Seguridad ciudadana debe ser política de Estado
Los delincuentes han venido aprovechando las tecnologías para masificar el alcance de sus delitos.

La seguridad energética y el bienestar de los ciudadanos deben ser prioridad.
Los usuarios requieren autoridades que los respalden y los protejan de los abusos de las empresas.
La violencia proviene no solo de actores armados ilegales, también hay violencia institucional.
Más que un gesto bien intencionado, es reconocer la legitimidad de los jóvenes en la democracia.
Las autoamnistías y los acuerdos a espaldas de la ciudadanía generan únicamente ciclos de violencia.
Es necesario avanzar en un diálogo entre las partes intervinientes y las entidades competentes.
La lucha requiere un esfuerzo conjunto que, además de lo normativo, incorpore la pedagogía
Colombia requiere una política criminal que se enfoque en la prevención de los delitos.
Los colegios deben actuar, sin desestimar, cuando un caso se presenta o hay evidencias de ello