La insistencia del presidente Petro en la búsqueda de un ‘acuerdo nacional’, tanto en su discurso de instalación de las cámaras como en Sincelejo y en el Puente de Boyacá, amerita una reflexión sobre el proceso para llegar a un acuerdo de esta naturaleza.
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El solo llamado al acuerdo para ‘dignificar al pueblo’, que es loable, no es suficiente. Además de la unión de voluntades de quienes se sienten a una mesa, los acuerdos implican compartir un diagnóstico, alcanzar una visión de futuro, fijar prioridades y, sobre todo, dedicar mucho tiempo y esfuerzo a lograrlo.
Un acuerdo nacional, con la participación de representantes de la sociedad civil además de los representantes de las distintas fuerzas políticas, como lo señaló el Presidente al cumplir un año de gobierno, sería una vía para superar la compleja situación actual y enrumbar al país hacia el largo plazo. Sería la forma de construir un ‘proyecto-país’, de ejercer liderazgo y de demostrar, como lo escribe Felipe González en su libro En busca de respuestas: el liderazgo en tiempos de crisis (Random House, 2014), que, “cuando se tiene una gran responsabilidad política, no se hace lo que a uno le gustaría hacer, sino lo que cree que favorece los intereses generales de su país”.
El acuerdo, entonces, no podría centrarse exclusivamente en pasar por el Congreso las reformas que el Presidente quiere, sino en aquellas que resultaren de los consensos.
El acuerdo, entonces, no podría centrarse exclusivamente en pasar por el Congreso las reformas que el Presidente quiere, sino en aquellas que resultaren de los consensos que emerjan de las conversaciones. La pregunta es si el Presidente estuviera dispuesto a proceder de esta manera. Ya ha dicho que “no está obsesionado” con la aprobación de las reformas; una buena señal para comenzar.
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Puedo pecar por iluso, pero me atrevo a plantear cinco principios fundamentales para enmarcar este tipo de entendimiento nacional:
1) Respetar la institucionalidad, la separación de los poderes públicos, la independencia de las entidades de control del Ejecutivo y la independencia del Banco de la República.
2) Otorgar prioridad a la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional como requisito para avanzar hacia la paz.
3) Aceptar la concepción del Estado “regulador” frente a la del Estado “empresario”, incorporada en la Constitución de 1991, sin dejar de lado sino, por el contrario, reforzar la debida intervención estatal en la búsqueda del “bien común”.
4) Asegurar la estabilidad de la economía como condición para el crecimiento, el control de la inflación, la creación de oportunidades de empleo y el bienestar social.
5) Priorizar la eficiencia y la calidad del gasto público, y orientarlo a la inversión para reducir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y cerrar las brechas sociales y económicas entre el centro y la periferia colombiana.
Dentro de principios básicos como los anteriores, que reflejarían la capacidad del Presidente para tener en cuenta las preocupaciones y las ideas de los contrarios, sería posible acordar las reformas que el país requiere para corregir el rumbo, expandir el sistema de salud, reducir la informalidad laboral, lograr que los trabajadores accedan a una pensión y adecuar la educación a las demandas del mundo actual.
Malcolm Deas
No puedo dejar de manifestar la tristeza que me embarga por el fallecimiento de Malcolm Deas. No fui su alumno en Oxford, pero Malcolm fue mucho más que un profesor para mí. Un maravilloso amigo, que motivo mi estudio de la historia colombiana y de sus protagonistas a lo largo de los doscientos años. Tuve el privilegio de almorzar en su casa de Oxford en abril con él. Fui testigo de la lucidez –que nunca perdió– y de la fortaleza con la cual enfrentó su enfermedad. Estoy convencido de que Malcolm les hará una infinita falta a Colombia y... a sus amigos.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
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