El mes de septiembre está terminando en un ambiente festivo. La actividad económica rebotó con fuerza, la pandemia ha cedido, los amigos quieren reunirse, los restaurantes están llenos y, al menos en Bogotá, la congestión del tráfico superó los niveles de hace dos años, cuando ya era insoportable.
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Proyectar el comportamiento de la economía para los próximos meses es, sin embargo, muy difícil. Hay incógnitas y dilemas de política que empañan el horizonte. De cómo se aclaren va a depender no solamente un año, sino el futuro del país. La incertidumbre de la elección presidencial es enorme. En lo económico, es preocupante la tendencia reciente de los precios al consumidor; de la inflación, que ha venido elevándose en todo el mundo por la expansión de la demanda, los altos precios de los productos básicos, y la disrupción en las cadenas de suministro y en el transporte marítimo. A lo que se han sumado, en Colombia, la devaluación del peso y el impacto del paro, cuyos efectos se sienten aún en algunos sectores productivos.
En agosto, la variación anual de los precios al consumidor se ubicó en 4,44 por ciento. Sin considerar los alimentos, esa cifra se reduce a 3,11 por ciento. La expectativa para los próximos doce meses muestra un descenso, por lo cual es de esperar que, en 2022, la inflación regrese al rango meta de la junta del Banco de la República. Para esto es importante que ceda la presión de los alimentos (de la carne, particularmente) y que las alzas de principios de año de los diferentes productos y servicios no se desborden.
Lo peor que le puede pasarle a la población es perder el control de la inflación. Hace poco conversaba con un amigo sobre el hecho de que las nuevas generaciones de colombianos no reconocen el peligro de la inflación, porque no lo han vivido.
La negociación del salario mínimo para el año próximo tiene que ser muy cautelosa. Toca evitar que el incremento de los costos laborales afecte negativamente la generación de empleo y retroalimente la inflación. En este momento, el objetivo prioritario de la política económica es la generación de empleo. El Congreso, además, acaba de aprobar en la ley tributaria unos subsidios para las empresas que incrementen los empleos.
La incertidumbre de la elección presidencial es enorme. En lo económico, es preocupante la tendencia reciente de los precios al consumidor; de la inflación.
El asunto es de mal recibo por parte de las centrales obreras que agrupan a los trabajadores ‘formales’ que ganan más de un salario mínimo y se benefician de la protección social –salud y pensión–, dejando por fuera al 50 por ciento de los trabajadores informales, que no son objeto de dicha protección.
En una excelente entrevista, Marcela Meléndez, la economista colombiana jefa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), anotó cómo una decisión de política pública como la del salario mínimo, adoptada pensando en defender a los más pobres, terminó dejándolos sin protección.
Otra disyuntiva muy compleja la enfrentan por estos días los miembros de la junta directiva del Banco de la República, quienes en su reunión del próximo jueves deberán decidir sobre el nivel de la tasa de interés de intervención del Banco. La evolución de los precios aconseja, por las razones ya expuestas, ajustar hacia arriba de la tasa. El interrogante es cuánto subir. La encuesta entre los analistas en el mercado prevé un alza acelerada en lo que resta del año, pero probablemente la junta se incline por la gradualidad con el fin de enviar una señal de cambio, sin afectar drásticamente los planes de los agentes económicos.
Las autoridades estarán caminando por el filo de la navaja en las semanas que vienen.
Adición. El traslado ‘exprés’ de los fondos de pensiones a Colpensiones va en contravía de la equidad. Es costoso fiscalmente y regresivo socialmente. No se entiende el aval del Gobierno.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
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