A propósito de la JEP

A propósito de la JEP

Objetarla sí afecta enormemente el desenvolvimiento de la implementación de los acuerdos de paz.

01 de marzo 2019 , 07:00 p.m.

Después de haber terminado la legislatura 2014-2018, me propuse opinar lo mínimo, de manera de coadyuvar a construir un mejor clima de gobernanza en el país. Con todo, digamos que el palo no está para las cucharas, y hay temas en que es mejor dejar constancia de nuestras posiciones, de nuestros deseos, de nuestras visiones, confiando en aportar con espíritu constructivo, un granito de luz a generar un mejor país.

En los últimos días ha habido un intenso debate sobre si objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o no.

Por supuesto que el Presidente de la república tiene toda la potestad constitucional y legal para objetarla, como la tiene, en relación con todas las leyes que se tramitan en el Congreso. Ya la Corte Constitucional se pronunció sobre dicha ley y determinó que estaba conforme a nuestra Constitución.

Igualmente, en campaña, el Presidente habría asegurado “que no harían trizas los acuerdos de paz”.

El Fiscal sacó un comunicado la semana anterior, mediante el cual solicitó al Presidente objetarla. La realidad es que, durante el trámite de esta ley, hubo gran discusión, y muchas de las propuestas del Fiscal fueron incluidas y otras no, por lo que quizá ahora insiste, pero su comunicado resulta extemporáneo; él ya tuvo su oportunidad durante el debate en el Congreso, corresponde al Presidente obrar como mejor lo estime.

Algunos otros consideran que objetar la ley o algunos artículos no sería ir en contra de la paz.

Honestamente considero que objetarla sí afecta enormemente el desenvolvimiento de la implementación de los acuerdos de paz, y es allí donde hay que tener cuidado; se enviaría un pésimo mensaje a las víctimas del conflicto, a la comunidad internacional, incluso a la Corte Penal Internacional. Incluso, personas como yo solo tendríamos el escenario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Uno sí esperaría que avanzara esta ley y se cumpliera con lo previsto en los acuerdos de paz; mal que bien, es lo que tenemos, o al menos, para las personas que hemos sido víctimas –se podría decir, en mi caso particular, que es la primera vez (noviembre 2018), en estos 17 años desde que se perpetuó el delito, que un magistrado o un juez me llaman para tratar de establecer qué pasó con el tema del secuestro del que fui objeto–. Durante todos estos años, bajo el amparo de la justicia ordinaria, no pasó nada, o casi nada, de lo que yo tenga noticia; el único exguerrillero que recibió condena sancionatoria fue alias ‘Martín Sombra’. Tampoco he tenido noticia de que las otras 30.000 personas que también fueron víctimas de este delito del secuestro hayan tenido algún tipo de justicia. La impunidad, bajo la justicia ordinaria, todos lo sabemos, ha sido rampante. Entonces ¿por qué no darle un margen de acción, un compás a esta nueva jurisdicción?

Si algunos sectores consideran que habría elementos de la ley que podrían afinarse, el camino sería presentar una propuesta, un proyecto de modificaciones al Congreso y tramitarlo y discutirlo allí.

Por supuesto que estamos viviendo en el país, a causa de muchas situaciones, momentos –digamos– tensos, pero si el Presidente busca afianzar su liderazgo, podría ir despejando problemas y presentando su posición; dejar pasar los días es dejar espacio a que sigan las especulaciones. Teniendo tan buen equipo de abogados en palacio, parece al menos cuestionable la demora.

De otro lado, preocupa enormemente la posición del Gobierno frente a Venezuela, si bien apoyar la ayuda de abrir un canal humanitario para facilitar el ingreso de medicinas y alimentos es loable; no lo es el dejar en el ambiente, para la especulación, si eventualmente estarían pensando en una intervención militar en Venezuela; tampoco, el de permitir el paso de tropas extranjeras por nuestro territorio.

El problema de Venezuela no se resuelve de la noche a la mañana; en Colombia, aún tenemos muchos problemas por resolver, como la protección de líderes sociales, el problema del río Cauca, las inundaciones en el Chocó, el generar mejores condiciones para la economía y para que el déficit fiscal se controle, y así crear mejores elementos de estabilidad y seguridad para la inversión, el turismo, el empleo, el emprendimiento, etc.

También se vienen por delante unas elecciones regionales en las cuales le corresponde al Gobierno brindar las mayores garantías de imparcialidad y transparencia, de manera que los desafíos no son pocos.

Como colombiana, lo que más deseo es que a este gobierno le vaya bien, porque en esa medida nos irá bien a todos los colombianos; pero, sin duda, se requiere focalizar los esfuerzos en la acción efectiva para la solución de nuestros problemas, en procurar una mejor gobernanza y un mejor lenguaje. Por momentos se siente como si algunos funcionarios estuviesen en campaña, y eso no es bueno ni para el Gobierno ni para el país.

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