Los altos costos de la protesta social

Los altos costos de la protesta social

Es posible que los costos hubieran sido mucho mayores que aquello que los indígenas van a recibir.

12 de abril 2019 , 07:00 p.m.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia, la minga es una “reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común”. En Perú y Ecuador se define como “un trabajo agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social”.

En Colombia, la reunión indígena del último mes no fue propiamente de “utilidad social”. El “costo social” de paralizar la actividad económica en los departamentos del Pacífico colombiano fue gigantesco. La revista Semana calculó los costos directos en que se incurrió a nivel de los distintos sectores –el agro, el transporte, la avicultura, la lechería, la construcción, las exportaciones a Ecuador y el comercio–, así como el impacto sobre la atención hospitalaria y la alimentación escolar. No se han consolidado todas esas cifras en una suma total, pero es posible que los costos directos e indirectos hubieran sido mucho mayores que aquello que los indígenas van a recibir como consecuencia de esa protesta violenta.

Los paros y las protestas buscan unas veces negociar con el Gobierno y otras, debilitarlo y restarle gobernabilidad. O ambas cosas. Lo grave es que se han vuelto frecuentes y muy costosos

En economía existe el concepto de las ‘externalidades’. Una externalidad surge cuando “una persona se dedica a una actividad que influye en el bienestar de un tercero que no le paga ni se le compensa por dicho efecto”. Si el impacto es negativo, se habla de una ‘externalidad negativa’. Protestas como la de la minga y las de los numerosos paros generan externalidades negativas, costos sociales altos. Los cierres de las vías en Bogotá, por ejemplo, cuando protestan los estudiantes de la Nacional, la Distrital o la Pedagógica, dan lugar a unos trancones de tráfico inverosímiles que afectan negativamente a todos los bogotanos, no solo a los ricos.

Los colombianos entendemos que la protesta social es legítima. Sin embargo, como lo afirma Miguel Urrutia en su libro sobre la historia del sindicalismo en Colombia entre 1850 y 2013, “debe ser respetada, pero con ciertas reglas de convivencia ciudadana. No debe usar la violencia y no debe afectar negativamente los derechos fundamentales de otros ciudadanos” (Ediciones Uniandes, 2016, p. 292).

El libro de Urrutia muestra la diferencia entre las huelgas y los paros. Mientras las unas están reglamentadas por la ley, en donde se establece “cómo, cuándo y dónde un sindicato puede hacer una huelga”, lo mismo que las condiciones laborales que deben mantenerse durante la huelga, los segundos no están reglamentados. Así, mientras los sindicalistas en huelga no reciben sus salarios, “las protestas tienen beneficios exclusivamente para los involucrados y costos altos para el Gobierno y el público, no solo por servicios no prestados sino por los requerimientos fiscales exagerados solicitados como condición para terminar el paro”.

Los paros y las protestas buscan unas veces negociar con el Gobierno y otras, debilitarlo y restarle gobernabilidad. O ambas cosas. Lo grave es que se han vuelto frecuentes y muy costosos social, económica y fiscalmente. Ya se anuncia el paro general para el 25 de abril con participación de las centrales obreras, los campesinos, los cafeteros, y los maestros y de todo grupo que considere que sus recursos son insuficientes.

Los problemas son muy complejos y difíciles de resolver. Pero también es cierto que el Estado y los ciudadanos están lejos y que los intermediarios políticos y administrativos (los alcaldes, los gobernadores y los funcionarios nacionales) no hacen bien su tarea. Las protestas, entonces, son una muestra de que los mecanismos de solución de conflictos funcionan muy mal en Colombia.

La injusticia de la justicia: los fallos de los jueces deben respetarse, pero no son la verdad revelada. Con José Elías Melo se está cometiendo una injusticia mayor, con base en la declaración de un funcionario de Odebrecht.

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