La magnitud del problema fiscal

La magnitud del problema fiscal

Tenemos un serio problema estructural en las finanzas públicas nacionales.

16 de agosto 2019 , 07:07 p.m.

Hay que decirlo, aunque al Gobierno no le guste escucharlo. La economía no va por buen camino. En gran parte, por la ausencia de un consenso político que permita atacar los problemas estructurales. Entre otros, el de las finanzas del Estado, que adquiere cada día mayores dimensiones.

El problema fiscal lleva varias décadas sin resolverse, no obstante las múltiples reformas y leyes de financiamiento. Si se analiza la historia de los veinte años corridos del siglo XXI, hubo reformas en 2001, 2003, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018. Ocho en total. Se introdujo en 2004 el marco fiscal de mediano plazo y en 2011, la regla fiscal. Se convocó en 2015 la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria y en 2017, la Comisión para el Gasto y la Inversión Pública.
Pero seguimos en las mismas. Al finalizar este año habrá un monto importante del presupuesto que se habrá ‘aplazado’ y no llegará a ejecutarse. Y el ministro Carrasquilla ha informado que el presupuesto para 2020, que presentó hace un par de semanas al Congreso, está desfinanciado en 8 billones. Ya se oyen voces que hablan de una nueva reforma tributaria en 2020.

Para tapar los huecos y salir de líos, el Ministerio de Hacienda anda instrumentando acciones ingeniosas que le permiten ampliar el gasto y más que cumplir la regla fiscal. La cuadratura del círculo. La deuda de las ‘sentencias judiciales’ en contra de la nación se cancelará entregando a los acreedores títulos del tesoro (TES) a largo plazo, con tasas de interés inferiores a las de mora. Financieramente es correcto. Una deuda en la penumbra, y costosa, se visibiliza e incrementa el endeudamiento público en 8 billones de pesos. Lo mismo se hace con las deudas en el sistema de salud –la ‘ley del punto final’– por una suma similar, y con los pagos por concepto de los servicios del ‘no POS’ a las EPS y los hospitales.

La otra fuente de recursos para cuadrar la cifra del déficit es la venta de activos del Estado para financiar el gasto corriente de la nación. Una práctica imprudente.

Son, hasta ahora, unos dos puntos del PIB adicionales de endeudamiento (la deuda bruta superará el 52 por ciento del PIB), que se suman a las famosas ‘vigencias futuras’ (gastos ya aprobados por 102 billones de pesos, el 10 por ciento del PIB, que se desembolsarán en el futuro) y, desde luego, a los pagos de pensiones para los cuales no hay reservas. En esto, sin embargo, hay una inconsistencia. La aplicación de la regla fiscal lo que busca es que no se eleve el endeudamiento público por un exceso del gasto; gracias a ello, las agencias de calificación de riesgo emiten una buena nota al manejo fiscal del país, que tranquiliza a los inversionistas en papeles del Estado. Con estas acciones se cumple la regla, pero aumenta el endeudamiento. Equivale al jefe de hogar que paga el mercado con la tarjeta de crédito, en vez de ajustar los gastos de la casa.

La otra fuente de recursos para cuadrar la cifra del déficit es la venta de activos del Estado para financiar el gasto corriente de la nación. Una práctica imprudente. Más aún si se hace a través de mecanismos subrepticios y poco ortodoxos como la utilización de los recursos del Fondo de Desarrollo Nacional, el Fondes, destinados a la inversión pública, para comprar las electrificadoras regionales y pasar así plata de un bolsillo a otro. Sin esta operación, el déficit sería mayor que el 2,4 por ciento del PIB.

Tenemos un serio problema estructural en las finanzas públicas nacionales que en algún momento, más temprano que tarde, va a desatar una profunda crisis económica. Si eso es así, ¿por qué no poner la realidad fiscal sobre la mesa, con transparencia y claridad, e intentar un acuerdo entre Gobierno, Congreso y sector privado para enfrentarla? Un acuerdo político de verdad, que es la salida inescapable para situaciones que ponen el riesgo el futuro de una sociedad.

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