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Magistradas, está en ustedes hacer historia

Magistradas, está en ustedes hacer historia

La oportunidad que tiene la Corte Constitucional en evitar la maternidad forzada es única.

12 de octubre 2021 , 08:00 p. m.

El pasado 7 de septiembre, la Corte Suprema de México partió en dos la historia del reconocimiento de los derechos de las mujeres en ese país al determinar la despenalización total del aborto. Tanto la Corte, que votó de manera unánime en favor de esta decisión, como los medios de comunicación han catalogado esta decisión como un “parteaguas”. Y tienen toda la razón. A partir de ahora, ninguna mujer en el territorio mexicano pondrá un pie en la cárcel por ejercer libremente su derecho a interrumpir el embarazo.

Esta decisión histórica es emocionante no solo por lo que significa para América Latina, sino por las emotivas intervenciones de las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, quienes defendieron la laicidad del Estado y pidieron garantizar el derecho al aborto. “La defensa de la autonomía y privacidad de las mujeres debe ser incondicional, de acuerdo con su plan de vida y de presumir que su decisión es racional, deliberada y autónoma”. Piña Hernández enfatizó que “este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer.” Ríos Farjat se pronunció así: “Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión que, me parece, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral –social, pero profundamente individual y espiritual–, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar”.

Viene al caso recordar una de las tantas frases célebres de la fallecida jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg: “Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones”. Por eso es un momento como ningún otro para Colombia, que también se encuentra ante la oportunidad histórica de decidir sobre la despenalización total del aborto con el máximo número de mujeres magistradas que ha tenido la historia de la Corte Constitucional.

A pesar de considerarse un derecho fundamental de las mujeres desde 2006, la interrupción voluntaria del embarazo por causales en Colombia es un servicio médico esencial al que pocas niñas y mujeres pueden acceder.

Según datos presentados por la Alianza por la Niñez y el Dane durante #LaSemanaAndina, en Colombia, el 18 por ciento de los bebés nacen de adolescentes entre los 10 y los 19 años y 9 de cada 10 adolescentes que han tenido un embarazo abandonan sus estudios. Además, en 2020, Colombia registró un total de 4.243 de nacimientos en niñas de 10 a 14 años, y en la mayoría de los casos de embarazo adolescente (68,7 por ciento), el padre del bebé era al menos seis años mayor.

Estas cifras, sumadas a los datos dados a conocer por Profamilia a propósito de la celebración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el pasado 27 de septiembre, dan cuenta de un país que no protege a las niñas ni a las mujeres y que, por el contrario, las abandona, maltrata, estigmatiza y les pone todo tipo de barreras sanitarias y legales cuando se encuentran ante la vulnerable situación de un embarazo no deseado. Esto, según el informe, ha aumentado debido a la pandemia. Según Profamilia, durante el último año se llevaron a cabo 26.223 abortos inseguros, y 34.130 interrupciones voluntarias del embarazo no pudieron realizarse. Esto significa que más de treinta mil niñas y mujeres cuyo embarazo está amparado por las causales estipuladas en la sentencia C-355 del 2006 no pudieron ejercer su derecho fundamental a un aborto libre y seguro.

La decisión recae en manos de las magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quienes deben atender al llamado histórico de superar el sistema de causales.

El informe presenta muchas más cifras que producen escalofríos y reafirman la triste realidad de que mientras “las ricas abortan, las pobres se desangran”. También son el reflejo de un país que no ha entendido el aborto en toda su extensión y lo reducen a moralismos y a condenar a las mujeres que optan por tenerlo. El informe de Profamilia también revela que muchos de los abortos inseguros o negados durante el 2020 fueron en embarazos producto de la falta de acceso a métodos anticonceptivos por parte de mujeres en edad fértil.

Así las cosas, no solo el Estado niega el acceso a un servicio de salud preventivo, sino que las condena y estigmatiza cuando, en el libre ejercicio de su autonomía reproductiva, deciden que no pueden o no quieren ser madres.

En este contexto, la oportunidad que tiene la Corte Constitucional de hacer justicia y evitar que la maternidad forzada sea la regla en nuestro país es única. Sería otra decisión humanizada que se sumaría a la de Argentina y México, al eliminar las barreras que existen en torno al aborto en el primer trimestre de gestación y declarando que este procedimiento médico deje de ser considerado como un delito.

No sobra decir que permitir el aborto sin barreras al inicio del embarazo no obliga a ninguna mujer a abortar. Simplemente, protege su derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su bienestar. En cambio, los tratos crueles e inhumanos que reciben las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos es una situación injusta que debe terminar cuanto antes.

El ambiente es propicio. La decisión recae en manos de las magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quienes deben atender al llamado histórico de superar el sistema de causales, permitiendo a las mujeres decidir libremente sobre su maternidad, forjar su futuro y cumplir con sus aspiraciones.

Como mamá, sé que la decisión de tener hijos conlleva una responsabilidad inmensa a nivel físico, emocional y económico. Quienes hemos tenido el privilegio de poder decidir sobre nuestro cuerpo para traer hijos al mundo exigimos que todas las mujeres y niñas en situación vulnerable reciban el apoyo y consideración de un país que las obliga a ser madres cuando no pueden asumirlo. Ya basta de prolongar su sufrimiento y el estigma al que se les somete cuando muchas veces sus embarazos son producto del maltrato y el abuso.

Es momento de hacer que los derechos fundamentales de las mujeres dejen de ser letras inertes en el papel y se conviertan en servicios seguros de salud, acompañamientos psicosociales y maternidades deseadas. Magistradas, está en ustedes hacer historia y honrar el privilegio de estar en una posición de decidir el futuro de millones de mujeres y niñas en Colombia que merecen ser tratadas con dignidad.

CATALINA CALDERÓNDirectora de The Women’s Equality Center

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