razones de conveniencia.

Cuando el presidente Duque señala que seis de los 159 artículos del proyecto de ley son inconvenientes, está diciendo que, a pesar de no violar la Constitución, esas previsiones no son oportunas ni traen provecho alguno. Está, como lo ha señalado la Corte, contribuyendo a la función legislativa con sus apreciaciones sobre la conveniencia del contenido de las normas.

Para la Corte Constitucional, la sanción no puede ser vista como un requisito formal sino como una manifestación del sistema de frenos y contrapesos, toda vez que habilita al jefe de Gobierno para formular objeciones por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.

Por ello, pretender consultar a la Corte Constitucional –que no es órgano consultivo–, omitir adelantar el trámite que corresponde ahora en el Congreso y convocar a la ciudadanía a la calle, es una manifestación de desconocimiento de la Constitución, de los procedimientos y del Estado de derecho que se supone defienden los congresistas. Mejor sería que esos parlamentarios dedicaran sus esfuerzos a leer con detenimiento la Constitución, el reglamento del Congreso y la jurisprudencia de la Corte Constitucional: por ejemplo, la sentencia C-051 de 2018. Detener el proceso transparente y diáfano con el propósito nefasto de polarizar, redituar políticamente y hacer oposición irracional, eso sí retrasa y hace daño al proceso de implementación de la JEP, a la paz y a los colombianos.

@cdangond

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